En la investigación administrativa por el caso de Cinthya Cortés, el abogado Carlos Aguilar recibió antecedentes sobre graves anomalías que ocurrían en el Servicio Médico Legal. Sin embargo, no investigó estos hechos, aún cuando era su obligación legal. Ahora, el funcionario es el secretario de la fiscal designada por el ministro de Justicia para ocuparse del caso.
En marzo de 2004, el entonces fiscal Carlos Aguilar, que instruyó el sumario administrativo por las denuncias que hizo el ex perito del Servicio Médico Legal (SML), Luis Ravanal, respecto a la pérdida de muestras de sangre que se extraviaron durante la investigación por el caso de la joven universitaria Cinthya Cortés, recibió un documento que daba cuenta de las numerosas irregularidades que ocurrían al interior de dicho organismo. Sin embargo, esa denuncia nunca fue investigada por el funcionario.
Este abogado, integrante de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, es el actual secretario de la fiscal designada por dicha cartera de Estado, Constanza Collarte, para esclarecer las responsabilidades administrativas con motivo de las erróneas identificaciones de los cuerpos hallados en el Patio 29 del Cementerio General.
En ese entonces, el tanatólogo Ravanal fue quien le entregó el mencionado documento, el cual detallaba en extenso las situaciones anómalas que ocurrían en el organismo forense respecto a la intervención de sus autoridades en las pericias realizadas por los especialistas, la presunta falsificación de informes de autopsias, los errores comprobados en la identificación de detenidos desaparecidos, las eventuales acciones de obstrucción a la justicia al ocultar información a los tribunales y la persecución funcionaria que sufrían aquellos que se habían atrevido a denunciar tales situaciones.
No obstante, el profesional no habría hecho ningún tipo de indagación respecto a tales imputaciones, pese a que existe un dictamen de la Contraloría General de la República que estableció que los fiscales administrativos tienen la obligación de investigar todas aquellas denuncias que se le presenten en el marco de cualquier indagatoria, según sostuvo el facultativo al ser consultado al respecto.
En esa medida, Ravanal manifestó sus serias dudas respecto al trabajo que actualmente realiza la fiscal Collarte, en la medida que la persona que actúa como su actuario en esta labor recibió todos estos antecedentes y no tuvo ninguna voluntad para esclarecerlos.
El Mostrador.cl intentó en varias ocasiones poder obtener la versión del abogado Carlos Aguilar, pero no fue posible lograrla hasta el cierre de esta nota.
Entretelones de la renuncia de Vargas
En tanto, otras fuentes consultadas por este medio explicaron que la renuncia del otrora director del SML, Óscar Vargas, ya estaba decidida desde antes del viaje de la Presidenta Michelle Bachelet a Estados Unidos, pero que esta medida se retrasó debido a que la mandataria debió convencer al actual titular de Justicia, Isidro Solís, para exonerar al facultativo.
En esa medida, el plazo final para lograr la dimisión fue este miércoles, antes de la emisión del programa Informe Especial, dado que La Moneda ya estaba en antecedentes sobre las graves irregularidades que logró constatar el equipo periodístico de TVN, durante ocho meses de investigación.
Pero, sin duda, uno de los principales escollos que debía sortear la jefa de Estado era alinear a Solís con esta postura, ya que la renuncia de Vargas significaba una suerte de «ofensa» para los radicales, partido al que pertenece el ex funcionario y el ministro Solís. Por ello la decisión se produjo tan sólo unas horas antes de la emisión del mencionado reportaje.
Por ello, la suspensión de su cargo del jefe metropolitano del SML, Leonel Grez, por supuestas irregularidades en las pericias del caso por abusos sexuales al interior del pequeño Cotolengo de Rancagua, fue interpretada como la única salida más digna que se encontró para explicar a su vez la salida de Óscar Vargas.
Vargas y el Patio 29
Aunque el ex jefe nacional del organismo forense nacional eludió cualquier responsabilidad en los errores de identificación de llamado caso Patio 29, debido a que él no estaba a cargo de esta repartición en la fecha en que se recepcionaron los llamados informes «Glasgow», elaborados por el experto Peter Vanezis, documentos recopilados por este medio dan cuenta que su actuación no fue del todo inocente.
