Precedentes de desperfectos técnicos, realce de las diferencias de capacidad logística y operativa, acusaciones de falta de transparencia en el proceso… Son algunas de las expresiones de la soterrada disputa que se vive en el mundo aeronáutico, civil y militar, por la próxima definición de la compra de un nuevo avión presidencial, que a la vez agregue capacidad de transporte a la Fuerza Aérea.
Movidas y bastante turbias, se podría decir, están las aguas relacionadas con el proceso de adquisición de un nuevo avión que cumpla la importante función de transportar a las delegaciones de la Presidencia de la República en sus necesarios viajes por el mundo, además de agregar una sustantiva capacidad de transporte a la Fuerza Aérea de Chile.
Concientes de que no resulta demasiado popular la adquisición de un avión de exclusivo uso presidencial, de las características que éste debiera tener- entre las principales, una alta autonomía de vuelo para llegar sin escalas a Europa o Asia-, las autoridades ya han definido que la idea es llegar a una solución "multipropósito", es decir que se busca un avión que cumpla las funciones de avión presidencial, cuando sea requerido para ello, pero que el resto del tiempo pueda cumplir también otras labores de aporte a la defensa nacional.
Así las cosas, las cartas se están jugando en el sentido de inclinar la balanza hacia una de las siguientes tres opciones: un Airbus 340-300, un Boeing 767-200ER y un Boeing 767 300ER, es decir, tres modelos y dos marcas en juego.
Se ha dicho que las opciones de la Boeing tendrían mucho camino avanzado en la definición de este tema y que en particular contarían con el apoyo del alto mando de la FACH, y en lo específico del Comando de Combate de la entidad aérea. Una de las razones sería que el Boeing sería susceptible de implementarse a su vez como "tanquero" y con ello podría abastecer en el aire a aviones cazabombarderos. Estos sectores, que ven como ya zanjada la decisión, agregan asimismo en favor de esta alternativa las sinergias evidentes que representa el hecho de que la Boeing ya tendría aparatos incorporados a la flota de la Fuerza Aérea, mientras que Airbus no los tiene.
Sin embargo, antecedentes recogidos por El Mostrador indican que el Gobierno, como tal, no tendría una decisión completamente adoptada al respecto y en particular la Presidenta Bachelet- que sabe bastante sobre estas materias por las características de su formación y su origen familiar-, habría comentado a sus cercanos que acá al menos hay dos opciones en juego, representadas por las marcas Airbus y Boeing, la primera representante del consorcio europeo EADS y la segunda, de la empresa de origen estadounidense.
Por su parte, el subsecretario de Aviación, Raúl Vergara, también habría manifestado suma cautela sobre el particular, manteniéndose al margen de las fuertes presiones y »lobbies» que se han generado en torno al tema.
Mal que mal, estamos hablando de un negocio de entre 30 y 40 millones de dólares, que no deja indiferente a ninguna de las firmas en disputa, ni tampoco a sus activos operadores a nivel local.
Los argumentos técnicos de las partes
Según los argumentos que se pudo recoger entre las fuentes cercanas a cada empresa, que prefieren optar por el "off" a la hora de sus declaraciones, lo primero que hacen los defensores de Airbus es desconocer las supuestas ventajas técnicas que la opción de Boeing representaría para la FACH.
Parten desmitificando que la Fuerza Aérea tenga una gran experiencia trabajando con la Boeing, porque se trata de modelos "completamente distintos" a los que se ofrecen como alternativas de avión presidencial (707 y no 737); segundo, indican que la ventaja de implementarlo como "tanquero" no sería tal, si es que se define que el avión cumple las funciones también de transporte presidencial, porque "querría decir que cuando el avión ande de gira con la Presidenta debe salir del país, lo que afectaría de este modo la potencialidad y operatividad de los aviones de guerra". "Por definición -se agrega-, un avión tanquero no puede salir del país, precisamente porque tiene esas características, de ser capaz de reabastecer en el aire a los cazabombarderos".
Agregan que si la idea es que el avión escogido tenga además la posibilidad de transportar carga o un alto número de pasajeros (por ejemplo, tropas para una misión en el exterior, no sólo en América Latina sino incluso en Asia o Medio Oriente), el Airbus tiene mucho más capacidad de transporte de pasajeros (255 contra 214) y una capacidad de carga bastante más alta (254 toneladas, versus 160 promedio de los Boeing).
Asimismo posee 4 motores, lo que le da una seguridad digna del estándar que necesita un avión presidencial (se dice que con dos motores, si falla uno, el avión debe cancelar el viaje y aterrizar con rapidez en el aeropuerto más cercano, debido a que pierde rápidamente una altura considerable de vuelo).
Se agrega que el mejor «test» en estos casos son las decisiones del sector privado, porque la seguridad de los pasajeros es un bien completamente ireemplazable en la actualidad. En este sentido LanChile- así como múltiples líneas aéreas internacionales de todo el mundo (Lufthansa, Iberia y otras) han optado por la adquisición de numerosos modelos Airbus- y al menos cuatro del mismo que se propone como avión presidencial.
