Encargada del proceso en el Servel, Blanca Palacios, aclara que aún no termina la evaluación de las elecciones del pasado 11 de diciembre. Por ello, desconoce cómo será declarada la masiva asistencia de cantantes españoles. Sin embargo, asegura que la ley considera al trabajo voluntario una donación y que está prohibido el aporte de personas extranjeras.
La normativa que regula el financiamiento electoral, que empezó a regir para las elecciones municipales del 2004, fija límites al gasto que hacen los candidatos en sus campañas. La iniciativa busca reducir la influencia del dinero en la actividad política y evitar un gasto excesivo en propaganda.
Según la ley 19.885, se entenderá por gasto electoral «todo desembolso en que se incurra para el financiamiento de los equipos, oficinas y servicios de los partidos políticos y candidatos, con ocasión y a propósito de actos electorales».
En estas elecciones presidenciales, se ha establecido un tope de $4.290 millones por candidato y $1.430 millones para los partidos, en lo que se refiere a la primera vuelta. En tanto, en la fase definitoria el gasto no debe superar los $1.430 millones por postulante, ni las tiendas sobrepasar los $490 millones.
De este total permitido para hacer actividades de proselitismo, una porción proviene del subsidio estatal de acuerdo a los votos que obtenga cada candidato, y el resto corresponde a donaciones privadas las que de acuerdo al monto se clasifican en públicas, anónimas o reservadas.
El Servicio Electoral (Servel) realiza la labor de supervisión, controlando los documentos que den cuenta de ingresos y gastos en las campañas, ya sea facturas, boletas, recibo de dineros, contratos de arriendo, que emiten los políticos, mediante los administradores electorales que han acreditado.
La responsable de este proceso, Blanca Palacios, pone énfasis en que "no salen a fiscalizar a las calles, sino que reciben las cuentas que entregan los administradores electorales , ya sea de los candidatos o partidos".
La jefa del Departamento de Organismos y Padrones Electorales, explica que "se realiza una revisión legal y contable con los antecedentes de respaldo que correspondan, y sobre eso se pronuncian". Para este trabajo, existe un equipo completo de contadores, auditores, entre otros profesionales que examinan los balances.
Aporte de españoles
En las últimas semanas los comandos de la abanderada presidencial de la Concertación, Michelle Bachelet, y del postulante de la Alianza, Sebastián Piñera, se vieron enfrascados en una serie de polémicas respecto a la participación de artistas españoles en el acto de la carta oficialista.
Entre los invitados, se encontraban Miguel Bosé, Ana Belén y Víctor Manuel, quienes siempre aclararon que su aporte era voluntario y que no cobraban dinero por asistir al evento, argumento que de todas formas no acallaron los cuestionamientos desde la oposición.
Al respecto, Palacios aclara que "no nos podemos pronunciar sobre cosas tan precisas todavía, ya que esto tiene que ver con la cuenta de la segunda vuelta, que tiene plazo hasta el 24 de febrero, y es difícil hablar de algo que no sabemos en qué términos va a venir declarado."
Sin embargo, aclara que "el trabajo voluntario es considerado como gasto electoral al tenor del artículo número 2 de la ley de Gasto Electoral, al igual que las donaciones de particulares. Por otro lado, la ley prohíbe los aportes de personas -naturales o jurídicas- extranjeras".
Rendición de cuentas
De acuerdo a la normativa, si el director del Servel es notificado de alguna irregularidad, ya sea legal o contable, se pide a los administradores encargados que hagan una rectificación y subsanen los errores. Por su parte, el encargado tendrá un plazo de 5 días para responder, adjuntar los antecedentes que falten o realizar las correcciones pertinentes.
Palacios menciona que "en otros países la sanción por incumplimiento de las leyes de gasto electoral conlleva a perder el cargo en que fueron electos, pero la legislación chilena sólo contempla multas a beneficio fiscal".
Los castigos para quienes sobrepasen los montos permitidos e infrinjan la ley son sólo monetarios, implica el rechazo de la cuenta, y el candidato pierde el derecho al reembolso.
Las determinaciones del organismo electoral, serán reclamables ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), cuyo fallo será inapelable.
Primera vuelta
En tanto, el plazo que tienen los candidatos de las elecciones del 11 de diciembre -que considera tanto las parlamentarias como la primera ronda presidencial- para entregar al Servel las cuentas de sus ingresos y gastos en materia electoral vence el 20 de enero.
Queda aún un margen de una semana para que los candidatos presenten el recuento de las platas utilizadas para el financiamiento de sus campañas. De momento, sólo 9 diputados y 3 senadores han presentado a la institución sus cuentas, que registran las cifras invertidas.
Al respecto, la funcionaria señala que "estamos esperando que se presenten y de ahí tenemos treinta días hábiles para manifestarnos sobre esas cuentas", el mismo plazo que se dispuso para revisar las de los 8 mil postulantes a alcalde en el 2004.
La profesional afirma que «el Servicio no se ha pronunciado respecto a irregularidades ni vicios en la nómina que está publicada hasta ahora, porque todavía no ha empezado el plazo para pronunciarse".
Pese a este trabajo contra el tiempo, y la revisión de las cuentas de 67 postulantes al Senado y 398 a la Cámara de Diputados, Blanca Palacios señala que "es posible hacerlo; ahora, a nosotros no nos compete opinar sobre la ley, sino cumplirla».
