Ministro Víctor Montiglio encausó a los responsables de los regimientos de las nortinas ciudades por la eventual responsabilidad que les cabe en las ejecuciones de opositores a la dictadura. La decisión se produce cuatro días después que recalificara los cargos contra los principales imputados, medida que ha sido vista como una antesala a la aplicación de la amnistía o la prescripción.
Un juez procesó este martes como presuntos autores de homicidio a trece militares retirados, por su participación en 42 crímenes cometidos en 1973 por la llamada «Caravana de la Muerte» en los episodios de Calama y Copiapó, informaron fuentes judiciales.
Entre los procesados, contra los que el juez de la causa, Víctor Montiglio, dictó también órdenes de arresto, figuran un general retirado, brigadieres, coroneles y oficiales de menor graduación, así como algunos suboficiales, precisaron las fuentes.
La decisión se produce cuatro días después que el magistrado decidera recalificara los cargos de secuestro calificado a homicidio calificado contra los principales imputados en la investigación, en una resolución que ha sido interpretada como una antesala a la aplicación de la amnistía o la prescripción.
Desde el punto de vista procesal, el secuestro permanente es un delito establecido en la legislación internacional sobre crímenes de lesa humanidad y, en ese marco, no puede ser objeto de una amnistía o declararse prescrito. En cambio, al ser caratulados como homicidios, el juez queda en condiciones de aplicar la legislación sobre prescripción o amnistía.
Los encausados este martes por el juez no formaban parte de la fatídica comitiva, sino que pertenecían a las dotaciones de los regimientos de las nortinas ciudades de Calama, donde fueron asesinados 26 prisioneros, y Copiapó, donde las víctimas sumaron 16.
Según la resolución judicial, algunos de los nuevos procesados participaron en las ejecuciones, otros se ocuparon de los entierros clandestinos de las víctimas o participaron, años más tarde, en su exhumación y lanzamiento al mar de los cadáveres.
Los procesados fueron detenidos y llevados para ser notificados de la resolución ante el juez Montiglio, quien dispuso su reclusión en el Batallón de Policía Militar. Sólo no han sido arrestados Ramón Zúñiga Olmedo, quien reside en Iquique, y Carlos Minoletti Arriagada, que vive en Estados Unidos.
Procesados
Por el episodio de Copiapó, el magistrado encausó al brigadier Patricio Díaz Araneda, los coroneles Ricardo Yáñez Mora y Marcelo Marambio Molina, y el teniente coronel Waldo Ojeda Torrent, como autores de trece homicidios calificados, perpetrados el 17 de octubre de 1973.
Por otros tres crímenes, cometidos el mismo día, fueron encausados el general retirado Erwin Gestaer Gálvez; y los oficiales en retiro Fernando Castillo Cruz, Oscar Pastén Morales y Ramón Zúñiga Ormeño.
En tanto, en el caso de Calama, entre los procesados figura el coronel retirado Eugenio Rivera Desgroux, que en 1973 comandaba el regimiento de esa ciudad y que ha asegurado que trató de oponerse a la orden del jefe de la comitiva, el general Sergio Arellano Stark, de asesinar a los prisioneros.
Entre los asesinados en Calama hubo dirigentes sindicales, profesionales y un periodista, Carlos Berger, que había sido condenado por un consejo de guerra a sólo 61 días de prisión.
También fue procesado el ex mayor Carlos Minoletti, que dirigía la compañía de Ingenieros del regimiento y se encargó de sepultar los cadáveres en el desierto. A finales de 1976, según el expediente, dirigió también la exhumación de los cuerpos para que fuesen lanzados al mar.
La exhumación se hizo con una máquina excavadora y en el lugar quedaron centenares de fragmentos óseos que permitieron, en los años 90, reconstruir los hechos e incluso identificar a algunas de las víctimas.
Del personal del regimiento de Calama fueron procesados también el ex brigadier Carlos Lange von Furstenberg, el suboficial Gerónimo Rojo y el coronel Víctor Santander Véliz.
Argumentos de Montiglio
Según comentó por la tarde el juez Montiglio, "la diligencia, dado el número de procesados, ha sido bastante positiva, porque esto permite que la causa siga su curso y avance como corresponde".
Ante la consulta periodística, sólo reveló que cuatro de los procesados solicitaron la libertad bajo fianza, beneficio sobre el cual resolverá tras una nueva revisión de sus antecedentes.
Resaltó, asimismo, que todos los procesados han colaborado con su trabajo al comparecer y destacó el rol de la Policía de investigaciones, que "ha hecho esto en un muy breve plazo".
Sobre la recalificación de los delitos, recordó que existen modificaciones en autos de procesamiento anteriores y las últimas "guardan coherencia" con lo hecho en el pasado.
"Uno tiene que aceptar la realidad tal como es y no acomodarla a otras circunstancias", manifestó el magistrado en alusión al reconocimiento en su causa de la muerte de las víctimas de la represión política durante el gobierno militar.
"Si partimos de la base de que están los certificados de defunción, los testimonios y hay confesiones, creo que es casi imposible decir que (las personas) están secuestradas", argumentó.
Montiglio declinó pronunciarse sobre la eventual aplicación de amnistía o prescripción en los casos tras la reclasificación, "porque es un asunto que hay que resolver en otra oportunidad".
"Es un punto que hay que resolver en la sentencia definitiva. El papel mí es el de un juez instructor y tengo que realizar toda la gestión necesaria para que la causa quede en condiciones de ser resuelta convenientemente y dar todos los pasos para que a su vez las instancias superiores a lo largo del procedimiento puedan ir decidiendo lo que correspondan y conozcan el contenido de la causa", puntualizó.
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