Sin embargo, el máximo tribunal remitió los antecedentes al pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, para que investigue los hechos denunciados por el diputado DC Jorge Burgos, quien pidió la remoción de la magistrada Valeria Vega, mediante facultades del Presidente de la República, debido a la liberación de presuntos narcotraficantes chilenos y peruanos dispuesta por dicha jueza.
Este lunes, el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago deberá resolver cuál será el destino de los antecedentes remitidos por la Corte Suprema, respecto a la petición de expulsión interpuesta por el ministerio de Justicia contra la jueza de Garantía Valeria Vega.
El pasado cinco de enero ingresó al máximo tribunal un oficio proveniente del ministerio de Justicia en el cual se solicitaba que «atendido el mérito de los antecedentes y lo dispuestos en la disposición constitucional del artículo 13, número 12, de la Constitución Política de la República, agradecerá a V.S. disponer lo conveniente para que esta Excma. Corte declare, si lo estima procedente, el mal comportamiento de doña Valeria Vega Sepúlveda, juez del 13° Juzgado de Garantía de Santiago».
Tras revisar esta presentación, la alta magistratura declaró «inadmisible» dicha presentación debido a errores de planteamiento, ya que la facultad presidencial que se invoca en la mencionada norma se relaciona con «conceder jubilaciones, retiros, montepíos y pensiones de gracia, con arreglo a las leyes (de funcionarios del Estado)», y no con la posibilidad de remover a un magistrado.
Esto, porque es el inciso número 15, del artículo 32 de la Constitución Política el que establece que será atribución del Presidente de la República «velar por la conducta ministerial de los jueces y demás empleados del poder judicial y requerir, con tal objeto, a la Corte Suprema para que, si procede, declare su mal comportamiento».
Sin embargo, la Suprema optó por no archivar esta presentación y remitió copia de los antecedentes al tribunal de alzada capitalino «con el objeto que éste lleve a cabo las indagaciones correspondientes a cerca de los hechos denunciados a fojas 3 y 6 y proceda en consecuencia».
«Se deja constancia que, en esta parte, se acordó contra el parecer de diversos señores ministros, según consta en el libro de acuerdos», añade la resolución.
Fundamentos de la petición
Esta petición para declarar el mal comportamiento de la jueza Vega tuvo su génesis en una moción parlamentaria presentada el 8 de noviembre por el diputado DC Jorge Burgos, ante la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara Baja.
En dicha oportunidad, el parlamentario se refirió a hechos que había denunciado la prensa, «en especial Canal 13» respecto a la detención de presuntos narcotraficantes peruanos y chilenos que tenían en su poder más de cuatro kilos de cocaína. «A pesar de las pruebas y de que fueron sorprendidos en plena transacción, una jueza calificó como ilegales las detenciones, por lo que todos los sospechosos quedaron en libertad», sostuvo el parlamentario en la sesión.
«En la esquina de Ricardo Cumming con Rosas estaba a punto de materializarse la venta de un kilo y medio de cocaína, cuando detectives de la Brigada contra el Crimen Organizado (Brico) detienen a estos involucrados (…). Estos paquetes estaban escondidos en cajas de zapatos en uno de los inmuebles donde estas personas tenían su guarida. Había cuatro kilos más de droga allí», añadió Burgos.
«Toda esta diligencia termina ese mismo día y el tribunal de Garantía declara que no corresponde la detención por no cumplirse la flagrancia. Por eso el tribunal considera que no existió flagrancia para que se produjera la intervención policial y declara ilegal la detención de los imputados», siguió el relato.
Jorge Burgos preció que el 29 de octubre la Corte de Apelaciones «enderezó las cosas» y ordenó la detención, pero los imputados huyeron de la justicia. «Era previsible que nunca más fueran habidos, como ocurre hasta ahora», comentó.
Posible intervención política
Esta presentación del diputado Burgos generó amplia molestia entre los jueces de Garantía, quienes advirtieron que más que una defensa corporativa frente a este tipo de situaciones, lo irregular del tema radica en que las decisiones jurisdiccionales deben ser atacadas mediante los recursos procesales pertinentes y no por medidas disciplinarias.
Según las fuentes judiciales consultadas por este medio, la mencionada facultad presidencial se relaciona con declarar el mal comportamiento de un magistrado por razones relativas a cómo se ha desempeñado en su cargo, es decir, si emprende acciones de acoso sexual, o se presenta ebrio a desempeñar sus funciones, pero no por sus decisiones judiciales.
Para enmendar ese tipo de decisiones que pueden ser tomadas como incorrectas, lo justo -a juicio de estos jueces- sería que se presentarán las apelaciones pertinentes, como de hecho ocurrió en esta ocasión.
En esa medida, también cuestionaron que sí existe tanto interés en las decisiones que toman los magistrados, como así vigilar su comportamiento, por qué nunca ningún parlamentario solicitó al Presidente Ricardo Lagos pedir la remoción de la ex jueza de Menores, María Angélica Grimberg, quien finalmente renunció al Poder Judicial.
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