Representante diplomático dejó entrever que las relaciones entre Chile y Perú se podrían ver dañadas si Fujimori utiliza su libertad condicional, obtenida hoy, para fugarse, asilarse o para intervenir en la política del Perú. Meier dijo que su país respeta la decisión de los tribunales chilenos, pero aclaró que el controvertido político debe ser juzgado por justicia peruana.
El embajador de Perú en Chile, José Antonio Meier, dijo que pedirá todas las garantías al Estado chileno para que el ex Presidente peruano Alberto Fujimori no se fugue del país, ni se asile en alguna embajada, aprovechando la libertad condicional que le concedió este jueves la Corte Suprema.
El representante diplomático dejó entrever, en declaraciones formuladas a El Mostrador.cl, que las relaciones entre ambos países se podrían ver dañadas en caso de producirse un incidente de este tipo y fue enfático en señalar que este tema debe quedar en el plano bilateral, consultado en relación al eventual asilo de Fujimori en la legación japonesa en Santiago.
«Japón no puede tener parte en este proceso», recalcó.
Meier aclaró que el Presidente Alejandro Toledo ya se encuentra al tanto de la decisión de la Corte chilena y que le trasmitió su preocupación por la eventual fuga del "extraditable".
-¿La libertad de Alberto Fujimori incidirá en las elecciones peruanas?
-Creo que no. Estoy convencido que no. Porque este es un tema en el que hay un consenso en la mayoría de la población peruana, cosa que tienen que tener en consideración los candidatos (Alan García y Ollanta Humala), de que el ex Presidente Fujimori debe ser extraditado al Perú (…) De manera que creo que tienen claro que este es un tema judicial y que él se tiene que poner a derecho.
-¿Tiene algún temor con respecto a que pueda fugarse o asilarse en alguna embajada?
-Precisamente consideramos que la decisión de poner en libertad provisional al extraditable acrecienta de manera real las posibilidades de una fuga del requerido.
-¿No confía en las medidas de seguridad que imponga Chile?
-Por el contrario, confiamos que el gobierno chileno va a adoptar las medidas necesarias para que esto no suceda, así como que garantizar de que este caso se mantenga en el ámbito judicial, más no político.
-¿Qué va a pasar si finalmente no es extraditado?
-No me puedo poner en situaciones hipotéticas…
¿Una derrota para Perú?
-¿Pero la libertad no es considerada una derrota para Perú?
-Para nada, porque el fondo del asunto no está prejuzgado por esta decisión de la Corte, el fondo del asunto se mantiene vigente, es decir, todas las pruebas de hecho y derecho que ha presentado el Perú y esto no tiene nada que ver con la cuestión de fondo, es un tema de procedimiento.
-¿Cómo consideran que ha actuado la justicia chilena y qué pasos legales van a seguir de ahora en más?
-Desde el punto de vista de la libertad, vamos a solicitar al gobierno de Chile, al Ejecutivo de Chile para que las condiciones de esa libertad no se constituyan, como digo, en un clima adecuado de aprovechamiento político por el extraditable.
Estas son gestiones judiciales, por cierto, debido a que este señor es un extranjero en el Perú y tiene las limitaciones de ser extranjero. Además, ingresó ilegalmente a Chile, por lo cual su protección actual es simplemente el proceso de extradición. Si no hubiese proceso de extradición, este señor habría sido expulsado simplemente de Chile. Esas son las gestiones que vamos a hacer para que se nos garantice que la libertad no se transformará en un asunto político y afecte al proceso como las relaciones bilaterales.
-Y la Corte Suprema chilena, ¿cómo ha actuado?
-La Corte ha determinado las condiciones de esa libertad condicional, y que entiendo que es el pago de una fianza de más de un millón de pesos, así como también, seguramente, que se reporte de manera regular a los organismos jurisdiccionales chilenos (…) Ahora, no puedo pronunciarme sobre las acciones de las cortes de Chile porque el Perú respeta las independencia que tienen, así como los chilenos respetan la autonomía del Poder Judicial del Perú, puesto que en última instancia será la justicia peruana, en el marco de un debido proceso, quien juzgue al extraditable.
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