Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago aprobó la solicitud para declarar prescritos los presuntos ilícitos cometidos en la firma de dos convenios entre la secretaría de Estado y la consultora M&P Délano, que habrían sido destinados al pago de sobresueldos. En esta arista, se encontraba procesado Matías de la Fuente, ex asesor y primo político del Presidente Ricardo Lagos.
La Corte de Apelaciones de Santiago acogió este miércoles la solicitud de prescribir una de las aristas de la investigación sobre las presuntas irregularidades registradas al interior del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
La Quinta Sala del tribunal de alzada aprobó el pedido de los abogados de uno de los imputados para declarar prescrita la arista MOP-Délano, en el marco del proceso que instruye la ministra en visita Gloria Ana Chevesich. La resolución fue acordada por los ministros Carlos Gajardo y Amanda Valdovinos, con el voto en contra del ministro Víctor Montiglio.
La solicitud había sido presentada por la ex funcionaria de la repartición Ximena Riff Rojas, y en consecuencia, dejar sin efecto el procesamiento dictado en su contra.
El fallo se funda en que el plazo de prescripción de la acción penal, que se cuenta desde la fecha en que se habría cometido el delito, esto es entre el 8 de octubre de 1997 y el 20 de octubre de 1998, se cumplió el 20 de octubre del 2003.
Tras analizar eventuales actividades que podrían haber suspendido el plazo de prescripción, el tribunal estimó que la primera actividad en la investigación contra Riff es el llamado a prestar declaración indagatoria el pasado 11 de julio, por lo que éste no se ha suspendido.
Fuentes cercanas al caso explicaron que lo que corresponde ahora es que la magistrada, de oficio, cierre la investigación contra los otros cuatro procesados en esta arista, en la que se indagan dos convenios firmados entre 1997 y agosto de 1998, por $47.128.271 y $45.531.480, respectivamente, montos que habrían sido destinados al pago de sobresueldos.
En este episodio, además de Riff, está procesado Matías de la Fuente, ex asesor y primo político del Presidente Ricardo Lagos, que en la época ejercía la jefatura de la unidad de Planeamiento. También están encausados Roberto Alonso -sucesor de De la Fuente-, el ex jefe de Finanzas Sergio Cortés, y el representante de M&P Délano, Pablo Délano.
No obstante, las fuentes indicaron que la magistrada también puede esperar a que las defensas de los imputados soliciten prescribir su situación judicial y -en una situación altamente improbable- desestimar los pedidos, con lo que el caso nuevamente llegaría a la Corte.
El abogado Samuel Donoso, representante de Riff, expresó su satisfacción con la decisión judicial, toda vez que siempre habían sostenido, además de la inocencia de su cliente, que las presuntas irregularidades que investiga la magistradas estaban prescritas.
Tribunal ordena diligencias
En tanto, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó a la magistrada dictar una serie de diligencias, en la arista sobre los contratos de externalización de servicios suscritos entre el MOP y la consultora GATE.
Entre ellas, se encuentran oficiar al MOP y Hacienda para cuantificar y dimensionar el aporte efectivo en obras de la Unidad de Concesiones, tanto en recursos como en metros cuadrados; detallar el destino de las partidas pagadas con contratos con GATE, Gesys, Idecon, Facea, Abaco, entre otros.
Ambas secretarías de Estado también deberían entregar un balance los aportes individuales de las concesionarias entre 1995 y 2005; y determinar el gasto fiscal en el Programa de Concesiones en el mismo período.
Además, el tribunal de alzada capitalino solicitó a la magistrada que oficie al Banco Central informar el efecto patrimonio neto de las concesiones del MOP, en relación la infraestructura pública del país.
UDI pide anular fallo
En tanto, los representantes de la senadora Evelyn Matthei y el diputado Víctor Pérez, ambos UDI, solicitaron a la Corte de Apelaciones de Santiago anular el fallo que dejó sin efecto la resolución en la arista de las «platas políticas».
Los abogados de los parlamentarios, querellantes particulares en la investigación, estimaron que el abogado integrante Oscar Herrera debió inhabilitarse de la Séptima Sala, pues había sido recusado previamente en la causa, lo que lo habría inhabilitado.
En los alegatos ante el tribunal de alzada que terminaron con el fallo que dejó sin efecto el procesamiento dictado por la juez a Chevesich por el presunto desvío de $4,7 millones a la campaña de Lagos en 1999, tanto los legisladores como el CDE resolvieron marginarse.
En esta arista, estaban procesados De la Fuente, Cortés, y los empresarios Raúl Herrera Labar, dueño de la consultora Gesys; Óscar Araos, propietario de Abaco.
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