Tras ocho meses de indagaciones, el juez designado para instruir la segunda investigación por el envío de pertrechos a la ex Yugoslavia procesó por el delito de exportación ilegal de material bélico a tres generales retirados, dos ex oficiales de Famae y dos empleados civiles de la empresa. Además, mantuvo los encausamientos contra los tres condenados en el primer juicio.
Tras ocho meses de indagaciones, el ministro en visita designado por la Corte Marcial para realizar una segunda investigación por el envío de armas a Croacia -en noviembre de 1991-, Alejandro Solís, notificará este martes los primeros autos de procesamientos que dictó en este caso.
Según fuentes de El Mostrador.cl, esta resolución afecta al entonces director de Famae, general (r) Guillermo Letelier Skinner, al ex director de Logística del Ejército, general (r) Carlos Krumm, y al general (r) de la Fach, Vicente Rodríguez Bustos.
A ellos se agregan el mayor (r) Carlos Sepúlveda Cataldo, el coronel (r) David Fuenzalida González y el empleado civil y encargado de Finanzas de Famae José Sobarzo Poblete.
Todos ellos fueron encausados bajo la figura de coautores de exportación ilegal de material bélico a la ex Yugoslavia, pues existen antecedentes suficientes que comprobarían su activa participación en esta operación clandestina, por la cual se habrían obtenido sólo US$ 203 mil como pago, dinero que aún está congelado en las cuentas de Famae en Chile.
Asimismo, el magistrado también decidió procesar a la ex secretaria del general (r) Krumm, Carmen Molina, como cómplice del mencionado ilícito.
En 2005, tras trece años de tramitación en el Segundo Juzgado Militar de Santiago, el tribunal sólo dictó condena contra tres funcionarios de menor jerarquía: los capitanes (R) Patricio Pérez Villagrán, de la FACH, y Patricio Araya Hermosilla, del Ejército, además del empleado civil de la Dirección de Logística del Ejército Ramón Pérez Orellana.
Estos tres últimos funcionarios seguirán procesados por decisión del magistrado.
La transacción
A principios del pasado mes de mayo, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) pidió procesar a los mencionados uniformados y a Sobarzo Poblete. En dicha presentación, el organismo fiscal hizo un relato cronológico sobre cómo se gestó la venta ilegal de material bélico por parte de Famae, pese a la prohibición existente de la ONU debido al conflicto bélico que afectaba a la ex Yugoslavia.
Según el CDE, en abril de 1991, Pérez Villagrán concurrió al centro de negocios de Famae manifestando su interés en adquirir, a nombre de un tercero, armamento para Nigeria y Sri Lanka, siendo este antecedente el que daría cuenta que las negociaciones comenzaron en dicha época.
El militar llegó junto a los extranjeros Sydney Edwards e Ives Marziale, quienes dijeron actuar en representación de Günther Leinhauser, dueño de Ivi Finance Management Cosmosa, empresa que habría estado acreditada para vender armas a las dos naciones mencionadas.
La negociación con Marziale incluía un primer embarque a Sri Lanka y sucesivos envíos por un monto de 6 millones de dólares. De acuerdo al pedido del CDE, los compradores presentaron documentos del Ministerio de Defensa de Sri Lanka, que resultaron ser falsos.
En tanto, en noviembre de 1991, Letelier Skinner, entonces director de Famae, solicitó a la Dirección Nacional de Movilización Nacional autorización para exportar material bélico a Sri Lanka. Además, consiguió que el entonces subsecretario de Guerra, Marcos Sánchez, diera el visto bueno al negocio al día siguiente, pese a que la cartera no chequeó la veracidad de la documentación.
También el CDE, representado por la abogada María Inés Horvitz, mencionó el encuentro encabezado por el general (R) Augusto Pinochet en el Club Militar de Lo Curro, en el que ordenó poner a disposición de Famae el armamento solicitado, dando luces acerca que este negocio se aprobó por la más alta jerarquía del Ejército.
Más allá de eso, está acreditado en la investigación que todas las armas recolectadas desde las distintas unidades del Ejército se encontraba plenamente operativo, lo que también se desprende de la propia orden de comando que consigna que "el material entregado a Famae por parte de las unidades operativas y comandos debe estar operacional".
Carrizal Bajo
Respecto al tipo de armamento, en el proceso ha quedado claro que en la partida no se incluyeron armas incautadas en el sector de Carrizal Bajo al Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). Según Araya, Letelier Skinner le consultó sobre el particular a entonces auditor del Ejército, general (r) Fernando Torres Silva, quien le manifestó que existía esa posibilidad.
No obstante, cuando se preparaba el retiro de unos 300 fusiles calibre 5.56 mm, se dio una contraorden. Torres Silva habría esgrimido que como la investigación de la justicia castrense por dicha internación, aún estaba abierta, no era posible disponer de dichas armas.
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