Querellantes en los casos Riggs y Operación Colombo presentaron sendas solicitudes para que el ex uniformado sea sometido a proceso, luego que se conocieran los resultados de los exámenes médicos y detalles de sus declaraciones. Además, presentaron una solicitud para que sea desaforado en el caso Caravana de la Muerte, el primero en el que fue encausado, aunque posteriormente fue sobreseído por razones de salud. [actualizada]
Los interrogatorios y exámenes médicos a los que ha sido sometido en los últimos días, abrió una nueva ofensiva judicial contra el general (R) Augusto Pinochet Ugarte, luego que se pidiera su procesamiento por su eventual responsabilidad en los casos Riggs y Operación Colombo y, además, se solicitara un nuevo desafuero por la Caravana de la Muerte.
A primera hora, los abogados Hugo Gutiérrez e Hiram Villagra pidieron que el ex jefe del Ejército fuera despojado de sus privilegios como ex gobernante, por su eventual responsabilidad en los secuestros y homicidios de Wagner Eric Salinas Muñoz y Francisco Lara Ruiz, perpetrados tras el golpe de Estado de 1973 en el marco del caso Caravana de la Muerte.
Este fue el primer caso de violaciones a derechos humanos en el que Pinochet fue desaforado y procesado, por su eventual responsabilidad en 57 homicidios calificados y 18 secuestros, aunque en 2002 fue sobreseído por razones de salud por la Corte Suprema, al estimar que la demencia subcortical de leve a moderada que lo aquejaba le impedía enfrentar un debido proceso.
Sin embargo, entre esas víctimas no se encontraban los casos de Salinas Muñoz y Lara Ruiz, quienes eran miembro de la guardia del ex Presidente Salvador Allende y que fueron detenidos el 11 de septiembre de 1973 en Curicó, Séptima Región, y que tras pasar por el Regimiento Tacna de Santiago, fueron asesinados el 5 de octubre del mismo año.
La Caravana de la Muerte fue una comitiva militar que entre octubre y noviembre de 1973 recorrió varias localidades del país en helicópteros Puma, para ejecutar sin previo juicio a 94 prisioneros políticos del régimen militar, de los cuales que 19 figuran como detenidos desaparecidos.
En este caso, están procesados los ex militares Sergio Arellano Stark, Pedro Espinoza, Armando Fernández Larios, Marcelo Moren Brito, Carlos Romero Muñoz, Gabriel del Río, Armando Cazenave Fontanilla y Julio Antonio Barros Espinoza.
Gutiérrez y Villagra justificaron el pedido ante el ministro Víctor Montiglio en los resultados de los exámenes médicos a los que fue sometido el ex uniformado en el marco del caso Operación Colombo, en el que peritos del Servicio Médico Legal (SML) establecieron que Pinochet está en condiciones de enfrentar un juicio y que, además, sobreestimula sus dolencias.
Colombo
Precisamente en esta investigación, en la que el otrora jefe del Ejército enfrentó un histórico careo con el ex jefe de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) el general (R) Manuel Contreras, el abogado querellante Hernán Quezada pidió encausar a Pinochet por su responsabilidad en la desaparición de tres víctimas.
Se trata de los casos de los hermanos Carlos y Aldo Pérez Vargas -ambos militantes del MIR- y de Bernardo de Castro López -del PS-, detenidos en septiembre de 1974 por efectivos de la DINA, y cuyos nombres aparecieron en julio de 1975 en la nómina de 119 chilenos muertos en Argentina en supuestos enfrentamientos al interior de los grupos de izquierda.
"A nuestro juicio, desde que fue desaforado, en realidad más que sospechas fundadas ya existían presunciones fundadas en su participación en estos crímenes relacionados con la Operación Colombo", sostuvo Quezada, para quien lo único que restaba era que al ex militar se le tomara la declaración indagatoria.
El ministro Montiglio, que también tramita esta investigación, interrogó a Pinochet la semana pasada. En la oportunidad, el ex jefe del Ejército negó haber tenido el mando de la DINA y responsabilizó al general (R) Contreras, por lo que el magistrado ordenó realizar el pasado viernes un careo, considerado histórico, para contrastar las versiones de ambos.
