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AFDD: «En democracia hemos perdido a los nuestros. Es una vergüenza»

Servicio Médico Legal notificó oficialmente a los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura que de los 96 cuerpos encontrados a comienzos de la década del ’90 en fosas comunes del Cementerio General, 48 fueron identificados en forma errónea y que otros 37 podrían hallarse en la misma condición.


Escenas de profundo dolor se vivieron en la sede de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desparecidos (AFDD), luego que el Servicio Médico Legal (SML) entregara el listado de oficial de los cuerpos encontrados en el "Patio 29" del Cementerio General, a comienzos de la década del ’90, y que fueron identificadas erróneamente por el organismo.



Tras el encuentro, la presidenta de la agrupación, Lorena Pizarro, exigió al Gobierno que se haga cargo de la grave negligencia cometida por el SML, y que fue reconocida recientemente ante el ministro Carlos Gajardo, responsable de investigar la masiva inhumación ilegal practicada en dicho recinto durante la dictadura militar.



Según los antecedentes entregados por el SML, de los 96 cuerpos inhumados en el "Patio 29", según los análisis de ADN mitocondrial, los restos de 48 personas no corresponden a las familias que fueron entregados inicialmente, en tanto, en 37 casos existen dudas respecto a la identificación original.



"Dentro del horror que significa la desaparición forzada de personas, jamás pensamos que íbamos a enfrentar esta situación. Estamos hablando que a 48 de nuestros familiares nuevamente se les hace desaparecer, estamos hablando que 37 de nuestros familiares no sabemos quienes son, estamos hablando finalmente de que en democracia hemos perdido a los nuestros, es una vergüenza", dijo Pizarro.



Asimismo, el servicio informó que once víctimas no pueden ser identificadas por distintos problemas: 4 cuerpos no arrojan ningún resultado; tres no pueden ser investigados por que los restos no se encuentran en el país; tres no tienen muestras de ADN; y en uno, el ADN no está acreditado.



«Acá hay muchos responsables. Responsables son los agentes de la dictadura que secuestraron e hicieron desaparecer a los nuestros, y que hasta el día de hoy respetan un pacto de silencio para no dar a conocer su destino», sostuvo Pizarro.



«Sin embargo, estas malas identificaciones también se produjeron en el período de la transición democrática. Entonces, también son responsables desde el presidente de la época en que se iniciaron los análisis, Patricio Aylwin, pasando por Eduardo Frei y Ricardo Lagos, además de todos sus ministros de Justicia. Sin duda, también son responsables», añadió.



En ese contexto, Pizarro anunció que se iniciarán las acciones legales pertinentes contra quienes resulten responsables de esta negligencia.



La visión de Rabanal



Sobre el tema, el reconocido crítico del funcionamiento del SML, tanatólogo Luis Rabanal, señaló a El Mostrador.cl que es insólito que recién ahora se esté reconociendo públicamente algo que las autoridades del servicio conocían desde hace años.



Incluso, recordó, él denunció esta anomalía ante los tribunales de justicia en 2002, en su calidad de representante de los funcionarios del cuestionado organismo.



"Hoy en día tratan de asumir una posición de culpa, pidiendo perdón, siendo que ellos tuvieron en sus manos la posibilidad de rectificar los errores técnicos que se cometieron en numerosos casos de detenidos desaparecidos y que ellos obviamente los conocían", señaló.



Prueba de lo anterior, sostiene Rabanal, fue cuando en agosto de 2002 se supo que el SML había ocultado durante siete años un informe del Departamento de Medicina y Ciencia Forense de la Universidad de Glasgow, Escocia, encargado por el Ministerio de Justicia en 1994 para identificar los restos de 27 cuerpos hallados en una fosa en Santiago, atribuidos a víctimas de desapariciones durante el régimen militar.



El informe arrojaba dudas sobre la identificación por parte del SML de tres víctimas cuyos restos ya se habían entregado a los familiares, lo que fue denunciado en su momento por la abogada Pamela Pereira.



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