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Caso Riggs

Establecen 'modus operandi' para desviar gastos reservados hacia Pinochet

por 12 mayo, 2006

Tras recibir un informe elaborado por la Brilac de Investigaciones, el ministro de fuero Carlos Cerda estaría en condiciones de aclarar cuál fue el sistema utilizado por el ex uniformado para desviar fondos públicos a sus cuentas personales, ocupando para ello la estructura de la llamada Casa Militar y a sus ex secretarios privados.

Luego del letargo que produjo la recusación que afectó el ministro de fuero del llamado Caso Riggs, Carlos Cerda, la investigación se volvió a reactivar a través de nuevos informes periciales allegados a la causa que dan cuenta de cual fue exactamente el mecanismo mediante el cual el general (r) Augusto Pinochet desvió fondos de gastos reservados a sus cuentas en el extranjero, y cómo fue la manera en que posteriormente se trajo parte de esos fondos a Chile.



Recientemente fue anexado al expediente un informe del Departamento de Investigaciones de Delitos Tributarios (Didet) del Servicio de Impuestos Internos (SII), el cual da cuenta de la totalidad de depósitos que mantuvieron los ex secretarios privados del ex uniformado en el Banco Riggs de Miami, abarcando desde 1990 a la fecha. En este análisis se incluyeron los antecedentes de los coroneles (r) José Miguel Latorre (1989-1991), Gabriel Vergara (1991-1995), Juan Ricardo Mac Lean (1995-1996) y Eugenio Castillo Cádiz (1997-2001).



Según trascendió, en el caso de Mac Lean se estableció que éste manejó cuentas a su nombre en la mencionada institución bancaria por un monto total de 104 mil dólares, mientras que en el caso de Castillo Cádiz, ese monto ascendería a la actualidad a cerca de 60 millones de pesos. En todo caso, el ente fiscalizador también aclara que el único caso que, eventualmente, no estaría afectado por la prescripción sería el del último de los uniformados mencionados, ya que luego la figura del secretario personal de Pinochet,fue reemplazada por la del jefe de la guardia personal que aún custodia al otrora senador vitalicio.



Este pronunciamiento del SII se basó en los antecedentes recopilados en un informe de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac), el cual analizó las numerosas transferencias de fondos de los ex jefes de la llamada Casa Militar, las cuentas abiertas a nombre de identidades falsas y sociedades off shore de propiedad de Pinochet y, asimismo, los movimientos financieros de las cuentas en el extranjero que manejaron los ex secretarios privados del ex gobernante de facto.



El mecanismo



El punto de partida de este análisis policial fue establecer el destino de los dineros que podrían corresponder a fondos reservados de la Comandancia en jefe del Ejército, así como de la Presidencia de la República, durante la década de 1980. En ese período fue cuando se abieron cuentas, sucesivas entre sí, por parte de los ex jefes del círculo de asesores castrenses más cercano a Pinochet.



De esta forma, se habría establecido que la forma de transferir gastos reservados hacia las cuentas de Pinochet en el exterior fue a través de los depósitos de fondos fiscales en las cuentas que manejaron los generales (r) Guillermo Garín y Jorge Ballerino y los coroneles (r) Ramón Castro Ivanovic y Gustavo Collao. Estos dineros luego habrían sido desviados a las cuentas y depósitos ligados al patrimonio del ex comandante en jefe del Ejército, abiertas a nombre de sus sociedades off shore y sus identidades falsas.



En tanto, la vía para traerlas y utilizarlas en Chile se concretó mediante depósitos de estos fondos a las cuentas que debían abrir los uniformados que ocuparon el puesto de secretario privado del general (r) en la década de 1990, como el coronel (r) José Miguel Latorre Pinochet, quien abrió el 10 de abril de 1989 la cuenta n° 451666 en el Riggs Bank de Miami con un cheque de US$ 47.000, provenientes de los fondos ocultos del entonces jefe de Estado.



Latorre, así como los coroneles (r) Vergara, Mac Lean y Castillo Cadiz, por su parte, debieron girar cheques por montos solicitados por Pinochet para ser cobrados en Chile, hechos que completarían la cadena para "limpiar" los dineros que presuntamente se defraudaron al Estado chileno. En ese sentido, en su petición de desafuero contra el general (r) por el delito de malversación de caudales públicos, el entonces juez del caso, Sergio Muñoz, estableció que esta cifra llegaría a un monto superior a los 2 millones de dólares. No obstante, en el proceso existirían presunciones acerca que esta defraudación superaría los 4 millones de dólares.



Citaciones al SII



En cuanto a la investigación tributaria sustanciada por el SII, trascendió que el coronel Castillo Cadiz será citado ante el organismo fiscalizador a fin de justificar el origen de los fondos que mantuvo depositados en el Riggs Bank y, asimismo, explicar porque dicho dinero no fue declarado en su declaración de impuestos de los años respectivos.



Por otra parte, el SII también citó a los hijos del general (r) Pinochet, Augusto, Marco Antonio, Lucía, Jacqueline y María Verónica, a fin de que también justifiquen la procedencia de los activos que han manejado al interior de Chile, como en el extranjero, durante los últimos seis años. Esta diligencia deberá llevarse a cabo antes del próximo 30 de mayo, debido a que el estamento se encuentra elaborando una nueva reliquidación de los impuestos que cada uno adeudaría.



En tanto, ayer el ministro Carlos Cerda rechazó revocar el procesamiento de la esposa de Marco Antonio Pinochet, María Soledad Olave, a quien se le imputa haber presentado declaraciones de impuestos maliciosamente incompletas, evadiendo un monto cercano a los 3,5 millones de pesos.



El juez rechazó los tres principales argumentos que interpuso la defensa de Olave, a cargo de los abogados José Ramón Correa y Juan Ignacio Piña, en la media que desestimó que el tribunal hubiera actuado de oficio para procesar a la mujer, ya que el SII había presentado un téngase presente que actuaría como denuncia. Además, ella ya había atestiguado exhortada a decir verdad en la causa, es decir, como inculpada, por lo cual se cumplió el requisito de la declaración indagatoria. Respecto a los antecedentes probatorios adjuntados a la presentación, Cerda le confirió traslado al SII, con el fin que reestudie la situación a la luz de estos nuevos antecedentes.





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