En una diligencia encabezada por la ministra Margarita Herreros, peritos del SML e Investigaciones rescatarán los restos que han permanecido ocultos en una fosa común en el cementerio de Isla de Maipo desde 1978. Se trata de los cuerpos de víctimas que fueron hallados al interior de una mina de cal abandonada, pero que nunca fueron entregados a sus familiares.
A partir de este miércoles, peritos del Servicio Médico Legal (SML) y de la Policía de Investigaciones llevarán a cabo la exhumación de al menos 15 cuerpos, entre ellos cuatro menores de edad, correspondientes a detenidos desaparecidos apresados en 1973 en Isla de Maipo, y cuyos restos fueron hallados a fines de 1978 al interior de una mina de cal abandonada.
Los restos, que nunca fueron identificados por el SML, permanecen en una fosa común del cementerio de Isla de Maipo, en la Región Metropolitana, luego que fueran prácticamente arrebatados por militares a sus familias en 1978, quienes esperaron en una iglesia su llegada de los cuerpos, pues la fiscalía militar de la época había accedido a la entrega, lo que finalmente no ocurrió.
El caso, conocido como Los Hornos de Lonquén, fue reabierto por la Corte de Apelaciones de San Miguel en mayo del año pasado y, actualmente, es instruido por una de las ministras de ese tribunal de alzada, Margarita Herreros. La petición fue interpuesta por el abogado Nelson Caucoto a través de una querella contra Augusto Pinochet y los carabineros y civiles que tuvieron responsabilidad en la muerte de los pobladores.
Según fuentes allegadas a la investigación, la magistrada busca individualizar e identificar las osamentas que se encuentren depositadas como N.N., partiendo de la base que estarían entre 15 a 17 cuerpos de sexo masculino, correspondientes a los integrantes varones de dos familias campesinas acusadas de participar en el movimiento sindical de la Unidad Popular.
«Nuestro primer gran objetivo es que se entreguen los cuerpos a las familias para que la gente de Lonquén descanse en paz en su sepultura. Ese solo hecho justifica la reapertura de la causa», sostuvo el abogado querellante.
Un largo camino a casa
La investigación judicial tiene su origen en el año 1978, época en la cual se recibió un llamado anónimo en la Vicaría de la Solidaridad que daba cuenta del hallazgo de restos humanos al interior de una mina de cal, conocida como Los Hornos de Lonquén.
Sin embargo, en octubre de 1979, la Corte Marcial la sobreseyó definitivamente aplicando el Decreto Ley de Amnistía. No obstante, hubo una investigación y se logró claridad jurídica respecto de las responsabilidades.
Este descubrimiento vino a confirmar a las familias de detenidos desaparecidos que sus parientes estaban definitivamente muertos.
Por otro lado, según se ha podido establecer en distintas investigaciones por violaciones a los derechos humanos, este hallazgo también fue complejo para la dictadura.
Con el objeto de evitar una nuevas crisis en momentos en que se temía una situación bélica con Argentina, se ordenó exhumar todos los cuerpos enterrados a lo largo del país, dando lugar a la denominada operación que llamaron «retiro de televisores».
El primero a cargo de instruir este caso fue el entonces ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Adolfo Bañados Cuadra. En dicho sumario, el capitán (R) de Carabineros Lautaro Castro Mendoza atestiguó que un detenido confesó que en una mina había armamento enterrado. Cuando los llevaron a constatar la situación fueron atacados con armas de fuego desde los cerros, muriendo sólo los detenidos.
Sin embargo, el magistrado estableció la falsedad de esa versión: los cuerpos no tenían perforaciones, por lo que la causa de la muerte había sido otra. «Sospecho que esas personas bien pudieron haber sido lanzadas vivas. Es una hipótesis que nos plantea este caso», ha manifestado en diversas ocasiones Nelson Caucoto.
Obstáculos
Pero ese no fue suficiente para aclarar la identidad de esas víctimas de la represión, ya que en abril de 1979, Bañados se declaró incompetente y traspasó el caso a la justicia militar.
Tres meses después, la fiscalía militar procesó al capitán Lautaro Castro y a siete carabineros, estableciendo que las víctimas habían sido objeto de violencia innecesaria con resultado de muerte, pero posteriormente los uniformados fueron absueltos cuando el tribunal aplicó el Decreto Ley de Amnistía.
Empero, ahora estos hechos están siendo investigados nuevamente por la justicia ordinaria, luego que se interpusiera la querella que posibilitó la reapertura de la causa, en representación de Luis Emilio Astudillo Rojas, concejal de Isla de Maipo. Su padre, Enrique René Astudillo Alvarez, y su hermano, Ramón Astudillo Rojas, fueron dos de las víctimas.
En la época de estos hechos, los abogados de la Vicaría de la Solidaridad acusaron al siquiatra Claudio Molina Fraga, ex director del SML durante el régimen militar, de haber sido el responsable de que las osamentas encontradas en los hornos de Lonquén, en noviembre de 1978, fueran depositadas subrepticiamente en una fosa común y no entregadas a sus familiares.
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