El presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Diego Simpértigue, valoró la decisión del Ministerio de Justicia y del Congreso, respecto a aplazar la entrada en vigencia del nuevo sistema penal juvenil, al estimar que de esta manera se evitó una »catástrofe» y una situación que, a su juicio, podría haber afectado en forma irreparable la imagen del Poder Judicial.
El presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Diego Simpértigue, consideró que la promulgación de la Ley de responsabilidad penal juvenil por parte del ex Presidente Ricardo Lagos, el pasado 28 de noviembre, fue una decisión "apresurada", estimando que la responsabilidad del tema recae en la gestión del anterior ministro de Justicia, Luis Bates.
El también ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, en entrevista con El Mostrador.cl, sostuvo que -en su opinión- la decisión sobre aplazar la aplicación de la nueva norma, adoptada por el actual secretario de la cartera de Estado, Isidro Solís, fue un acto "responsable" por parte de la actual administración gubernamental, ya que su entrada en vigencia necesita de condiciones materiales necesarias para su correcto funcionamiento.
"Me parece una decisión responsable, ya que era la única forma de evitar una nueva catástrofe, como lo que hemos visto en la implementación de los tribunales de Familia", sostuvo el magistrado.
En esa medida, Simpértigue estimó que la fecha prevista para la puesta en marcha de esta justicia especializada en adolescentes se debió, primordialmente, a que la opinión de la entidad gremial nunca fue escuchada durante la gestión de Bates, quien prefirió crear comisiones de expertos para trabajar en los proyectos de ley, sin oír la voz de los jueces, quienes son los funcionarios del Estado más conocedores de la realidad de los tribunales y de la falta de mecanismos adecuados para proteger la efectiva reinserción social de los jóvenes que delinquen.
El representante de la entidad gremial explicó que, en ese contexto, "valoramos mucho la decisión del ministro Solís, ya que de otro modo se hubiera generado una nueva situación que podría haber afectado negativamente la imagen del Poder Judicial". Asimismo, consideró que "lo ideal sería que la entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil fuera acompañada de un nuevo Código Penal, que este adecuado a la realidad actual de nuestra sociedad, reemplazando al aún vigente
Aplicación de la antigua norma
En cuanto a la situación que deberán enfrentar todos aquellos que infrinjan la Ley penal, Simpértigue precisó que los jueces deberán aplicar durante un año más la ley antigua, la cual establece que todos los menores de 16 años son inimputables ante la justicia, por lo cual sólo pueden dictarse medidas de protección en caso que cometan delitos graves-
En tanto, entre los 16 a los 18 años, el juez -antes de decidir su situación procesal- deberá necesariamente someterlo a un examen de discernimiento, para saber el grado de madurez que tiene el adolescente en cuanto a los hechos de los que pueda estar imputado. En caso de declararlo no apto para enfrentar un juicio penal, podría ser derivado a un centro de protección para menores.
No obstante, en caso de ser declarado en condiciones mentales para enfrentar su responsabilidad criminal, este menor podría ser trasladado a un centro de detención para adultos, con lo cual existen casi nulas posibilidades de reinsertarlo y rehabilitarlo socialmente.
Historia de la ley
En agosto de 2005, el ex senador DC y actual ministro del Interior, Andrés Zaldivar, calificó como "una decisión oportuna" que acelerará su despacho para ser promulgada como ley este proyecto sobre responsabilidad penal juvenil.
De esta forma, el ahora jefe de gabinete del gobierno de Michelle Bachelet, respaldó la decisión del gobierno de poner «suma urgencia» al la mencionada iniciativa legislativa, lo que implicó que cada rama legislativa tuvo 10 días para despacharlo.
El Congreso finalizó el 12 de octubre, del año pasado, la tramitación del proyecto de ley que debía establecer las responsabilidades penales de los adolescentes. Esta normativa, que tendría que haber comenzado a aplicarse desde el próximo 8 de junio, consiste en un sistema de responsabilidad penal para los jóvenes de 14 a 18 años, generando instancias de rehabilitación, seguimiento y protección a los menores para instarlos a abandonar la delincuencia.
Una de las bases de esta ley, cuya aplicación se aplazó para junio de 2006, también toma en consideración todos los derechos y garantías que otorgan la Constitución y las convenciones internacionales de protección al menor.
Para los delitos de robo con homicidio, homicidio con secuestro, homicidio con violación y robo con violación, habrá una pena máxima de internación en recintos cerrados de diez años para jóvenes entre 16 y 18 años, con la posibilidad de que el juez ordene internación en un régimen semicerrado. Para los menores de 16 y mayores 14 años, el máximo de la penalidad por estos cuatro delitos será de cinco años y también el juez podrá optar por un régimen semicerrado.
En el caso de delitos cuya pena va entre los 541 días a 3 años de cárcel se incorpora la figura de libertad asistida, donde habrá prestación de servicios a favor de la comunidad y monitores que se encargarán de hacer un seguimiento que permita al joven abandonar la vida de delincuencia. Además se incluyen programas de prevención y rehabilitación de alcohol y drogas, y la obligación de que el mencionado monitor incorpore al joven a la vida escolar.
En caso de delitos flagrantes, las policías de Carabineros e Investigaciones deberán poner a los menores a disposición del juez de garantía en un plazo máximo de 12 horas. El menor sólo podrá declarar ante un fiscal con la asistencia de un abogado defensor.