Consultado sobre la confrontación de versiones entre ambos ex uniformados, el abogado Quezada minimizó el impacto del mismo, asegurando que "no se trata de un trámite que tenga incidencia en el procesamiento de Pinochet".
El pasado viernes, en tanto, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior también solicitó la encargatoria de reo del ex uniformado, por los quince casos por los que se encuentra desaforado.
Riggs
Por si fuera poco, los abogados Carmen Hertz y Alfonso Insunza, querellantes en el caso Riggs sobre las millonarias cuentas secretas que mantuvo el ex militar en el extranjero, solicitaron procesar a Pinochet por los cuatro delitos por los que se solicitó su desafuero.
El pedido presentado ante el ministro Carlos Cerda, que investiga el origen de los hasta ahora US$ 27 millones que Pinochet mantuvo en el extranjero, apunta a que se levanten cargos por los ilícitos de evasión tributaria entre 1980 y 2004, declaración maliciosa de bienes en 1989, falsificación de cuatro pasaportes, y la falsificación de un certificado de la Subsecretaría de Guerra para acreditar rentas en el caso Riggs.
La abogada Hertz consideró que las últimas revelaciones sobre los cuatro interrogatorios a los que fue sometido Pinochet, en el que desliga la responsabilidad a sus asesores, son elementos suficientes para que sea encausado.
"La estrategia de Pinochet, el haberse hecho el loco, inculpar a sus subordinados, diría que es un acto extremadamente indigno", sostuvo la profesional.
Defensa, hastiada
Tras esta ofensiva judicial, el abogado Pablo Rodríguez Grez, jefe del equipo jurídico que representa al ex uniformado, se declaró "hastiado" de las -a su juicio- falsedades que se ventilan en los tribunales de justicia en el marco de los procesos que se siguen contra Pinochet.
El profesional recordó que el SML, que acreditó que Pinochet está en condiciones de enfrentar un juicio, depende directamente del Gobierno, por lo que "siendo el Ministerio del Interior parte en el proceso, no veo cómo un organismo el SML puede hacer un informe".
Por lo demás dichos exámenes se comparan con los que se le practicaron anteriormente, los resultados sin similares, en el sentido de que otrora jefe del Ejército no está en condiciones de enfrentar un juicio, agregó.
"Está archiprobado que el general Pinochet es una persona de 90 años, afectada por más de doce dolencias, que no está en condiciones de enfrentar un proceso penal. Es el único chileno que está siendo perseguido por los tribunales de justicia a los 90 años. Eso es un abuso, una falta de respeto a los derechos humanos, y una tremenda ironía y contradicción por parte de quienes se dicen ser defensores de los derechos humanos", añadió.
Consideró que la solicitud de procesar al ex militar por la Operación Colombo es "absolutamente inadmisible e irrelevante", por lo que estimó que no puede ser acogida por el ministro Montiglio, porque "está establecido que el general Pinochet jamás dio la orden de asesinar, torturar ni de desaparecer a nadie".
"Eso quedó claramente constancia en el careo que hubo con el general Contreras", aseguró.
Sobre el casi Riggs, estimó que su cliente no puede ser encausado por ninguno de los ilícitos que se le imputan, porque todos los dineros fueron legítimamente habidos, y que el ocultamiento de fondos no se realizó para evadir impuestos, sino que para que evitar que fueran perseguidos por tribunales extranjeros.
"Ocultó los recursos que legítimamente había adquirido a través de depósitos y negocios en el extranjero que no tributan en Chile. Ese ocultamiento buscaba evitar la persecución de la que ha sido objeto. La mejor demostración está en los pasos de los querellantes, como la Fundación Presidente Salvador Allende, con el objeto de despojar los bienes de quienes le pertenecen", afirmó.
Sobre los pasaportes, señaló que estos documentos se los entregaron los servicios de seguridad de la época para proteger su identidad y que, en ese sentido, no hubo uso malicioso de los mismos, sino que se utilizaron para "probablemente obtener cuentas en el extranjero, con el exclusivo objetivo de evitar que fueran perseguidos y no para pagar menos impuestos en Chile".
El abogado insistió en que Pinochet jamás ordenó ordenar y torturar a nadie, y que sus dineros fueron legítimamente habidos. "Estas dos verdades, irrefutables, dejan la imagen moral del general Pinochet absolutamente libre de cualquier reproche", puntualizó.
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