Los acuerdos de 1952 y 1954, además de las actas firmadas entre ambos países en 1968 y 1969, serán los documentos que utilizará nuestro país como armas frente a la ofensiva peruana que quiere apoderarse de 35 mil kilómetros cuadrados del Océano Pacífico. Según el analista Miguel Navarro, esos tratados »son muy sólidos» a la hora de responder al gobierno de Toledo.
Este jueves el Congreso de Perú aprobará, seguramente, por unanimidad el proyecto de ley de Línea de Base que pretende cambiar los límites marítimos entre Perú y Chile a través de una línea bisectriz y no paralela sobre el Océano Pacífico. Ello provocaría que nuestro país pierda de un plumazo 35 mil kilómetros cuadrados de mar.
Esta no muy cómoda situación provocó que el conductor de la política exterior, el Presidente Ricardo Lagos haya sido categórico al afirmar que nuestro país ejercerá soberanía sobre el mar, haciendo una clara advertencia a los vecinos del norte.
Las principales armas que tiene el Ejecutivo para refutar la tesis peruana, según fuentes allegadas al diseño y ejecución de la política exterior, es que existen dos tratados firmados en 1952 y 1954 sobre el tema marítimo entre Chile, Perú y Ecuador, que darían a Chile la razón.
El primero, conocido como Declaración de Santiago, señala que "los Gobiernos de Chile, Ecuador y Perú proclaman como norma de su política internacional marítima, la soberanía y jurisdicción exclusivas, que a cada uno de ellos corresponde sobre el mar que baña las costas de sus respectivos países, hasta una distancia mínima de 200 millas marinas desde las referidas costas".
El de 1954 surgió a raíz de los problemas que tenían algunas embarcaciones pesqueras para establecer claramente las fronteras entre Chile y Perú. Entonces, en dicho Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima se establece "una Zona Especial, a partir de las 12 millas marinas de la costa, de 10 millas marinas de ancho a cada lado del paralelo que constituye el límite marítimo entre los dos países". Y se subraya, además, que "la pesca o caza dentro de la zona de 12 millas marinas a partir de la costa está reservada exclusivamente a los nacionales de cada país".
Si bien no se habla taxativamente de los límites en el Océano Pacífico existe la firma de un acta el 26 de abril de 1968 en que chilenos y peruanos fijan la instalación de marcas de enfilación visibles desde el mar, que se materializan en el paralelo de la frontera marítima que se origina en el hito número uno.
Y un año más tarde, la comisión Mixta Chilena-Peruana encargada de verificar la posición hito número 1 (la frontera actual de ambos países) señala que el límite marítimo se fija en el paralelo que pasa por dicho lugar.
Las demandas de Perú
Los reclamos con el fin de poner en práctica la tesis peruana de que los límites marítimos no están definitivamente acordados no son recientes, ya que en 1986 el entonces embajador del vecino país, Juan Miguel Bákula le hizo presente una inquietud en tal sentido al canciller chileno de la época, Jaime del Valle, pero no se hizo nada al respecto.
Hoy la situación es diferente. Perú sólo reclama los límites con Chile y no con su vecino del norte, Ecuador, y a ello se suma que es el único país que, mediante el decreto 781, de 1947, señala que existen 200 millas del mar territorial. Ello significa que no adhiere a la Convención del Mar (Convemar) que expresa que sólo hay 12 millas de mar patrimonial y 200 de zona económica exclusiva.
Pero la Convemar tiene un punto a favor de los peruanos y es que fija como límites marítimos la línea bisectriz, como lo plantean ellos, y no el paralelo, a menos que hayan acuerdos fijados entre los dos países en litigio, que según Chile existen.
Argumentos sólidos
Para el cientista político Miguel Navarro, académico de la Anepe (Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos), Chile tiene "muy sólidos argumentos que presentar en esta situación ya que el tema está zanjado por los acuerdos de 1952 y 1954, de modo que no habría una razón plausible para llevar esta situación a un tribunal internacional".
Explicó que "se debe considerar que hay un estatuto jurídico propio, que es el que establecen dichos acuerdos, y desde ese punto de vista no hay razón alguna para ir a La Haya".
Según Perú, en cambio, dichos acuerdos son específicos del área de la pesca y no constituyen tratados, en la medida que estos últimos deben ser refrendados por los congresos de los países en cuestión. Para Navarro, esto no es así, ya que «en esos acuerdos se fijan claramente los límites marítimos de Chile y esos son los instrumentos válidos».
-¿Pero en dichos acuerdos no se fijan acaso cuotas de pesca?
-El primero se refiere a aspectos relacionados con la pesquería efectivamente, pero desde el punto de vista de la intención de los documentos es claro en el sentido de establecer un límite marítimo.
-¿Qué pasa si buques y aviones peruanos violan en algún momento dicho territorio que está en disputa?
-Perú alteraría el statu quo internacional y eso está prohibido según la Carta de las Naciones Unidas. Recordemos que la sola circunstancia de que el Parlamento del vecino país apruebe la ley, no tiene efectos desde el punto de vista del derecho internacional. Entonces si llega a afectar el statu quo internacional, Perú tendría que pagar costos políticos importantes.
-¿Cómo cuáles?
-El costo político lo podría pagar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque habría una alteración del statu quo y en el fondo sería una medida de fuerza y eso está prohibido, de acuerdo a la carta del organismo internacional.
Más potencia
Para el analista de defensa Eduardo Santos la situación planteada por Perú la visualizó hace un año, cuando publicó una columna en un medio escrito nacional en el que planteó que cuando llegara el nuevo armamento que compró Chile se tendrá mucha más potencia, desde el punto de vista militar. Lo que es visto con recelo desde Lima. Ejemplificó que "la Marina va a ser 112% más potente que la peruana cuando todos los equipos estén funcionando, mientras que actualmente sólo es de un 20 a un 30% superior".
Las fragatas Lupo, que tiene Perú -a juicio de Santos-, "son viejas, usadas, hechas para el Mediterráneo y de baja capacidad operativa. Una fragata tipo 23, como las holandesas que acabamos de comprar, por ejemplo, tiene el doble de capacidad que una Lupo", dijo.
En todo caso, señaló que "la capacidad militar chilena es superior a la que teníamos en 1975 cuando Perú intentó invadirnos y no pudo. Nosotros en ese tiempo teníamos los corvos y ahora están los tanques Leopard". Santos además confía ciegamente en la directora de Límites y Fronteras, María Teresa Infante. "Mientras esté ella al frente de ese cargo, pobres peruanos -concluye-. No hay ninguna funcionaria que sea mejor que ella para defender nuestros intereses jurídicos".
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