Carola Velasco, del Instituto LyD, señala que existe consenso en que la principal causa del bajo rendimiento de los colegios se debe a un sistema de administración perverso, donde no existen incentivos para que los colegios mejoren. Felipe Zamorano, del Instituto Libertad, le agrega el problema de los recursos, que se solucionaría mediante el proyecto de subvención diferenciada.
Si bien el paro estudiantil de este martes tiene objetivos de corto plazo como la gratuidad de la PSU y transporte gratis, académicos de centroderecha advierten que los esfuerzos del Gobierno deben centrarse en los objetivos de largo plazo para la mejora de la calidad de la educación.
El Mostrador.cl consultó a expertos del Instituto Libertad y Desarrollo y el Instituto Libertad, quienes coinciden a grandes rasgos en el diagnóstico del problema y también en la forma de solucionarlo.
Para Carolina Velasco, investigadora del Instituto Libertad y Desarrollo, el principal problema que tiene la educación en Chile no pasa necesariamente por una falta de recursos, sino que por la forma en que éstos son administrados.
"Concuerdo con los estudiantes que aquí hay un problema de administración de gestión. Esto fue identificado por la comisión Brünner el año 94. Desde esa fecha nosotros sabemos que hay un problema de gestión de los recursos y no se ha solucionado. Siguen habiendo las mismas trabas legales-administrativas. Hoy día lo que se requiere es otra modalidad de administración", indica.
Velasco es favorable a entregarle una mayor autonomía a los colegios en la administración de sus recursos. "Hoy día, si bien los colegios son descentralizados entre comillas -porque no dependen de un mismo ministerio – no tienen total autonomía para sus decisiones porque dependen administrativamente del municipio y de la buena voluntad del alcalde y del director de educación de turno quien administra un fondo común de recursos", explica y agrega que los municipios muchas veces deben poner dinero de su bolsillo y "reciben presiones políticas de parte de los apoderados, que son sus votantes, para no cerrar colegios".
Falta de incentivos
Esta dependencia viene acompañada por una falta de incentivos, ya que si bien a los colegios se les paga por alumno asistido (alrededor de $30.000 por cada uno), ese dinero va a parar al fondo común municipal y no depende de los resultados individuales de cada establecimiento. Por eso propone establecer un sistema de premios y castigos para los colegios que obtienen mejores y peores resultados.
Carolina Velasco señala que "existe consenso en que el problema que hay que arreglar es de gestión, las diferencias se producen en las formas de solucionarlo. El Gobierno siente que tiene que tener un rol más asistencial para mejorar la gestión, otros creemos que esto se soluciona en gran medida destrabando el sistema, flexibilizándolo, entregándole mayor autonomía a los colegios junto con incentivos".
En todo caso, aclara que no está cerrada a frenar la inversión en educación, que este año asciende a la no despreciable suma de 2 billones 492 mil 480 millones de pesos. Pero antes de pensar en gastar más dinero propone que se realice un estudio serio que diga cuánto dinero se requiere como mínimo para educar un niño, cosa que hasta ahora no existe.
Desigualdad en los recursos
Para el investigador del Instituto Libertad, ligado a RN, Felipe Zamorano, la causa de la mala calidad de la educación no se le puede atribuir sólo a una mal sistema de gestión, sino que también a la entrega de un monto igual de recursos por alumno, sin tomar en cuenta sus diferencias . "Si tú tienes un porcentaje significativo de jóvenes en el sector municipal que provienen de un sector socioeconómico vulnerable, tienes resultados inferiores a los niños provenientes de sectores más acomodados, a un nivel igual de gasto. Eso quiere decir que los primeros requieren de más recursos para educarse respecto de los segundos, lo cual hace crecer la brecha entre ambos grupos", indica.
Lo anterior produce la denominada segregación escolar (cuando, por ejemplo, un establecimiento echa a un alumno con notas bajo 5.0) ya que los colegios buscan a los alumnos más "baratos" de educar, es decir, los que tienen un mejor rendimiento. Esta situación se solucionaría con el proyecto de subvención diferenciada, en trámite en el Congreso, que busca entregar una subvención mayor a los alumnos más caros de educar para que el colegio no haga estas diferencias.
"Hay un descontento en un sector porque el gasto en educación se ha triplicado desde los 90 y los resultados siguen igual de malos. Antes de meterle más recursos primero veamos como podemos mejorar la forma en que se están usando esos recursos", señala Zamorano.
A ello se le suman, según el economista, una serie de problemas ligados a la gestión de estos colegios. "El sector municipalizado tiene que regirse bajo el estatuto docente, a diferencia del sector subvencionado que lo hace a través del código del trabajo. Esto hace que los colegios municipales tengan mayores trabas para echar a un profesor que se está desempeñando mal. Hay un problema de gestión de los docentes", asevera, en plena concordancia con la investigadora de LyD.
Pese a estos problemas no es partidario de volver al sistema de educación centralizado sino que, tal como señala el informe Brunner, que prefiere perfeccionar la descentralización de la educación.
LOCE politizada
Asimismo, los dos expertos rechazan la solución propuesta por parlamentarios del bloque PS-PPD, quienes piden reformar la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) por considerarla "una camisa de fuerza" para los desafíos que enfrenta la educación.
Velasco descarta que ésta privilegie el principio de la libertad de enseñanza sobre el derecho a la educación: "Yo creo que esa es una afirmación más bien socialista que va en la línea de devolver la administración de los colegios al Estado, porque no hay ninguna otra razón para afirmar que esta ley protege un derecho sobre otro. Esta ley no protege ninguno de los dos derechos, sólo los nombra, porque ambos son derechos constitucionales".
Zamorano señala que la demanda para derogar la LOCE "puede tener detrás un elemento político, porque es una ley que se aprobó durante el gobierno militar". Y añade que la literatura que existe no la menciona como una de las causantes de la situación de la educación en el país.
