La defensa del ex albacea de Pinochet, Óscar Aitken, solicitó certificaciones a la Secretaría Criminal de la Corte de Apelaciones de Santiago, instancia que emitió los documentos con una rapidez inusitada. El CDE no pudo ‘frenar’ la maniobra y, hasta ahora, se desconocen los alcances que dichos papeles pueden tener en Chile o el extranjero.
En una rápida maniobra que no pudo ser evitada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), la defensa de Óscar Aitken, ex albacea de Augusto Pinochet, consiguió obtener unas certificaciones extra juicio ante la Secretaría Criminal de la Corte de Apelaciones de Santiago, cuyos fines hasta ahora son desconocidos.
El trámite pasó inadvertido para los querellantes del denominado caso Riggs, en el que se indaga el origen de la fortuna que el ex jefe castrense logró acumular en el extranjero, y en la que Aitken está procesado como cómplice de la evasión tributaria que el Servicio de Impuestos Internos (SII) le imputa a Pinochet por un monto superior a los 1.500 millones de pesos.
El pasado miércoles, la ministra María Eugenia Campo que reemplaza al juez Carlos Cerda -quien está inhabilitado temporalmente en el caso, por una recusación en trámite presentada por la defensa del otrora albacea- dio lugar a la petición de certificar evidencias de la causa, a raíz de la solicitud formulada por los abogados Rodrigo Henríquez y Gabriel Salazar.
La resolución de la magistrada fue amplia, en el sentido de autorizar a la Secretaría en lo Criminal del tribunal de alzada capitalino a certificar «lo que en derecho corresponda».
El procedimiento habitual para obtener estos documentos es que la titular de esta última instancia revise el expediente y, según el mérito de los antecedentes que ahí consten, constate los hechos objetivos del proceso.
Sin embargo, como la causa Riggs acumula ya más de 260 tomos, según distintas fuentes consultadas, lo que correspondía era que la funcionaria titular, Silvia Cancino, consultara al actuario a cargo de la custodia de los tomos del proceso respecto a los hechos que podían ser certificados y los que no.
Al ser requerida al respecto, la secretaria que emitió el documento un día después de la autorización de la jueza, reconoció que el chequeo no fue realizado, argumentando que diez días antes había emitido otro certificado para la defensa de Aitken, por lo cual no estimó necesario revisar nuevamente los antecedentes.
Suspicacias
Al margen de la rapidez con que se evacuó este certificado, lo que generó suspicacias en los querellantes del caso fue el tenor de los hechos establecidos, ya que se habría incluido aspectos del fondo del caso y no evidencias del mismo. Según las normas que regulan la entrega de estos papeles, sólo pueden acreditarse elementos objetivos y no interpretaciones sobre los antecedentes del caso.
De hecho, el CDE trató de intervenir para evitar que este documento se extendiera, presentando un escrito, debido a que se estaban acreditando hechos que no eran objetivos, porque los delitos de los cuales Aitken solicitaba ser desvinculado aún están siendo investigados por el tribunal.
Sin embargo, la presentación del organismo fiscal llegó tarde, ya que fue interpuesta el mismo día que fue extendido el documento, mientras que -en forma paralela- el abogado Henríquez legalizaba la firma de la Secretaria Cancino en la Corte Suprema.
Todas las fuentes judiciales consultadas coincidieron en que dichos papeles no pueden ser solicitados por ninguna autoridad del Poder Judicial, ya que pasan a ser propiedad de la parte para ser usada a su arbitrio.
Uso en el extranjero
Si bien nadie más que los abogados de Aitken conoce el tenor de los certificados -ya que su defensa no accedió a mostrarlos ni menos a facilitar copia-, explicaron que el documento daría cuenta que su cliente no está siendo objeto de investigación criminal por los delitos de malversación de caudales públicos, lavado de dinero, fraude al Fisco y exacción ilegal, y que no se encuentra acreditado en el caso que haya tenido la calidad de funcionario público.
En ese sentido, Henríquez sostuvo que el documento sería presentado a «efectus vivendis» en los alegatos de la recusación contra Cerda.
Otro hecho que llamó la atención fue que el documento se legalizó ante la Corte Suprema, trámite que sólo se realiza cuando existen pretensiones de ocuparlo en el extranjero.
Al respecto, Henríquez aclaró que también era posible que este documento fuera utilizado en el juicio que existe en Estados Unidos entre Aitken y el Banco de Chile, en el que la entidad bancaria busca determinar que el ex albacea de Pinochet fue el único responsable del ocultamiento de cuentas del ex uniformado mediante la utilización de nombres ficticios y sociedades de papel.
Aunque no se ha comprobado ninguna ilegalidad en la entrega del documento, las suspicacias de los querellantes apuntan a que el «misterioso» certificado pueda ser utilizado en otros países, con el objeto de frenar o alzar embargos de fondos de propiedad de Aitken, ya que en varias naciones el embargo de cuentas corrientes o depósitos no procede en el caso de existir sólo delito tributario.
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