Mientras el equipo de abogados del general (r) Pinochet presentó una implicancia contra el magistrado, la defensa de Óscar Aitken logró que la Corte Suprema revisara dos recursos de queja contra Carlos Cerda y la titular del 29° Juzgado Civil de Santiago. Una de las consecuencias de estas presentaciones es retrasar aún más la tramitación del proceso.
Tras estar más de dos meses inhabilitado para seguir guiando la investigación sobre el origen de la fortuna del general (r) Augusto Pinochet, el ministro de fuero Carlos Cerda enfrenta ahora una nueva arremetida judicial por parte de las defensas del ex uniformado y de su ex albacea, Óscar Aitken, las cuales intentan nuevamente alejarlo de la investigación, acusando supuestas arbitrariedades por parte del magistrado.
Los abogados Pablo Rodríguez Grez y Fernando Rabat interpusieron ante el mismo magistrado un recurso de implicancia, cuyo objeto es que el ministro estudie la posibilidad de estar inhabilitado para instruir este proceso por haber pronunciado opiniones sobre la salud del ex jefe de la Junta Militar en la serie de desafueros que han sido solicitados en su contra, ya que en ellos Cerda habría pronunciado juicios sobre la salud del nonagenario militar en retiro.
Esta presentación es similar a otra que en su momento fue interpuesta por la misma parte contra el ministro Sergio Muñoz, cuando estuvo a cargo de instruir la investigación, y su tramitación por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago significó -en los hechos- que el ministro estuviera fuera de la causa poco más de dos meses, con el consecuente retraso en las pesquisas.
El juez Cerda también tuvo que abstenerse de seguir conociendo la causa a raíz de una queja disciplinaria que interpuso en su contra el abogado Rodrigo Henríquez, a cargo de la defensa de Aitken, presentaciones que también lo mantuvieron lejos del proceso por algo más de dos meses, para luego ser desestimadas por el tribunal de alzada capitalino.
Ante esta implicancia, ahora corresponde que Cerda resuelva sí se inhabilita o no. En caso que la respuesta sea negativa, los abogados de Pinochet pueden apelar a la instancia superior y, una vez que el tribunal de alzada acepte la tramitación, quedaría nuevamente imposibilitado de seguir a cargo del proceso.
Las quejas de Aitken
En tanto, el pleno de la Corte Suprema dio a conocer oficialmente la aceptación de dos recursos de hecho interpuestos por el abogado Henríquez, con el fin que el máximo tribunal revise los fundamentos de los recursos de queja que interpuso contra el ministro Cerda y contra la jueza del 29° Juzgado Civil de Santiago, María Angélica Nigro, quien se encuentra a cargo de tramitar la demanda que interpuso el ex albacea de Pinochet contra el Banco de Chile.
Si bien la jurisprudencia existente era mayoritariamente proclive a no aceptar apelaciones en las quejas que fueran rechazadas por parte de los tribunal de alzada, el alto tribunal ahora se inclinó por la interpretación que pese a que el recurso sea desestimado en esa instancia, igual se trata de ejercer las facultades disciplinarias por lo que corresponde que dichas decisiones sean apelables.
En esa presentación, la defensa de Óscar Aitken acusó al juez Cerda de haber omitido opiniones contrarias a su cliente en las cartas rogatorias con que ha solicitado antecedentes al extranjero sobre los imputados en este caso.
Valmoval
En cuanto al avance del proceso, ya se adjuntaron al expediente los antecedentes recabados por la Fuerza de Tareas Reservadas de Investigaciones (FTR) sobre la quiebra de Valmoval y el famoso caso de los "pinocheques", mientras que también llegó un informe de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) sobre el manejo de los gastos reservados mientras Pinochet gobernó el país y durante su período como comandante en jefe del Ejército.
Asimismo, el magistrado dio plazo hasta el próximo martes para que el Banco de Chile y el Citibank entreguen toda la documentación financiera sobre personas jurídicas y naturales vinculadas con el general (r), las cuales sumarían cerca de una treintena de ex funcionarios de confianza del ex uniformado.
El magistrado recordó a las entidades bancarias que en febrero pasado se dispuso una medida precautoria que impedía el retiro de papeles de la empresa Iron Mountain -que se dedica a la custodia de documentos bancarios-, aunque se tratara de información solicitada por el tribunal.
Luego de dictarse esta medida, el juez se reunió con los abogados que representan a las mencionadas instituciones financieras, consignando que y ellos "se comprometieron a ubicar e identificar" esta documentación para que el tribunal la tuviera a su disposición en caso de requerirla. En ese sentido, aclaró que la precautoria dictada en febrero "no impide otorgar copia de los antecedentes bancarios que esa institución custodia en la empresa Iron Mountain".
Se trata de "depósitos, captaciones y operaciones de cualquier naturaleza (…) debidamente ordenada y clasificada", sostuvo Cerda en el dictamen.
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