Ministra del ramo, Vivianne Blanlot, dijo que no está definido si se cambiará la normativa que asegura un determinado financiamiento anual para las FF.AA. o se derogará, pero la idea es que no esté relacionada con el valor de algún elemento en particular. Además sostuvo que no se halla en estudio la idea de ponerle un eventual techo a la actual reglamentación.
La ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, dijo que durante la actual administración se llevará a cabo una modificación de la Ley Reservada del Cobre, que entrega el 10% de las utilidades que deja a Codelco la venta de metal rojo a las Fuerzas Armadas para la compra y renovación de armamento. Y anunció al mismo tiempo que se evalúa la oportunidad de compra de un satélite y que recièn a mediados de julio se tomará una decisión final respecto a si se lleva a cabo o no este proyecto.
En el primer punto señaló que una de las desventajas de la ley actual "es que está atado al valor de un commodity que es muy variable y que en algunas ocasiones no garantizaba el mínimo necesario en Defensa y en otras, como ahora, hace que se acumulan fondos de importancia" .
Agregó que "en la realidad se gasta mucho menos, pues en lo global se destina a estas materias una cifra que está definida en función del gasto posible de la economía, de acuerdo al manejo macroeconómico", y la diferencia que existe sólo se puede destinar a compras "siempre y cuando quepa dentro del cupo de gasto definido por Hacienda".
Lo restante, dijo Blanlot, se va a ahorro al negar otra vez tajantemente que se gaste el total del 10% de lo destinado a las Fuerzas Armadas. "Aproximadamente son 360 millones de dólares que no se van a utilizar", precisó la secretaria de estado, quien dijo que el gasto es de 240 millones de dólares, muy cercano al piso anual predeterminado para el mismo.
Sostuvo que "se debe cambiar esta ley manteniendo un sistema de financiamiento estable a través del tiempo que puede estar ligado básicamente a la regla de superávit estructural y un porcentaje del Producto (Bruto Interno) destinado a las necesidades de defensa". Asimismo, indicó de manera enfática que no está considerado ponerle un techo a la actual normativa.
La ministra explicó que aún no está especificado si habrá "una modificación o una derogación de la ley, aunque obviamente sino se liga el gasto al precio del cobre sería una especie de derogación"
Señaló que espera que el proyecto de ley esté ingresado a mediados de año y que el tema se ha conversado con los miembros de las Fuerzas Armadas.
Satélite
En cuanto a la compra de un satélite al consorcio europeo EADS, precisó que sólo a mediados de julio se sabrá si se lleva a cabo el proyecto y luego, si hay acuerdo, comienza la negociación, "por lo que este proyecto no va a terminar hasta septiembre". El costo del satélite es de 38 millones de euros.
El año pasado comenzó el estudio del proyecto que tiene "un uso civil importante para temas de control ambiental, desarrollo agrícola, protección forestal, planificación territorial, control de costos y usos geológicos, entre otros», puntualizó Blanlot.
Informó que tras una consulta a más de 100 organismos públicos que "usan satélites para sus labores, se calculó que la demanda del sector en los cinco a seis años de vida útil del aparato, bordearía los 27 millones de euros".
Evidentemente en Defensa se utilizan las imágenes satelitales y si bien la iniciativa viene de este ministerio, "eso no quiere decir que no tenga un amplio uso en el nivel civil. La idea es que sea para el uso público y privado de nuestro país".
Frente a las críticas con respecto a que que hubo secretismo a la hora de tomar decisiones con respecto a este tema, el subsecretario de Aviación Raúl Vergara señaló, a su turno, que hubo una licitación, en la que participaron empresas de tres países -Canadá, Israel, Corea-, además de EADS, pero se decidió negociar con el consorcio European Aeronautic and Space Company, pues éste presentó la mejor oferta económica, la que incluía, además, el uso civil del satélite.
La autoridad explicó que hubo una oferta de Israel, pero era exclusivamente de carácter militar y era más cara (140 millones de dólares), mientras otra de Corea del Sur tenía asimismo un elevado costo, y la restante, de Canadá, abarcaba sólo las instalaciones en terreno.
«La oferta europea, por la cual Chile opta finalmente, es la que ofrece, aparte de las mejores condiciones económicas, un satélite de uso mixto, que permite satisfacer no sólo las demandas de la Defensa sino también las demandas del desarrollo civil tanto público como privado», subrayó Vergara.
La adquisición del satélite, que más adelante tendrá una administración civil, permitirá al país detectar también actividades ilícitas como el tráfico de drogas, el contrabando y la pesca ilegal.
Cabe señalar que en 1998, la FACh lanzó su primer satélite, el Fasat-Bravo, que dejó de operar en el 2001, después de cumplir sus tres años de vida útil, luego de que el primero de su clase, el Fasat Alfa, luego de ser lanzado desde una base en la Federación Rusa.
