Pedido de la defensa del ex gobernante peruano fue desestimado por el juez de la Corte Suprema Orlando Álvarez, en virtud de las disposiciones del tratado de extradición entre Chile y Perú, de 1932, y de las normas del Código de Procedimiento Penal, que permiten aplicar una detención preventiva de un máximo de 60 días hasta que se inicie formalmente el proceso de extradición.
El ministro de la Corte Suprema Orlando Álvarez rechazó este martes otorgar el beneficio de la libertad provisional al ex presidente peruano Alberto Fujimori, detenido preventivamente con fines de extradición desde la madrugada del lunes en Santiago.
El beneficio para el otrora gobernante del vecino país fue solicitado este lunes por el abogado que lo representa en Chile, Juan Carlos Osorio, ante el alto magistrado.
El pedido fue desestimado en virtud de las disposiciones del tratado de extradición entre Chile y Perú, de 1932, y de las normas del Código de Procedimiento Penal, que permite aplicar una detención preventiva de hasta 60 días hasta que se inicie formalmente el proceso de extradición.
En su escueto dictamen, el magistrado explica que el plazo «aún no se ha cumplido, y no existiendo todavía un requerimiento formal de extradición (por parte de Perú), se resuelve (…) rechazar de plano la solicitud».
Según explicó el juez, la sentencia es inapelable por la inexistencia de una audiencia de control de la detención, diligencia que recién podría materializarse una vez que la solicitud de extradición ingrese a la Corte Suprema.
«De acuerdo con el Código Procesal Penal no (es apelable), porque no ha sido dictada en una audiencia. Las resoluciones dictadas fuera de audiencia no son apelables», precisó el magistrado.
Alvarez sostuvo que la detención de Fujimori «no es como cualquier detención», sino que obedece a características especiales.
«Estas características especiales son las que hacen que precisamente haya que mantenerlo (detenido) porque la medida tiene como propósito dar un plazo al país requirente para que presente su solicitud de extradición», detalló el juez.
El magistrado indicó que el caso se tramitará en audiencia pública cuando se inicie el proceso de extradición, oportunidad en la que debe estar presente el imputado y en la cual se presentan pruebas.
El documento debe ser redactado por el juez peruano pertinente y ser remitido al máximo tribunal del vecino país. Si la instancia lo aprueba, pasaría a la embajada de Chile en Perú, que a su vez debe reenviarlo al Ministerio de Relaciones Exteriores nacional y éste a la Corte Suprema.
El ex mandatario peruano está detenido en la Escuela de Gendarmería desde ayer, lunes, luego que llegara de forma sorpresiva la tarde del domingo tras haber permanecido durante cinco años en Japón.
Defensa confía en justicia chilena
En tanto, el abogado peruano César Nakasaki, defensor del ex presidente Fujimori, afirmó hoy que confía en la imparcialidad de la justicia chilena, que debe resolver su extradición una vez que el Gobierno de Lima formalice la solicitud.
«Si tuviésemos un proceso de extradición, la justicia chilena ha demostrado en diversos casos ser imparcial», señaló Nakasaki a su llegada hoy al aeropuerto internacional de Santiago.
Según el abogado peruano, en su país Fujimori no ha sido tratado con las normas del debido proceso en los juicios abiertos en su contra bajo acusaciones de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
Agregó que «hubo una violación sistemática del derecho a la defensa por dos razones: cuando la ley exigía que se le nombre abogado, no se le nombró. Y cuando tardíamente se le nombró estos abogados de oficio, nunca lo defendieron».
César Nakasaki aseguró que desconoce las «razones exactas» que tuvo el ex presidente peruano para llegar a Chile, así como los documentos que utilizó, pero dijo tener la certeza de «debían estar en regla».
Violaciones a DDHH serán clave
Por otra parte, el procurador Anticorrupción del Perú, Antonio Maldonado, informó que su país basará la solicitud a Chile para la extradición de Fujimori en casos de violaciones a los derechos humanos, preferentemente.
El funcionario se encuentra desde el lunes en Chile como parte de la comitiva que encabeza el ministro del Interior del gobernante Alejandro Toledo, Rómulo Pizarro, concentrado en la contratación de un abogado chileno que represente los intereses de su país en el proceso.
Según la opinión entregada por Maldonado a la radio Cooperativa, "los casos más importantes y que reúnen los mejores elementos de juicio" son aquellos que constituyen crímenes de lesa humanidad homicidio en Perú, como desaparición forzada de personas y secuestro agravado.
Entre ellos, enumeró el episodio vivido en el sector limeño de Barrios Altos, donde un "Escuadrón de la Muerte, creado, organizado y dirigido por Fujimori y (su asesor) Vladimiro Montesinos" llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales que acabaron con la vida de 15 personas.
Consultado por las razones que pudo tener el ex gobernante para venir a Chile, manifestó que éste "intenta utilizar el Estado de Derecho chileno, una Justicia de elevado estándar de comportamiento profesional para sus fines, de provocar y desafiar a la administración de Justicia peruana y pretender, a través de movimientos políticos que lo apoyan en Perú, y recapturar el Estado o parte de él".
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Tokio pide a Chile »juicio correcto» para el ex presidente Fujimori
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