El ministro a cargo de esclarecer el envío ilegal de armas a Croacia, tras recibir antecedentes que surgieron a raíz del llamado caso Riggs, ordenó diligencias para precisar varios aspectos de dichos datos. Sin embargo, hasta el momento, el tribunal no tendría claro si posee atribuciones para investigar todas las transacciones de Famae.
Una decena de diligencias decretó el ministro en visita del caso de tráfico ilegal de armas a Croacia, Alejandro Solís, para acotar aspectos de los últimos antecedentes recibidos por parte de su par del caso Riggs, Carlos Cerda.
Se trata de datos que surgieron en la investigación sobre el millonario patrimonio que el general (R) Augusto Pinochet Ugarte mantuvo oculto en el extranjero, relativos a eventuales irregularidades que podría haber en la venta de material bélico por parte de Chile a Ecuador registrado en el verano de 1995.
Si bien todo lo relativo a las indagaciones de armas está protegido por el artículo 144 bis del Código de Justicia Militar, que dice relación con la necesidad de resguardar informaciones que pueden comprometer la seguridad nacional, en fuentes allegadas al caso trascendió que al juez le interesaría precisar algunos aspectos antes de adentrarse en esta arista.
Y es que Solís, según las fuentes, aún no tendría claro si el mandato recibido de parte de la Corte Marcial le confiere o no atribuciones para investigar todos los negocios emprendidos por Famae en el período en que Pinochet ejerció como jefe del Ejército, o sólo lo relativo al envío a la ex Yugoslavia.
Según dichas informaciones, Solís estaría esperando el resultado de esas indagatorias para resolver si acumulará este cuaderno abierto en el marco del caso Riggs. En caso contrario, debería devolverlo a Cerda, con lo que se generaría una contienda de competencia.
Buscan documentos clave
En otro aspecto, la línea de investigación se estaría centrando en indagar todas las transacciones comerciales realizadas por Famae desde 1991 -cuando se produjo el envío a la zona de los balcanes, pese a la restricción impuesta por Naciones Unidas- hacia atrás.
En ese marco, estaría establecido que la de Croacia fue la quinta exportación fraudulenta realizada por esa entidad castrense. Sin embargo, uno de los elementos clave sería precisar qué tipo de documentos había en la caja fuerte que mantenía el malogrado coronel Gerardo Huber Olivares en la Dirección de Logística del centro de negocios de Famae.
Según el sumario del juez Claudio Pavez -que investiga el homicidio del uniformado-, al día siguiente de la desaparición de Huber, el 29 de enero de 1992, funcionarios del ex Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) -o encomendados por otra unidad-, descerrajaron la caja de seguridad, de cuyo interior se habrían extraído US$ 20 mil, una agenda y un taco.
Sin embargo, un elemento clave para la investigación es que en el interior también pudo haber una serie de carpetas con documentación. La teoría que se manejaría es que dichos antecedentes podrían corresponder a otros envíos realizados por Famae. Por ello, las indagaciones del juez Solís estarían rastreando el posible destino de esos papeles.
Hasta la fecha, ante Solís han declarado en calidad de inculpados el general Guillermo Letelier Skinner, el capitán Pedro Araya, el coronel David Fuenzalida, el mayor Carlos Sepúlveda, el suboficial Ramón Pérez Orellana, el general de la FACH Vicente Rodríguez Bustos, el ex director de Operaciones del Ejército Richard Quass, todos en calidad de retiro, y el abogado Óscar Aitken, el ex albacea de Pinochet.
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