Una auditoria realizada a los programas de empleo en la Región de Valparaíso durante 2004, a petición del concejal del Partido Comunista por Viña del Mar Víctor Andaur, revela que las autoridades regionales no fiscalizaron debidamente a los contratistas que recibían fondos públicos para la contratación de cesantes.
El pasado 11 de diciembre la diputada de la Democracia Cristiana (DC) María Eugenia Mella no fue reelegida por el distrito 10 de Quillota, pero la Concertación mantuvo el cupo oficialista gracias a la votación obtenida por el militante socialista Marco Enríquez-Ominami.
Mella quedó dolida, en el suelo. Fue en ese momento que su hermano y alcalde de Quillota, el también DC Luis Mella, salió en su auxilio y denunció la utilización de fondos públicos, provenientes de programas de empleo, en la contratación de activistas para la campaña parlamentaria del dueño de la productora audiovisual Rivas y Rivas, creadora de "La vida es una lotería" y "Cuentos chilenos", entre otras exitosas series que transmite la televisión abierta.
El tema no era una simple pataleta, el jefe comunal denunció cohecho y a partir de ahí se transformó involuntariamente en el guionista de la verdadera tragedia que vive el documentalista Enríquez-Ominami, quien no ha podido disfrutar en paz su condición de diputado electo. Incluso su padre, el senador socialista Carlos Ominami reveló que la Navidad de 2005 fue una de las peores de su vida.
Pero la denuncia de Mella era la clásica punta del iceberg de todo hecho noticioso. La denuncia de irregularidades alcanzaba en verdad a toda la Región de Valparaíso y, lo que es peor, se remontaba fácilmente al año 2002.
Hoy el caso está siendo investigado por la fiscalía porteña, la cual avanza en desentrañar la red de corrupción que ha operado en la zona y que tiene en la mira al ex seremi del Trabajo socialista, José Manuel Mancilla, quien ya está imputado por fraude al Fisco, al menos en Quillota.
Estudio de la Contraloría
Las irregularidades en los planes de empleo se remontan mucho antes de la puntual denuncia de Mella.
Efectivamente, en 2004 el concejal del Partido Comunista (PC) por Viña del Mar, Víctor Andaur, pidió a la Contraloría un informe el tema debido a las múltiples reclamos que recibía en su oficina de personas que se enrolaban en los programa de empleo administrados por contratistas privados, curiosamente los mismos que aparecieron en el caso de Quillota, y cuya fiscalización regional estaba en manos de la intendencia.
La Contraloría finalmente emitió, el 27 de julio de 2005, un informe que ratifica las presunciones de corrupción en los proyectos que participaron del Programa de Bonificación a la Contratación de Mano de Obra en toda la Región de Valparaíso. Andaur sólo conoció el informe durante la semana pasada y el intendente ha asegurado que lo recepcionó el 29 de diciembre, por lo que recién se estarían adoptando las medidas para corregir los procedimientos.
Los ilícitos
El oficio del organismo contralor no deja de ser preocupante, especialmente por la cantidad de irregularidades que se detectaron al analizar sólo el 17,33% de las remesas que entregó la Subsecretaría del Trabajo en 2004 para programas de empleo. Dicho porcentaje equivale a nada menos que $389.693 millones de pesos.
De entrada, Contraloría advierte que los contratistas que administraron los recursos no fueron seleccionados vía concurso público, ni existen registros de su idoneidad técnica y financiera, pese a los altos montos de dinero que se adjudicaron por vía directa.
Por este motivo, se cuestiona directamente al intendente quien transfirió los dineros a Giuseppe Malatesta y Fernando Valladares, sin siquiera someter esta decisión a consideración de un asesor jurídico.
"Se observa que no se estipulan plazos para el término de los proyectos, ni para la presentación de las rendiciones de cuentas; no se señala la cantidad de beneficiarios que el ejecutor se obliga a incorporar a los proyectos, ni los períodos de contratación, como tampoco se establecieron las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones contractuales", señala el organismo.
Es decir, el negocio partió mal, no para los contratistas, claro, sino que para los beneficiarios del sistema, los desempleados, porque en definitiva se cometieron arbitrariedades con éstos.
Según el organismo fiscalizador los empleadores pagaban 28, 29 y 30 días, quedándose con la diferencia y sólo en algunos casos cancelaron el monto proporcional de las vacaciones.
"En otros casos no se contrataron trabajadores para la totalidad de los cupos establecidos en las fichas de postulación, no obstante que el proyecto consideraba el financiamiento completo". Por ejemplo, en un programa que se ejecutó en la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Viña del Mar se firmaron sólo 96 de los 103 cupos establecidos.
Contraloría explica que como consecuencia del pago de una cantidad inferior de días por mes y de la contratación de trabajadores en número menos al considerado por los proyectos, se "generan saldos disponibles", los que hasta 2003 eran devueltos por las entidades públicas que oficiaban como ejecutores.
Por si fuera poco, como resultado del examen de rendiciones de cuentas de los 17 proyectos incluidos en la auditoria, cuyo monto asciende a $389.693 millones, se observó que $35.126.600 corresponden a gastos sin antecedentes de respaldo y $96.045.345 a "egresos que se apartan de las finalidades del programa", es decir, más de $131.171.945 rendidos en forma abiertamente irregular.
Dineros sin devolver
Asimismo, la Contraloría pudo determinar que las municipalidades de Valparaíso y Cabildo no habían reintegrado sumas por saldos sin invertir de los programas de empleo en 2002. Se supo, por ejemplo, que Guisseppe Malatesta, el más controvertido de los contratistas, retuvo desde 2003 más de 28 millones por el mismo concepto, dinero que sólo reintegró el primer semestre de 2005.
Este sólo hecho lo inhabilitaba por reglamento para seguir "adjudicándose" subsidios, pero al parecer los contactos en la seremi del Trabajo y la intendencia eran mucho más poderosos para saltarse los siempre incómodos trámites burocráticos.
Para el organismo auditor "la situación irregular constatada resta transparencia a la administración financiera del programa, toda vez que impide establecer con exactitud los saldos que corresponde rendir a la Subsecretaría del Trabajo y determinar los excedentes que deben ser devueltos al Ministerio para su reasignación, como lo reconociera el jefe de la Unidad de Personal y Finanzas de la Intendencia". Todo un nudo que deberá resolver la justicia.
Finalmente, el oficio señala que durante el año 2002 la Subsecretaria del Trabajo practicó una auditoria al Programa Pro Empleo administrado por la Intendencia de la Quinta Región, cuyo informe de fecha 10 de enero de 2003 consigna similares observaciones a las establecidas en esta oportunidad.
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Vea además:
Lea el informe completo de Contraloría sobre los programas de empleo
B>Artículos relacionados:
Intendencia de Valparaíso pide calma a usuarios de programas de empleo (6 de Enero del 2006)