A raíz del descubrimiento de estos estudios realizados en Escocia, que permanecieron ocultos para los tribunales de justicia durante siete años, la fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado decidió abrir una investigación debido a la denuncia de la abogada de DD.HH., Pamela Pereira.
En el marco de esas indagaciones, la funcionaria -que en la época tenía la supervigilancia del cumplimiento de las órdenes periciales recibidas por el SML- recibió reiteradas negativas por parte de Vargas para entregar los mencionados informes, que daban cuenta de errores en la identificación de los restos encontrados en el mencionado camposanto.
Ello llevó a Maldonado, el 7 de octubre de 2002, a enviar un oficio al entonces ministro de Justicia, José Antonio Gómez, para dar cuenta de la situación, señalando que, en a lo menos cinco oportunidades, había solicitado copia de esos antecedentes al director del SML, pero que no había obtenido ninguna respuesta.
En ese documento, la fiscal le recordó a Gómez sus facultades de fiscalización, añadiendo además que «la negativa del director del servicio a dar respuesta a los oficios que oportunamente le fueron despachados, sin siquiera informar las razones de dicha negativa, constituye también una falta de deferencia hacia una integrante del máximo tribunal de la República, una situación de extrema gravedad que debe ser puesta en conocimiento de su superior directo, a fin de que adopte las medidas pertinentes».
Ante la intervención de Gómez, el otrora director del SML demoró menos de 24 horas para remitirle sólo parte de los mencionados informes «Glasgow» a Maldonado, ya que se habrían omitido dos análisis elaborados por la doctora América González, la funcionaria que viajó a Escocia para colaborar con el trabajo de Vanezis.
Responsabilidad del Estado
Por otra parte, en entrevista con este medio, otro de los médicos despedidos por denunciar las situaciones irregulares que ocurrían al interior del organismo, el ex funcionario del SML de Valparaíso, Miguel Melivilú, si bien valoró la renuncia de Vargas consideró que «ahora el Estado será quien nos deberá explicar porque los que estuvimos con la justicia fuimos exonerados».
«Ahora se demuestra que la serie de despidos decididos por los ex directores Jorge Rodríguez y Óscar Vargas fueron prácticas arbitrarias y atentatorias contra nuestros derechos humanos», añadió.
Asimismo, dijo que las autoridades gubernamentales también deberán explicar por qué el Estado chileno aún no responde a la denuncia que él interpuso ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, el 8 de abril de 2003. Al respecto, explicó que existía el plazo de un año para que las autoridades del Ejecutivo planteran sus descargos, pero ello no ha sucedido.
«Tengo dos teorías al respecto, la primera es que presumo que ese requerimiento no llegó a Chile por la intervención de la entonces embajadora ante la ONU, Alejandra Falbaum; o, segundo, es que aquí todavía estamos en dictadura, porque los países con administraciones autoritarias son los que proceden de esta forma», sostuvo.
Respecto a la primera de sus hipótesis, el facultativo puntualizó que la mencionada funcionaria diplomática es hermana de Astrid Falbaum, quien fue una de las manos derechas de Rodríguez durante su gestión en el SML.
Durante su intervención en Ginebra, Melivilú dio cuenta de la realización de falsas identificaciones de las osamentas de detenidos desaparecidos, de la determinación y entrega de falsas causas de muerte, de falsificaciones de instrumento público, de ejercicio ilegal de la profesión, usurpación de funciones, obstrucción a la justicia y de ocultamiento de información, hechos que también fueron informados a las entonces autoridades de gobierno.
Primera querella
En otra arista del tema, el abogado Matías Coll presentó la primera querella criminal en contra del forense José Luis Vásquez, a quien se le imputa el falsear una causa de muerte de una mujer que falleció en el hospital San José, producto de que se le inyectó oxígeno a su canal sanguíneo.
Pese a que la autopsia realizada por el propio servicio asistencial determinó una embolia aérea como causa del deceso, el mencionado doctor sostuvo en su informe de autopsia que fue producto de una bronconeumonia.
Por eso, el mencionado profesional interpuso ante el 12° Juzgado del Crimen de Santiago una acción criminal en contra de Vásquez por los delitos de obstrucción a la justicia y falsificación de instrumento público.
Este mismo médico fue el encargado de realizar la primera autopsia en el caso de Rodrigo Anfruns y de la joven Alice Meyer, y además participó en el equipo que realizó las pericias al cadaver del ex Presidente Salvador Allende.
