El magistrado a cargo del caso, Alejandro Madrid, buscará los motivos para decidir la muerte del ex químico de la DINA, así como también reconfirmar la cantidad de crímenes en que Berríos estuvo involucrado, como el del diplomático español Carmelo Soria. En tanto, testimonios de otros ex uniformados han ratificado los dichos de Ramírez Rurange sobre orden de Pinochet.
En la semana del próximo 10 de julio, el ministro en visita Alejandro Madrid, a cargo de investigar el asesinato del ex químico de la DINA Eugenio Berríos, tiene proyectado su viaje a Washington, EE.UU., para interrogar a uno de los estrechos ex compañeros de Berríos en la llamada unidad Quetropillán de este organismo represivo, el estadounidense Michael Townley.
Si bien este ex integrante del disuelto organismo de seguridad fue expulsado del país por orden de Augusto Pinochet, en marzo de 1978, su testimonio se transforma en «clave» para dilucidar los reales motivos para que Berríos se transformara en un peligro para el ex jefe de la junta militar, situación que llevó en última instancia a decidir su muerte.
Junto a ello, el magistrado tiene la intención de recabar antecedentes que constan en las investigaciones realizadas en la nación del norte con motivo del asesinato del ex canciller Orlando Letelier y su secretaria Ronnie Moffit en 1976, los cuales también entregarían luces sobre los vínculos internacionales con que actuó la ex DINA en el exterior.
Fuentes consultadas al respecto, explicaron que también esos antecedentes dan luces acerca de los proveedores de las materias primas con que se fabricaron dichos elementos, así como también la constatación de en cuáles crímenes fueron utilizadas esas sustancias fabricadas por estos ex agentes.
En la sentencia del ministro Adolfo Bañados, por el caso Letelier, se afirma que Virgilio Paz, un terrorista cubano condenado en Estados Unidos por su complicidad en el homicidio del ex canciller, estuvo en la residencia en Lo Curro de Townley, en compañía de Berríos y del dueño de casa. En el considerando número 106 del expediente se describe el inmueble, detallándose sus dependencias por medio de planos y fotografías.
Mariana Callejas -ex esposa de Townley- y otros funcionarios de la DINA relatan que en un nivel inferior, separado del cuerpo principal del edificio, funcionaba el laboratorio. La secretaria Alejandra Damiani declara que allí se realizaron experimentos para elaborar un compuesto venenoso que provocaba convulsiones y la muerte.
Unidad Quetropillán
Los antecedentes más recientes que se han recopilado en la investigación han confirmado que Townley, al igual que Berríos, pertenecían a la mencionada repartición de la ex DINA, la unidad Quetropillán, la cual era parte de la Brigada Mulchén y funcionó en la vivienda ubicada en calle Vía Naranja N°4275, domicilio de Townley y Callejas, que en ese entonces era su esposa.
Diversos testimonios dan cuenta de que la Quetropillán estuvo a cargo de la fabricación de armas bioquímicas, para lo cual contaban con un laboratorio totalmente equipado para dichos efectos. Entre otras sustancias, ahí se elaboró gas sarín, descubierto por científicos nazis durante la segunda guerra mundial, y se comenzó la experimentación con bacterias. De hecho, algunos de los ex uniformados que han comparecido recordaron que, en alguna ocasión, se produjo una explosión al interior del recinto y todos los presentes debieron abandonar la casa para no aspirar químicos peligrosos.
Pero también los encargados de estas tareas trabajaron ligados a las operaciones de la Brigada Mulchén, la cual habría estado integrada en la época por el brigadier (r) Jaime Lepe Orellana, el capitán (r) Guillermo Salinas Torres, coronel (r) Paulo Belmar, y el comandante Manuel Pérez Santillán, entre otros.
Caso Soria
Entre las operaciones llevadas a cabo por este grupo operativo se encontrarían el asesinato del diplomático español Carmelo Soria, quien luego de ser detenido por falsos carabineros habría sido llevado al recinto de Vía Naranja, donde se le habría dado muerte después de someterlo a distintos flagelos. Ex uniformados que han declarado ante Madrid aseguraron que, sólo después de eso, fue desbarrancado junto a su vehiculo, en el canal San Carmen.
Estos testimonios desvirtúan la autopsia que se le practicó el 16 de julio de 1976, la cual fue realizada por forenses del Instituto Médico Legal, quienes concluyeron que había muerto producto de los traumatismos producidos por el accidente de tránsito.
«Mi padre no muere por un traumatismo causado por un accidente automovilístico, mi padre muere porque le rompen la cervical, meten su cabeza entre dos peldaños de una escalera y lo jalan hacia atrás, es bastante horrible. Pero, también hay antecedentes de que se le aplicó gas sarín porque se le vio con convulsiones y falta de oxigeno», ha sostenido en varias ocasiones su hija Carmen Soria al acusar falta de voluntad de los gobiernos de la Concertación para investigar este caso.
Asimismo, existen declaraciones que también atribuyen a la Brigada Mulchén ocupar estas armas químicas en el caso del Conservador de Bienes Raíces, Renato León Zenteno, del cabo de Ejército y ex agente de la DINA Manuel Leyton y en reos de la cárcel pública.
La reunión con Pinochet
En tanto, aunque el ex Auditor General del Ejército, general Fernando Torres Silva, es uno de los pocos que ha negado la existencia de una reunión convocada por Augusto Pinochet para tratar la situación de la investigación por el asesinato de Letelier, sustanciado por el ministro Bañados, hay varios testimonios que han confirmado la existencia del encuentro.
En octubre de 1991, mientras se encontraba de viaje en Iquique, el entonces comandante en jefe del Ejército convocó a una reunión a un grupo de generales, entre los cuales se encontraban Torres Silva, el director de la Dirección de Inteligencia (DINE), Hernán Ramírez Rurange, el jefe del Estado Mayor, Rodrigo Sánchez Casillas, el general Sergio Moreno y el general Jorge Ballerino, entre otros.
La cita se llevó a cabo un día sábado en la residencia de los comandantes en jefe, ubicada en calle Presidente Riesco, comenzando a eso de las 20.30 horas, según declaraciones de testigos.
Antes de convocar al encuentro, Pinochet encargó a funcionarios de la Auditoría General del Ejército (Auge) la elaboración de una minuta que resumiera todos los avances que estaba obteniendo el juez Bañados en la investigación Letelier, así como los escenarios posibles que podrían ocurrir con la declaración de testigos claves, como era considerado Berríos.
Ya con esta información en su mano, el objetivo del ex jefe militar habría sido sondear el grado de lealtad de estos funcionarios de confianza, ya que preguntó los mismos antecedentes que tenía en conocimiento, mientras un integrante de la Auge debía asentir o negar discretamente ante las respuestas dadas por los uniformados.
Según estas versiones, la instrucción para todos los asistentes fue mantenerlo al tanto del mencionado proceso en forma diaria, mientras que respecto a la orden que habría dado Pinochet para sacar a Berríos del país, no hay dudas que fue instruída en forma directa al ex director de la DINE.
