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Construcción de túneles en el San Cristóbal parte sin aprobación de vecinos

por 15 enero, 2006

Este lunes parten oficialmente las obras de construcción de los túneles y autopistas que unirán El Salto con Kennedy, pese a que los vecinos del barrio de Pedro de Valdivia Norte se oponen a su ejecución. Uno de los abogados de los residentes insiste en la necesidad de una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y duda que algún tribunal tenga el ''coraje'' de paralizar el proyecto.

Llegó el día. Este lunes parten las obras que permitirán conectar, mediante la construcción de túneles en el Cerro San Cristóbal, las avenidas El Salto y Kennedy.



El megaproyecto se traducirá en una disminución del tiempo de viaje entre el sector poniente y oriente de la capital; sin embargo, la iniciativa cuenta con el rechazo de los vecinos del Barrio Pedro de Valdivia Norte, en Providencia, porque no fue sometido a una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que permitiera garantizar que no se afectará su calidad de vida y una parte del Parque Metropolitano de Santiago.



Así por lo menos lo explica uno de los abogados de los vecinos, Carlos Cantuarias, quien la semana pasada, junto al abogado Juan Agustín Figueroa, interpusieron un recurso de nulidad para detener la obra.



Pero Cantuarias cree que será difícil que algún tribunal tenga el coraje de paralizar la construcción; por ello esperan que fructifiquen los recursos que interpondrán ante la Contraloría General de la República.



-El lunes parten las obras, ¿confían en que los recursos presentados ante la justicia tengan algún efecto?

-Lo que no puedo asegurarle es que algún tribunal tenga el coraje de paralizar las obras, (aunque) el derecho está. La verdad es que si uno lo analiza y lo expone, incluso al pronunciamiento de peritos en distintas materias, el derecho está de parte de los vecinos... Pero de ahí a que un tribunal tenga el coraje de resolver sobre la paralización, la verdad es que no puedo poner las manos al fuego por eso...



¿Está muy complicado el escenario?

-Lo que sí conviene acotr es que hay una nulidad absoluta en juego; entonces, puede que construyan y construyan y el día de mañana se encuentren con un problema grave.



-¿Cuánto tiempo tiene un tribunal para pronunciarse sobre la demanda?

-Ese es un juicio ordinario, que es del tipo de los que se denominan de lato conocimiento, o sea, es un juicio donde se van a analizar las pruebas a fondo, hay pruebas periciales, entonces, digamos que el juez se puede demorar un año, un año y medio en pronunciarse.



-El Ministerio de Obras Públicas (MOP) a través del inspector fiscal Carlos Uribe, señaló que están dadas las garantías ambientales para que se desarrolle el proyecto.

-Eso es falso, porque la verdad es que lo que hace el MOP es lo que se conoce como un estudio de impacto ambiental referencial. Es como que usted generara un proyecto y en vez de someterse a ley que le dice que tiene que presentar un proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), donde hay autoridades independientes, usted lo hiciera por su cuenta y dijera: "bueno yo ya evalúe el tema en términos personales, así que estoy al otro lado". Entonces, eso no es ninguna garantía que se haya evaluado correctamente el proyecto.



-El problema que los afecta, en todo caso, no es privativo de ustedes. Muchos otros proyectos son marginados de la evaluación ambiental mediante resquicios legales.

-Lo que pasa es que efectivamente esta gente decide dejar fuera del SEIA un proyecto que entra al sistema perfectamente por dos motivos fundamentales: uno, porque implica una modificación al Plan Regulador Metropolitano de Santiago y dos, porque son actividades de construcción que se realizan al interior de un área protegida. Entonces, esta gente interpreta arbitrariamente que no es así y lo deja fuera del sistema.



-El MOP dice que no se van a talar árboles, pero vecinos ya están reclamando por el corte de especies, ¿qué sabe usted al respecto?

-Ya hay tala de árboles... Vecinos del lugar han observado que ésta ya comenzó, la cual es absolutamente ilegal, considerando que esta es un área protegida por ley desde 1917, lo que está refrendado por otras normativas. La protección del Parque Metropolitano de Santiago tiene piso legal y el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo (Minvu) pretende darle piso administrativo solamente al incorporarlo como un área verde al plan regulador, lo cual no puede ser.



-En definitiva, los vecinos acceden a la construcción, pero bajo reglas claras.

-Efectivamente, esto puede ser un proyecto que se construya, pero que se construya en el marco de la ley, o sea, que cumpla la ley, que haya la participación ciudadana que corresponde, que se someta al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de autoridades independientes, que es la ley. ¿Por qué a algunos se le aplica la ley y a otros no? En consecuencia, los vecinos no pueden estar en desacuerdo con un proyecto que se haga en el marco de la ley, tendrán que acatar.



-Finalmente, ¿en qué acciones futuras depositan sus esperanzas para frenar el proyecto?

-Vamos a iniciar trámites de alto nivel ante Contraloría y ya hay una acción de carácter internacional ante el tribunal interamericano de justicia.



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