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Informe de Universidad de Gran

Errores en identificación fueron confirmados por expertos externos a Glasgow

por 27 abril, 2006

Pese a que las autoridades judiciales y políticas han sostenido que los errores detectados por el propio Servicio Médico Legal en la identificación de al menos 48 detenidos desaparecidos no son concluyentes, en octubre de 2002 otra entidad académica europea detectó falencias graves en el primer proceso de identificación llevado a cabo por el organismo forense nacional.
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Pese a que el informe elaborado por el Servicio Médico Legal (SML) respecto a errores en la identificación de al menos 48 detenidos desaparecidos ha sido calificado como "no concluyente", tanto por el magistrado a cargo del caso, Carlos Gajardo, como por la delegada del gobierno para intervenir en el tema, María Luisa Sepúlveda, estas negligencias por parte del organismo forense ya fueron confirmadas anteriormente por profesionales de la medicina forense externos a la Universidad de Glasgow, Escocia.



En octubre del año 2002, nueve meses después de que el informe del doctor Peter Vanezis fuera entregado a los tribunales, la Universidad de Granada realizó una profunda revisión a los métodos empleados por la Unidad de Identificación, en ese entonces a cargo de la doctora Patricia Hernández, quien tuvo que dar cuenta personalmente a la Presidenta Michelle Bachelet respecto a los errores cometidos.



En ese sentido, pese a que este mismo estudio también desestimó los alcances del informe del mencionado profesional escocés, por tratarse de un análisis sobre la base de pruebas poco confiables, a la vez emitió duras críticas contra los procedimientos ocupados en el Instituto forense local.



Errores de forma y fondo



De los 128 cuerpos que fueron encontrados en el Patio 29 del cementerio General, en 1991, una comisión encabezada por el doctor Fernando Botella López, director del Laboratorio de Antropología de la Universidad de Granada, España, escogió 25 casos para revisar, en os cuels después dio cuenta de las graves falencias de forma y de fondo para llevar a cabo estos peritajes médico legales.



Sin pronunciarse sobre el resultado mismo de las pericias, estableció que el SML "no usaba de manera correcta la metodología antropológica. Es necesario abordar a la mayor brevedad posible una revisión completa y sistemática de todos los protocolos. Una vez concluida esta fase, será preciso estudiar todos o parte de los casos, con garantía científica suficiente y a cargo de especialistas de calidad contrastada".



"Resulta imprescindible capacitar adecuadamente al personal encargado de estos estudios y dotar e medios e instrumentos de medida a la Unidad (de Identificación). Sería conveniente formar a nuevos técnicos que se unan a los ya existentes para incorporar los avances más recientes en el terreno de la antropología forense a la labor diaria", añade el estudio.



En este documento, los profesionales a cargo del análisis de la metodología consignaron el desorden y desprolijidad respecto a la elaboración de los protocolos de autopsias confeccionados por la repartición. "Los informes, actas y el resto de los documentos se amontonan sin seguir una sucesión cronológica o de cualquier otro tipo. Es la tónica general que se incluyan carpetas borradores y copias de los informes, en ocasiones hasta cinco borradores con correcciones, que no tienen relevancia alguna y sólo contribuyen a engrosar el tamaño de la carpeta", establece el pronunciamiento.



Asimismo, da cuenta que en un gran número de expedientes de identificación no existían fotografías de los restos óseos que se habían identificado, también que bajo la creencia que un esqueleto en particular contaba con similitudes evidentes con una persona, se desvirtuaban inmediatamente otro tipo de pruebas para chequear esta posibilidad, dando cabida a errores, ya que mientras mayor número de referencias científicas, más grado de certeza.



Supuesto rol de la doctora González



Un hecho que llama la atención en la investigación de la Fiscalía de la Corte Suprema es que en su correspondiente informe se establece que en el SML nunca se recibió el recibo del pago que se efectuó a la Universidad de Glasgow, por la elaboración del controvertido informe, estableciéndose que la cuenta donde se depositó 23.813 libras esterlinas (21.920.117 pesos en la actualidad) fue indicada por la doctora América González, quien realizó en esa casa de estudios un curso de especialización en video-superposición.



