El pleno del máximo tribunal traspasó los antecedentes presentados por la abogada Pamela Pereira a la fiscal Mónica Maldonado, quien durante el año 2002 investigó el ocultamiento del informe Glasgow a los tribunales de justicia. Ahora, deberá esclarecer qué tipo de labor ha realizado el Servicio Médico Legal con los 70 casos en que ha existido exhumaciones de restos.
En votación unánime, el Pleno de la Corte Suprema resolvió traspasar los antecedentes presentados por la abogada de derechos humanos Pamela Pereira a la fiscal del máximo tribunal, Mónica Maldonado, para instruir una nueva investigación respecto a cómo el Servicio Médico Legal (SML) ha desarrollado el proceso de identificación de restos de detenidos desaparecidos.
Si bien con la entrada en vigencia de la reforma procesal penal en todo el país, esta instancia del alto tribunal ya no tiene la supervigilancia de las labores periciales del instituto forense, fuentes de la magistratura explicaron que como se trata de casos que ocurrieron con antelación al 16 de junio de 2005, corresponde aplicar la antigua legislación.
La fiscal Maldonado ya instruyó una investigación durante 2003, a raíz del ocultamiento del informe Glasgow a los tribunales que estaban a cargo de la investigación sobre la identidad de los 126 cuerpos que, en 1991, fueron hallados en el Patio 29 del Cementerio General.
Pese a que ese documento dio cuenta de múltiples errores en las técnicas aplicadas por el organismo forense permaneció guardado por cerca de siete años, Maldonado concluyó que las autoridades del SML no habrían incurrido en ninguna irregularidad al mantenerlo fuera del conocimiento de los jueces.
Esta conclusión se basó en que, según los descargos de las entonces autoridades de la entidad, los análisis realizados por el experto escocés Peter Vanezis carecían de rigurosidad técnica y científica, por lo que no tenían mayor validez.
No obstante, con la revisión de las identificaciones realizadas nuevamente por el organismo, las falencias de esta tarea volvieron a quedar de manifiesto, con lo cual se desató la crisis definitiva del instituto forense.
Presentación de Pereira
El escrito presentado por Pereira da cuenta de que, según el último informe del SML, de la totalidad de identificaciones que se debían realizar en el caso Patio 29, 48 casos estarían erróneamente individualizados, en otros 30 habrían dudas y habría una gran cantidad de restos que aún siguen con el rótulo de N.N.
La profesional recordó que el 9 de mayo de 2005 había dado cuenta de esta situación al máximo tribunal, añadiendo que «durante una entrevista personal con el hoy renunciado director del SML, Óscar Vargas, y en presencia del entonces subsecretario de Justicia, Jaime Arellano, éste reconoció además la existencia de estos errores que ahora se han hecho públicos».
Asimismo, sostuvo que Vargas también dio cuenta del curso de más de 70 casos en que han existido exhumaciones de restos -presumiblemente de detenidos desaparecidos-, sin que se haya podido precisar a la fecha a cuantas víctimas corresponden. «Esta información nunca ha sido desmentida por ninguna autoridad en las oportunidades que esta materia se ha tratado con el gobierno», añade el escrito.
En esa medida, también da cuenta de los dos informes que ha elaborado el experto en genética molecular Cirstián Orrego, a petición del propio Ejecutivo, que ya en julio de 2003 recomendó paralizar el trabajo de identificación de restos hasta que el SML se encuentre debidamente acreditado para ello.
Además, el facultativo aconsejó someter todo el procedimiento a «un riguroso proceso de revisión, tanto en la toma de muestras sanguíneas, la cadena de custodia de las evidencias y, si es el caso, que se realicen nuevamente estos procedimientos. Estas conclusiones, hasta ahora, no tienen respuesta, a pesar que por tercera vez el mismo experto ha sido consultado y en su reciente visita a nuestro país ha sostenido lo mismo».
