martes, 18 de septiembre de 2018 Actualizado a las 18:19

Caso Riggs:

Corte paraliza indagación de armas y Cerda traspasa cuaderno "Ecuador"

por 29 diciembre, 2005

El ministro Carlos Cerda, que investiga el origen de la fortuna del general (R) Augusto Pinochet, se declaró incompetente en las indagaciones sobre la venta de armas a Ecuador, mientras que la Cuarta Sala del tribunal de alzada capitalino ordenó suspender la investigación sobre los negocios de Famae. Total hermetismo reflejaría la existencia de antecedentes que afectarían la seguridad nacional.
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El ministro Carlos Cerda, a cargo de esclarecer el millonario patrimonio que mantuvo oculto en el extranjero el general (R) Augusto Pinochet Ugarte, -en una reservada resolución- se declaró incompetente para seguir conociendo de los hechos que se involucran con la venta de armamento de Chile a Ecuador.



El magistrado traspasó dichos antecedentes al ministro en visita designado por la justicia castrense para esclarecer el tráfico ilegal de armas a Croacia, Alejandro Solís, quien hasta el momento ha establecido que fueron cinco los embarques de pertrechos que envió la Fábrica de Maestranzas del Ejército (Famae) al extranjero.



En semanas anteriores, Cerda había decretado la absoluta reserva del cuaderno que contiene todos los antecedentes recabados sobre la venta de material bélico a Ecuador. Dichas indagaciones fueron iniciadas por su antecesor en el caso, Sergio Muñoz, quien sólo compiló la información en una carpeta, dándole un carácter más desformalizado.



El total hermetismo que ha existido en torno a esta arista del caso reflejaría la delicada trascendencia de esta investigación, ya que el período que comprendería sería de 1995 en adelante, es decir, paralelo a la guerra que libró Ecuador con Perú, y de la cual Chile fue garante del acuerdo de paz que terminó con el enfrentamiento.



En todo caso, el hecho que Cerda haya traspasado estos antecedentes a su par de la Corte Marcial indica que -a su parecer- en los negocios emprendidos por Famae, en la década de 1990, habrían participado los mismos uniformados y civiles que ahora están siendo citados como inculpados en la causa de tráfico ilegal de armas a Croacia.



La acumulación de procesos judiciales se rige por dos normas. La primera es porque se estén investigando a los mismos involucrados y, la segunda, es porque se trate de los mismos hechos que están siendo indagados por dos tribunales distintos.



Paralizan indagaciones



Como un contrasentido a dicha decisión, este miércoles la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió una orden de no innovar interpuesta por la defensa del otrora senador vitalicio, decretando la paralización de todas las indagaciones relacionadas con negocios de armas con las cuales se vincula al nonagenario.



Esta acción judicial fue solicitada en el marco de un recurso de hecho que presentó el abogado Pablo Rodríguez Grez, argumentando que las diligencias ordenadas por Cerda y dirigidas hacia esa arista, vulnerarían el fuero del que goza Pinochet en su calidad de ex Presidente de la República y, por otro lado, estarían prescritas.



Los ministros Alfredo Pfeiffer, Mario Rojas y el abogado integrante Hugo Llanos aprobaron decretar esta medida preventiva, mientras se revisa el fondo de la acción judicial, cuya vista debería darse dentro de las próximas semanas.



Rodríguez se opuso en varias ocasiones a las pesquisas decretadas por el ministro Cerda, mientras que éste denegó la validez de tales reparos y denegó las apelaciones correspondientes.



Sin embargo, la unanimidad de ese dictamen también apunta a que estas indagaciones estarían introduciéndose en aspectos sensibles para el Estado chileno.



Desafuero



Por otra parte, este miércoles quedó pendiente la votación sobre un nuevo pedido de desafuero elevado por el ex juez del caso Sergio Muñoz, quien solicitó dar lugar a la formación de causa contra Pinochet por el delito de malversación de caudales públicos.



Esa solicitud se basa en los antecedentes que acreditarían la desviación de fondos reservados a las cuentas personales del ex uniformado y miembros de su familia.



Pese a que su defensa argumentó que se le debían más de 348 mil dólares que el sacó de su salario para financiar gastos de la llamada Casa Militar, se prevé que este nuevo desafuero será concedido por una alta mayoría del tribunal de alzada capitalino.





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