Esta doctora, además, aparece mencionada en reiteradas ocasiones en las denuncias que realizaron ex funcionarios del organismo ante la Contraloría General de la República, el año 2002, siendo vinculada a la concreción de convenios con universidades privadas, en la época del cuestionado director del SML, Jorge Rodríguez Díaz



En la implementación de los convenios, y cursos que se imparten a las universidades, juegan un rol muy importante la doctora América González Figueroa, que llegó a ser designada para este efecto, como Jefa del Departamento de Docencia del Servicio Médico Legal, antigua funcionaria a contrata, con 44 horas de desempeño en el Departamento de Tanatología, cuyos servicios en el Servicio Médico Legal, se originaron durante el gobierno militar.



Según el documento, que dio lugar a una investigación que aún no concluye, esta facultativa jugaría "un importante rol en sus ambiciosos planes (de Rodríguez Díaz) de comercializar la experiencia tanatológica del SML a través de los 'convenios', y en lo que dice relación también con la gestión de respaldo que le presta en general en la administración organismo".



En la presentación, la ex directiva de los funcionarios plantearon que, además de que esta especialista fuera designada por el ex director como Jefe titular y suplente del Departamento de Tanatología, Directora Nacional Subrogante, Jefe del Departamento de Extensión y Docencia, fue becada en múltiples cursos celebrados en Chile y en el extranjero. Pero, la mayor de sus eventuales gratificaciones se referiría a salvar su responsabilidad funcionaria en varios hechos irregulares.



La historia de errores de la doctora González, que no habrían sido sancionados, se incluyeron los siguientes episodios: error pericial grave en la autopsia de Sergio Godoy Echegoyen, estudiante asesinado en Quillota en una comisaría de Carabineros, a quien le atribuyó como causa del fallecimiento la muerte súbita, ocultando que falleció a causa de politraumatismo, a causa de las torturas recibidas; autopsia de Cecilia Magni, asesinada por efectivos militares de la Central Nacional de Identificaciones (CNI) en el río Tinguirica, a quien le atribuyó la muerte por causa de asfixia por sumersión, ocultando que ocurrió a causa de politrautmatismos, con señales de haber sido violada analmente y torturada; error pericial en la autopsia de presos calcinados en la Cárcel de San Miguel, correspondiente a siete presos calcinados en un incendio ocurrido en la Cárcel de San Miguel, en cuyo caso los errores de identificación importaron entregar en forma equivocada tres cadáveres a familiares que no le correspondían, lo que causó un grave escándalo nacional.



También la doctora González habría tenido responsabilidad del extravío negligente de informe que daba cuenta del error pericial cometido con respecto a calcinados de San Miguel, así como en la pérdida del informe de ADN, desaparecido de su escritorio, y que daba cuenta del error pericial en que había incurrido en los casos del mencionado recinto penitenciario.



"Le correspondió al tecnólogo médico Hugo Jorquera González, Jefe de Unidad de Biología Molecular, descubrir la verdadera identidad de los calcinados, redactó el informe y le confidenció personalmente su resultado a la Dra. González. Esta ocultó el informe oficial redactado y firmado por Jorquera, alegando que lo extravió y que nunca se impuso de su contenido. El tecnólogo Jorquera, a su vez, guardó completo silencio", sostiene el documento.



"No obstante estos reiterados y graves errores periciales, la Dra. González no ha sido sancionada, prestándole siempre el Director Nacional Dr. Jorge Luis Rodríguez Díaz, su más amplio apoyo y respaldo. La ha designado Jefe de la Unidad de Identificación y ha insistido en nombrarla Jefe o Encargado de la Unidad de Docencia, para la aplicación de los Convenios", añade.





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