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Tohá admite ‘incomodidad’ por suma urgencia puesta a ley de subvención

Presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados afirma que no es incompatible que el Congreso y el Consejo Asesor Presidencial discutan paralelamente sobre el fondo del proyecto, como lo cree el Colegio de Profesores y los universitarios. Sin embargo, no le parece que el Ejecutivo imprima velocidad a una iniciativa que tiene una serie de imperfecciones.


Este lunes el Colegio de Profesores junto a la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), ambas instituciones integrantes del Consejo Asesor Presidencial en Educación, expresaron su molestia por la suma urgencia puesta al proyecto de ley sobre subvención escolar preferencial, debido a que la iniciativa comenzó a ser analizada al interior de la instancia.



La velocidad con que quiere avanzar el Ejecutivo en la materia se debe a que la propuesta es parte de las 36 medidas anunciadas durante la campaña presidencial de Michelle Bachelet y será votada este martes en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados que preside Carolina Tohá (PPD).



Incomodidad



La parlamentaria reconoció, que pese al compromiso del gobierno con el proyecto, que pretende ligar la entrega de más subvención a los alumnos de situación económica más vulnerable a la calidad de la educación que se les entrega, hay incomodidad porque es un tema que se hubiera preferido discutir con mayor tranquilidad.



"Me incomoda un poco (la suma urgencia), pero uno está en esta pega para incomodarse no más…Uno hubiera preferido tratar más tranquilos este proyecto. Ahora, dado que el Ejecutivo que tenía este compromiso de las 36 medidas y de ponerle urgencia, quisieron mantenerse fieles a los anuncios que ya habían realizado", señala.



Pese a la incomodidad por la celeridad del gobierno, la diputada sostuvo que tampoco pueden ceder a los requerimientos del gremio de los profesores y los universitarios en orden a "congelar" la iniciativa, simplemente porque se está discutiendo la iniciativa en el consejo que preside Juan Eduardo García Huidobro.



"No es viable pensar que de aquí a que este consejo termine su trabajo y se transformen sus propuestas en proyectos de ley, se dejen de trabajar los temas de educación en el Congreso Nacional. Creo que eso nunca fue la idea", advierte.



Futuras modificaciones



Tohá está tranquila porque dice que si algo se aprueba en la comisión, será sólo la idea de legislar y no se votarán indicaciones particulares, porque existe consenso respecto a que la iniciativa es cuestionada por distintos sectores vinculados a la educación, por lo que a futuro quedará espacio para hacer observaciones.



"El gobierno nos ha reconocido que una vez que lo votemos en general, que simplemente es la idea de legislar, no es entrar en el detalle de las propuesta del proyecto, no van a insistir con estas urgencias de manera que tengamos tiempo para hacerle las correcciones necesarias, sin el apuro de una urgencia suma como está planteada hoy día", enfatiza.



"Ahora, ellos nos van a plantear mañana (hoy) que están dispuestos a cambiar, eso se va a traducir en una indicación que si no nos deja conforme el proyecto se puede trancar y puede no avanzar ni lento ni rápido", recalca.



Profundizando la inequidad



El proyecto del gobierno establece que a los alumnos -de situación vulnerable- que obtuvieron buenos resultados en el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce) sumarán 18 mil pesos más a la subvención de aproximadamente 30 mil pesos que reciben hoy y sus escuelas serán clasificadas como «autónomas». En tanto, quienes no tengan resultados óptimos serán catalogados como "emergentes" y recibirán 9 mil pesos. Si estas escuelas no logran remontar pasarán a la categoría de en "recuperación"y no se les asignará nada hasta que mejoren.



Todo lo anterior está contemplado sólo para alumnos que cursen de prekinder hasta cuarto básico, lo que algunos parlamentarios como Tohá quieren extender hasta octavo básico al menos.



No obstante, tanto el Colegio de Profesores y los universitarios acusan que de aprobarse el proyecto sólo ayudaría a profundizar las desigualdades al generar nuevas segmentaciones, porque de paso estimularía a los sostenedores de establecimientos a seleccionar aún más a sus alumnos, en la idea de recibir más recursos por esa vía.



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