El ministro Carlos Cerda decidió declararse incompetente en el caso, luego de establecer que no hay antedecedentes fidedignos que vinculen la abultada fortuna del general (r) con el comercio de material bélico con la vecina nación del norte. En tanto, el magistrado Alejandro Solís indaga posibles embarques ilegales de pertrechos con el mismo destino.
El único hecho que se encuentra acreditado en la investigación judicial que indaga la venta de armamento a Ecuador por parte de Chile, a partir de fines de 1994, es que las utilidades obtenidas por dicha transacción no fueron a parar a las cuentas secretas que mantuvo el general (r) Augusto Pinochet en el extranjero, quien durante esa época aún ostentaba el cargo de comandante en jefe del Ejército.
Tras esclarecer esa arista, el ministro Carlos Cerda, que indaga el origen de la millonaria fortuna que acumuló el ex uniformado en los años que se desempeñó como funcionario público, decidió declararse incompetente para seguir ahondando en los antecedentes que decían relación con las posibles irregularidades que se cometieron en dicha transacción.
Las primeras luces sobre las anomalías que habrían ocurrido en dicha venta nacieron a raíz de las incautaciones de documentos que realizó el ex juez del caso Riggs, Sergio Muñoz, desde las oficinas privadas que el otrora senador vitalicio mantiene en la calle Málaga, comuna de Las Condes.
Esos antecedentes fueron recopilados por este magistrado, quien las guardó en una carpeta reservada aparte del expediente central del caso. Sin embargo, su sucesor, el ministro Cerda tuvo que darle un carácter formal a dicha investigación cuando tras el allanamiento a la caja de seguridad de Famae se encontraron nuevos papeles y facturas proforma relativas a esta venta.
Si bien los elementos recolectados en esa diligencia tienen el carácter de reservados por involucrar la seguridad nacional, en fuentes cercanas al proceso trascendió que dichos documentos serían facturas en que se detalla el material bélico exportado a Ecuador y comprobantes de los depósitos a donde fueron a parar las utilidades obtenidas por la transacción.
De hecho, existe un informe elaborado por la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de Investigaciones que da cuenta que, por los montos involucrados en dichas operaciones, así como por el detalle del armamento enviado, no sólo se trató de la venta de municiones, sino de armas propiamente tal, contradiciendo la versión oficial que dieron las autoridades civiles de la época.
En esa línea, las mismas fuentes comentaron que en caso de comprobarse la existencia de delitos en dicho envío, sería mucho más difícil que el entonces ministro de Defensa Edmundo Pérez Yoma y el subsecretario de Guerra, Jorge Burgos, pudieran eludir su responsabilidad -a lo menos política- en el tema, a diferencia de lo que ocurrió en el caso del envío ilegal de armas a Croacia, donde las autoridades civiles a cargo de la cartera en ese momento no han sido involucrdas.
Diligencias de Solís
Por otra parte, trascendió que las diligencias decretadas por el ministro Alejandro Solís, quien está a cargo de esclarecer las responsabilidades delictuales que existirían en el tráfico ilegal de pertrechos a la ex Yugoslavia, tienen por objeto acreditar asimismo si también hubo otras ventas ilícitas de armamento por parte de Famae a Ecuador. Porque a él le interesa, en particular, ese aspecto: si hubo o no tráfico ilegal, al margen de si en ambos casos se configuraran otros delitos como el de la recepción de coimas.
Dichas indagaciones están a cargo de la Brilac, organismo cuya misión específica consiste en aclarar si acaso hubo otras exportaciones de material bélico a esa nación después que Chile se constituyera -en 1995- como garante del Protocolo de Río, con el fin de encontrar una solución pacífica a la guerra que entonces enfrentaba a dicha nación con Perú.
Otro de los aspectos que deberían dilucidar estas pesquisas es encontrar las pruebas de la operatoria con que funcionaron esas eventuales ventas fraudulentas y la ruta que siguió el dinero que se habría obtenido producto de ellas.
En todo caso, una de las certezas que existiría es que el mecanismo para estos otros envíos habría sido distinto al utilizado para enviar pertrechos a Croacia en 1991, ya que en este último caso estaría claro que la decisión de la venta habría sido adoptada por Pinochet, mientras que en el caso de Ecuador las ventas fraudulentas las habría decidido directamente Famae.
Además, al contrario de lo que pasó en el caso Croacia, en los envíos de armamento al vecino país se habría utilizado sólo un tipo de facturas y no facturas dobles. Es decir, en el caso de Croacia existieron dos tipos de documentos, unos que daban cuenta de la exportación de pertrechos a Sri Lanka -utilizados para obtener las autorizaciones del Ejecutivo- y otras en las que figuraba el destino real de dicho material: la conflictiva zona de los Balcanes, en Europa.
En todo caso, hasta el momento el factor articulador que une a ambos casos es la intervención de Famae.
Para los consultados, lo más grave que podría acarrear la investigación sobre la venta de armas a Ecuador es el hecho de establecer que el tráfico ilegal de material bélico fue una actividad ilegal sostenida en el tiempo por el alto mando del Ejército, con la posible anuencia de las autoridades políticas.
No obstante, como ya se dijo, en caso de que el ministro Solís no encuentre antecedentes relacionados con el eventual tráfico ilegal de armamento a ese país y sólo encuentre posibles actos de cohecho, como pago de comisiones a funcionarios públicos, se declararía incompetente para seguir sustanciando la investigación y la devolvería al ministro Cerda.
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