Sala Penal de la Corte Suprema dio curso a dos exhortos remitidos por la magistrado interina del 4° Juzgado del Crimen de Valparaíso, María Elena González, al tribunal de Miami que condenó a la tripulación del buque Harbour, el cual fue interceptado en Guantánamo con cinco toneladas de cocaína, en el sonado caso por el cual está procesado el empresario naviero Manuel Losada Martínez.
La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema dio curso a dos cartas rogatorias enviadas por la magistrada interina del 4° Juzgado del Crimen de Valparaíso, María Elena González, quien luego de estas últimas diligencias se apresta a dictar condenas contra los 12 procesados en la llamada Operación Océano, investigación que descubrió una asociación ilícita destinada al tráfico de cocaína a gran escala.
Las mencionadas diligencias se destinan a identificar a los abogados que en Miami prestaron asesoría legal a la tripulación del buque Harbour o Golden Hill, la cual fue interceptada por el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos en la base de Guantánamo, Cuba, el 6 de enero de 1992.
Asimismo, se busca establecer cuál es la situación judicial que enfrenta en ese país Mario Valencia Trujillo, empresario dedicado al rubro papelero quien, luego de la detención de los hermanos Rodríguez Orejuela, quedó como el líder del cartel de Cali en Colombia.
Valencia Trujillo era conocido en el marco de la Operación Océano bajo el nombre de Oscar Martínez, quien figuraba como dueño de las cinco toneladas de droga incautada en enero de 1992 frente a las costas de Miami.
Su verdadera identidad fue establecida por un equipo especial de la Drug Enforcement Administration (DEA) en Estados Unidos, dirigido por el agente Luis Pérez, el mismo que investigó el caso en Chile y que debió regresar a su país debido a la denuncia formulada en su contra por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), por advertir al empresario naviero Manuel Losada Martínez que iba a ser detenido por Carabineros.
Según consta en los registros del Departamento de Extranjería y Policía Internacional de Investigaciones, Valencia Trujillo ingresó al país en al menos dos ocasiones con su verdadera identidad y estuvo alojado en el Hotel Miramar, lugar donde sostuvo reuniones con el mencionado empresario viñamarino dueño del buque.
Según ha reconocido públicamente Losada, la sociedad que conformó en Panamá para la compra de los buques era en parte de propiedad del colombiano. «Yo sólo actué como agente y mandatario, pero no aporté ni un sólo peso para esa sociedad», sostuvo en una entrevista concedida en abril de 2000. La empresa formada en parte por Losada, Oscar Martínez y otros, era la propietaria del buque Harbour, a bordo del cual fue encontrada la droga.
Estados Unidos, a través de la Fiscalía de Tampa, Florida, logró la extradición de Valencia Trujillo, también apodado «El Joven», en el marco del juicio que se inició en contra de José Castrillón Henao, colombiano que fue extraditado desde Panamá y sindicado como el heredero de las rutas del cartel de Cali, en cuyas embarcaciones se trasladaron hasta el buque Harbour las 5 toneladas de cocaína decomisadas en 1992. Tanto Valencia como Castrillón figuran -en los informes de Estados Unidos- vinculados a Losada y su organización.
Abogados
Según los antecedentes recopilados por El Mostrador.cl, las diligencias solicitadas por la jueza González apuntan a lograr que se interrogue a los dos abogados que asistieron a la tripulación del Harbuor en el país del norte, uno de los cuales es Roger Moore, quien habría sido contactado por el abogado chileno Mario Antonio Canale-Mayet, quien le habría cancelado un millón de dólares por dicho servicio.
En esa medida, la magistrada pretende que estos profesionales estadounidenses confirmen quién los contrató para la prestación del mencionado servicio legal, quién pagó sus honorarios, sí conocían a su colega chileno Canale-Mayet y si éste alguna vez les requirió informes de sus gestiones o les instruyó en algún sentido en relación con sus labores.
La investigación judicial que se abrió en Chile respecto a estos hechos se inició en 1997, tras los antecedentes aportados por la DEA norteamericana, a raíz del decomiso del cuantioso cargamento de cocaína y el descubrimiento de las vinculaciones que existían con el empresario naviero de Viña del Mar.
Próximas condenas
Según fuentes vinculadas a este caso, la jueza González estaría próxima a dictar condenas contra los 12 procesados en el caso, luego que tanto la Consejo de Defensa del Estado (CDE) -querellante- como las defensas de los imputados contestaran la acusación fiscal que a principios de junio de 2004 dictó la magistrado.
El CDE habría adherido a esta acusación, pidiendo para Manuel Losada Martínez, Luis Bustos Bustos, Hugo Marambio Arellano, Gabriel Toro Toro, Fernando Barría Bercenas, Mario Canale-Mayet Alviña, Vicente Losada Martínez, Juan González Arriagada, Arturo Bazan Villarroel, Patricio Flores Díaz, Guillermo Cabré Martín y Claudia Leigthon Palaciones, una pena de 10 años de presidio por la figura penal de asociación ilícita y otros 10 años de cárcel por el delito de lavado de dinero.
En esa medida, se explicó que estas cartas rogatorias sólo son una reiteración de otras que hace algunos años fueron enviadas a Estados Unidos, solicitando la realización de las mismas diligencias, pero que nunca fueron contestados por la autoridad judicial competente del Estado de Florida.
Por ello, se estima que la sentencia condenatoria de este caso se dicte incluso antes que estos exhortos sean contestados.
