Magistrado elevó de oficio los antecedentes que involucran al general retirado con el secuestro y posterior crimen del ex químico de la disuelta DINA. Entre ellos, se encuentran las declaraciones que los ex militares chilenos procesados en la investigación entregaron luego de la llegada al país de tres uniformados uruguayos extraditados desde Montevideo.
El ministro en visita Alejandro Madrid solicitó este martes el desafuero del general (R) Augusto Pinochet Ugarte, por su presunta responsabilidad en el secuestro y posterior homicidio del ex agente de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Eugenio Berríos.
Fuentes judiciales indicaron a El Mostrador.cl, el objetivo de la solicitud es tomarle una declaración indagatoria para determinar el grado de involucramiento del ex uniformado con el operativo que terminó con el ex químico muerto en una playa de Uruguay en 1993.
Las mismas fuentes agregaron que la decisión se adoptó de acuerdo al artículo 612 del Código de Procedimiento Penal, en el sentido de que un juez pedirá el desafuero de una autoridad que tenga esa protección cuando surjan antecedentes que en otro caso "podrían bastar para decretar la detención de un inculpado".
En esa medida, no fue necesario que alguno de los querellantes en la investigación -la familia de Berríos o el Consejo de Defensa del Estado (CDE)- hiciera la solicitud al magistrado, sino que éste actuó de oficio.
El escrito presentado por Madrid ante el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, instancia que ahora debe fijar una audiencia para analizar el desafuero, consta de dos carillas y media, y además se adjuntaron tres tomos del cuaderno principal de la investigación.
Entre los antecedentes aportados por el magistrado, agregaron las fuentes, se encuentran las declaraciones que los ex militares chilenos procesados en la investigación entregaron luego de la llegada al país de tres uniformados uruguayos extraditados desde Montevideo.
Pinochet ya se encuentra desaforado y procesado por su eventual responsabilidad en la Operación Colombo, como se conoció el operativo para asesinar en el extranjero a 119 chilenos opositores a su régimen en 1975, y por el caso Riggs, sobre el origen de su millonaria fortuna.
Berríos fue sacado subrepticiamente del país en 1991, para evitar que declarara en la investigación por el atentado contra el ex canciller Orlando Letelier, y permaneció oculto en Uruguay, protegido clandestinamente por oficiales chilenos y uruguayos.
Sin embargo, el cuerpo del ex miembro de la disuelta DINA fue hallado en abril de 1995 en una playa del Río de la Plata, a 30 kilómetros al oeste de Montevideo maniatado y con un disparo en la cabeza.
Sospechas fundadas
En su escrito, el magistrado sostiene que existen "sospechas fundadas" de que Pinochet tuvo participación en una asociación ilícita para facilitar la salida de ex miembros de los servicios de seguridad de la dictadura, para que eran requeridos por los tribunales de justicia.
Para ello, agrega Madrid, tuvo colaboración de dos ex directores de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) -Hernán Ramírez Rurange y Álvaro Covarrubias-, además de empleados civiles de la institución castrense y personas ajenas a ésta.
Todos "posibilitaron el egreso del territorio nacional, utilizando un documento de identificación falso, del químico Eugenio Berríos Sagredo, vinculado a la ex DINA, luego lo mantuvieron privado de su libertad de desplazamiento en Uruguay, siendo vigilado por miembros de los Ejércitos de Chile y de ese país y finalmente se le dio muerte".
Madrid recuerda que estos hechos ocurrieron mientras Pinochet ocupaba la jefatura del Ejército, y que en el expediente no existen ningún antecedente que acredite que adoptó alguna medida para evitar que se concretaran o, en su defecto, para sancionarlos.
Entre los antecedentes, se hallan las declaraciones del los generales (R) Ramírez Rurange, Manuel Contreras -ex jefe de la DINA-, Francisco Ferrer Lima, y quien fuera jefe de avanzada de seguridad de Pinochet, Carlos Herrera Jiménez, condenado por los crímenes del sindicalista Tucapel Jiménez y del carpintero Juan Alegría, y que también estuvo oculto en Uruguay.
También incluyó otros testimonios contenidos en el expediente tramitado por la justicia uruguaya, y que fue sobreseído, además una declaración reservada que se mantiene en custodia.
Celebran decisión
El pedido de desafuero de Pinochet fue celebrado por los abogados querellantes en la investigación, que estimaron que en el proceso existen datos contundentes que permiten acreditar la participación del ex militar en estos hechos.
"Existen indicios más que suficientes que podrían dar mérito para su procesamiento (de Pinochet) por asociación ilícita, además del secuestro y homicidio de Eugenio Berríos", afirmó el abogado Tomás Ehrenfeld, que representa a la viuda del ex químico de la DINA.
"En su resolución, el ministro nada dice (si dio la orden o participó en el asesinato), sino que solamente de que existen indicios suficientes como para que s someta a proceso a Pinochet por esos delitos. De tal forma, está pidiendo la autorización al pleno la Corte de Apelaciones para realizar las diligencias pertinentes para acreditar esto, como careos entre Pinochet y los militares uruguayos extraditados", explicó.
A su vez, el abogado Álvaro Varela, representante de la familia del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, coincidió en que el expediente se ha reunido información "muy clara y precisa" en el sentido de que el ex jefe castrense "dio la orden criminal de secuestra y asesinar a Eugenio Berríos".
Según el profesional, el nonagenario ex militar fue quien dio la orden de asesinar a Frei Montalva -que falleció en 1982 tras someterse a una intervención quirúrgica- con los elementos químicos que Berríos fabricaba para la DINA, y que luego instruyó el crimen de este último.
"Aquí hay una secuencia de hechos, existen presunciones que nos permiten señalar que Pinochet dio la orden de asesinar a Frei utilizando los productos que fabricaba Berríos y, por consiguiente, la segunda etapa obvia y lógica de ese secuencia criminal era eliminar a Berríos y eso es lo que ha ocurrido y son las pruebas que existen en este proceso", sostuvo.
Ronda de careos
La decisión de Madrid se produce en momentos en que ha iniciado una ronda de careos con los procesados en la investigación y que se, espera, se prolongue por los próximos días.
En la víspera, confrontó las versiones del teniente coronel uruguayo Eduardo Radaelli y el funcionario civil del Ejército Raúl Lillo Gutiérrez, quien habría colaborado en el operativo que permitió sacar a Berríos de Chile.
Madrid también tiene previsto someter a este tipo de diligencias al coronel retirado Tomás Casella y al coronel en servicio activo Wellington Sarli, los otros dos uruguayos extraditados a Chile por su presunta responsabilidad en el secuestro y crimen de Berríos.
En esta ronda también participarán los generales retirados Eugenio Covarrubias, Hernán Ramírez Rurange, ambos ex directores de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), el mayor retirado Arturo Silva Valdés, y el capitán retirado Jaime Torres Gacitúa.
Todos los uniformados se encuentran procesados en calidad de autores del delito de asociación ilícita para cometer secuestro y obstruir la justicia.
Adicionalmente, Ramírez Rurange, al igual que los tres uruguayos, enfrenta cargos como autor del delito de secuestro, mientras que Covarrubias enfrenta cargos como autor de secuestro con homicidio.
