En la carta rogatoria remitida a la nación europea, la jueza del 1° Juzgado del Crimen de Santiago sostiene que se presume que para llevar a cabo la operación pudo haberse creado toda una estructura financiera destinada a defraudar al Estado chileno. Además, solicitó que funcionarios de Investigaciones y del CDE puedan revisar el proceso judicial que existe en dicha nación.
La existencia de delitos «graves», cuya penalidad llegarían a los cinco años y un día de presidio, son detallados en el exhorto internacional enviado por el Primer Juzgado del Crimen a la justicia belga, con el objeto de obtener la información que se ha logrado recopilar en dicha nación sobre la venta de 25 aviones Mirage Elkan, negocio que se realizó en julio de 1994.
La magistrado interina del tribunal chileno, Elizabeth Reinoso, solicitó copias autentificadas del proceso judicial abierto en la ciudad de Bruselas el 20 de junio de 1996, tras el estallido del llamado escándalo "Dossier Agusta", que involucró el crimen de un ministro y la posterior condena de altas autoridades políticas de Bélgica por corrupción, tras el descubrimiento de irregularidades en la compra de helicópteros italianos de la mencionada marca.
En la carta rogatoria, remitida a fines del año pasado a las autoridades competentes de Bruselas, la justicia chilena precisa que de no ser posible cumplir con esta solicitud, porque dichas copias resultasen muy voluminosas o imposibles de obtener, pide obtener toda la información contenida en ese proceso sobre los destinos de los dineros pagados a Berthier Investment y otras sociedades relacionadas con la operación, como también de los destinos de los 14,5 millones de dólares que se destinaron al pago de comisiones.
Según trascendió, el interés del tribunal sobre este aspecto radicaría en un depósito de 100 mil dólares que la Berthier Investment, de propiedad del extranjero avencindado en Chile Carlos Honzik, habría hecho a la cuenta de una de las sociedades controladas por Óscar Aitken -ex albacea de Pinochet-, Cornwall Overseas, abierta en el Clariden Bank de Zurich.
Asimismo, pidió tener copia de «toda otra información bancaria y contable que obre en dicho proceso relativo a los fondos pagados a la contrapartida chilena que sean de interés para esta investigación, además de las declaraciones prestadas ante el tribunal, juez instructor, juicio oral y policía por todos los interrogados que aclaren o den indicios de la participación chilena en la venta de las aeronaves».
Por otra parte, solicitó además facultar -por parte de la autoridad judicial competente- a funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile y del Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que auxilien y presencien la diligencia, en la medida que no se vulneren las garantías procesales, ni afecten la dirección de las mismas.
Delitos graves
Para fundamentar estas peticiones, la magistrado da cuenta que en el proceso abierto en Chile para esclarecer la operación de compra de estos Mirage, por un monto de 109 millones de dólares, se presume la existencia de delitos graves como negociación incompatible, cohecho, fraude al Fisco y asociación ilícita, cuyas penalidades van desde la suspensión en cualquiera de sus grados a los cinco años y un día de privación de libertad.
«Se persigue acreditar sí en Chile funcionarios públicos se concertaron a fin de proceder a la compra de aviones de guerra «Mirage» por un mayor valor de mercado, cobrando la diferencia en comisiones ilegales, defraudando con ello al Fisco de Chile», consigna el documento.
«Particularmente se investiga si dichas personas se asociaron u organizaron con el objeto de participar o colaborar en la creación de una estructura financiera, destinada a obtener el pago de comisiones ilegales, sí las percibieron, sí colaboraron en la ocultación, aprovechamiento o destino de determinados bienes o dineros, a sabiendas que éstos se habían obtenido de la perpetración en Chile o en el extranjero de hechos constitutivos de delitos», añade.
Defensa de Aitken
Consultada al respecto la defensa de Aitken, que ejerció como abogado de Famae, sostuvo que el mencionado depósito de dinero habría sido devuelto a su destino, lo que estaría acreditado en el proceso del caso Riggs, que investiga el origen de la fortuna de Augusto Pinochet.
En ese sentido, restó importancia a la petición de estos antecedentes, asegurando que su cliente no tuvo ningún tipo de participación en la compra de los aviones por parte de la Fach y que el ingreso de dinero a su cuenta sólo se debió a un error.
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