En todas estas materias los defensores de Boeing también tienen respuestas. Señalan que la capacidad de pasajeros es perfectamente adaptable según las necesidades que se tengan, pudiendo llegar a una cifra bastante similar a la de su competidor. Tampoco atribuyen relevancia al tema de la cantidad de motores, porque ello nunca ha sido un problema específico y «de lo contrario, no se explicaría que un país como China, para sus vuelos presidenciales, haya elegido el modelo Boeing 767 en el año 2000».
Agregan que la experiencia indica que este último modelo ha sido comercialmente muy exitoso y popular en los mercados internacionales y que, de hecho, Lan Chile cuenta con unos 15 modelos de este tipo.
Con todo, parece claro que, en síntesis, Airbus ofrece un avión objetivamente con mayor capacidad de carga y pasajeros, dada su envergadura y considerando el espacio que quitaría el kit presidencial (que no es llegar y moverlo a gusto, como se ha sostenido). También con mayor autonomía de vuelo (llega sin problemas a Europa o Australia, lo que no ocurriría con los modelos Boeing, se considera full carga y combustible) y con mayor seguridad dados sus cuatro motores. El tema es si vale la pena adquirir un avión de estas características, si en general se trataría de un avión que sería para algunos usos específicos, cada uno de los cuales, por su naturaleza, limita el uso alternativo.
Hay que considerar que en el tema hay involucrada, además, una importante diferencia de precios, puesto que el modelo Airbus se ubica en la parte superior del rango de entre 30 y 40 millones de dólares, pero sus defensores explican que esa diferencia se compensa con la mayor capacidad de carga y pasajeros, además de representar una tecnologia de los 90 (versus la de los 80 que, a su juicio, tendrían los Boeing), y por ende, con una vida útil bastante más larga.
Estos elementos no dejan de ser relevantes, luego de los errores ya cometidos en 1997, cuando la administración Frei adquirió un avión que no tenía la autonomía de vuelo suficiente que requería un gobierno que ha firmado acuerdos comerciales a destajo con Europa y Asia.
La guerra sucia
A la hora de la "guerra sucia" en materia de declaraciones, las partes no se quedan atrás.
Mientras que los defensores de Airbus, afirman que ellos venden entendiéndose directamente con la fábrica, en el caso de Boeing existen operadores privados que hacen de intermediarios cuya participación no sería de lo más transparente y de por sí, ya le agrega otros costos a la operación.
Asimismo, afirman que ex sectores castrenses de polémico pasado como el ex coronel de Ejército, Jaime Lepe, muy allegado en su momento a Augusto Pinochet y con acusaciones directas por violaciones a los derechos humanos (se lo mencionó, por ejemplo, en el caso Carmelo Soria), sería parte de los operadores privados que intermedian la opción de los modelos Boeing usados. Estos ya tendrían un precedente de ventas similares en materia de helicópteros a la FACH, cuyas expectativas de operatividad «no se cumplieron», según dicen los defensores de la idea de comprar un Airbus.
En sectores ligados a la defensa de la Boeing no se quedan atrás y llaman a los que tendrán que decidir la operación a considerar lo que han sido los "enormes problemas técnicos" que, en su opinión, han registrado los modelos Airbus existentes en la flota de LanChile.
"Seguramente -señalan-, la Fuerza Aérea, observando la gran cantidad de problemas técnicos que ha tenido este modelo en Chile, considerara en su momento la mala experiencia de Lan al respecto" apuntan.
Los promotores del Airbus dicen, a su turno, que lo que crece en la flota de Lan Chile, asi como en las más importantes líneas aerocomerciales del mundo, es la adquisición de aviones de esa marca, lo que no resulta congruente con la versión anterior.
¿Y la transparencia?
Ante esta lluvia de declaraciones y guerras sucias y limpias, hay sectores que se preguntan si el Ejecutivo no debiera optar por una decisión como la que adoptó la Presidente Bachelet a poco de asumir, cuando suspendió la compra militar de un satélite al consorcio franco-germano EADS, que había sido negociada por el ministro de Defensa de Lagos, Jaime Ravinet, sobre el filo del fin de su cargo, aduciendo que se trataba de un bien público de relevancia que no podía adquirirse sin que aspectos de su negociación quedaran en las sombras.
Los defensores del Airbus esta vez no descartan, por ejemplo, la fórmula de la licitación internacional (reservada, pero con información al Congreso), aunque se estima que dado la avanzado ya del proceso en el tema del avión presidencial sería dificil alcanzar a innovar mucho en la materia. Más bien se inclinan por una discusión transparente y bien fundada en argumentos técnicos y económicos, en esta oportunidad, para más adelante generar los cambios legales e institucionales que implica una discusión más abierta de este tipo de adquisiciones, que no obstante, siempre tendrán un énfasis más bien reservado por tratarse de operaciones estratégicas en materias de defensa y seguridad nacional.
Otros señalan que lo adelantado de este proceso no sería razón para descartar una eventual licitación internacional y que en definitiva, este procedimiento agregaría transparencia a la compra, aunque sea limitada, a un proceso que, según ellos, no se ha caracterizado por contar con esta cualidad y en momentos en que el país exige creciente claridad y probidad en todas las materias referidas a decisiones públicas.
En particular las que involucran recursos del Estado, en este caso recursos provenientes de la cuestionada, por su opacidad, Ley Reservada del Cobre. A esto se suma el hecho de que, según la legislación vigente, esta adquisición tampoco debe pasar por el sistema Chilecompra.
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