Ministra subrogante que sustancia el proceso pidió a la de Investigaciones revisar todos los movimientos financieros registrados en una cuenta bancaria de la Fundación Mi Casa, que fue presidida por Juan Romero entre 1973 y 1998. En dicha resolución, sostiene que el uniformado tiene la calidad de imputado (inculpado) en la causa sobre el origen de la fortuna de Augusto Pinochet.
Una resolución evacuada por la ministra de fuero (s) que sustancia el denominado caso Riggs, María Eugenia Campo, dejó entrever la real dimensión de las indagatorias que se han decretado sobre las cuentas corrientes y movimientos financieros que ha tenido a su cargo el actual Auditor General del Ejército, Juan Romero Riquelme, en su calidad de ex presidente de la Fundación Mi Casa.
El uniformado, que integra la Segunda Sala de la Corte Suprema cuando a la instancia le corresponde revisar materiales penales relacionadas con funcionarios de las Fuerzas Armadas, ha sido citado a declarar en diversas oportunidades en el marco de este proceso judicial, pero hasta ahora no había trascendido su calidad de inculpado en este caso.
Sin embargo, en una diligencia encargada a la Fuerza de Tareas Reservadas de la Policía de Investigaciones se manifiesta expresamente que Romero tiene la calidad de imputado, es decir, que hay sospechas que le cabe una participación culpable en los delitos que se están investigando.
Si bien algunas fuentes allegadas a la causa explicaron que esta calificación se consigna por un tema formal, es decir, para que las instituciones financieras levanten el secreto bancario para entregar la información requerida; otros de los consultados señalaron que efectivamente existen indicios respecto a que el auditor colaboró con la triangulación de dineros fiscales -a través de la mencionada institución de beneficencia- para abultar las cuentas del general (R) Augusto Pinochet, por lo cual se le podría imputar los posibles delitos de malversación de caudales públicos o exacción ilegal.
En cuanto a la finalidad de la diligencia, la magistrada encargó a la policía civil recabar en el Banco del Desarrollo las cartolas bancarias que pertenecen a la «Fundación Mi Casa", entidad que fue presidida entre 1973 y 1998 por Romero, «quien tiene la calidad de imputado» en el proceso.
Los años que solicita indagar van desde el 2000 al 2005, período en que el uniformado fue el encargado de auditar las contabilidades de la institución.
Cabe recordar que en algunas de las declaraciones que ha prestado Romero ante el tribunal, éste reconoció que se encargó de comprar las tres residencias que actualmente son propiedad de Pinochet.
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