Al menos tres tribunales de los que dejaron de funcionar el 16 de junio pasado presentarían anomalías en la forma como fueron entregados. Hasta ahora, dos denuncias han sido presentadas al pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago. La presidenta de dicha instancia, Gabriela Pérez, informó que se encuentra recopilando antecedentes para revisar esas situaciones.
Una maratónica tarea debieron realizar los funcionarios y jueces de los tribunales de número impar que desaparecieron el pasado viernes 16 de junio para cumplir con el plazo fatal, decretado por Ley, para que dichas magistraturas fueran absorbidas por las magistraturas de número par, que tendrán un año más de funcionamiento.
Si bien, en la globalidad se puede decir que todo funcionó de buena manera, en por lo menos tres tribunales se habrían dado falencias importantes a la hora de realizar este traspaso, generando serios problemas en los tribunales de destino de dichos procesos judiciales. Según las cifras preliminares, un total de 30.000 procesos abiertos pasaron de un juzgado a otro, en este cierre parcial de la antigua justicia penal.
Según las estimaciones de fuentes judiciales, la situación más crítica, se registró en el 18° Juzgado del Crimen de Santiago, el cual debió hacerse cargo de las causas del 17°. Según una presentación que se hizo ante la Corte de Santiago, los más de 4 mil procesos abiertos que tenía dicho tribunal llegaron sin ninguna nómina que los identificara, ni tampoco consignara cuál era su estado procesal. Asimismo, no se individualizaron los casos con especies incautadas, limitándose sólo a entregar las llaves de la bodega del tribunal.
En ese traspaso también sucedió que, tal como lo confirmó la misma presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago, Gabriela Pérez, el número de causas aún abiertas fue muy superior a las que fueron informadas por la otrora titular de la instancia, Patricia González. Según esta última las causas sólo llegaban a las 3.200, pero la revisión posterior indicó que serían más de 4.000 los procesos que aún deben ser terminados.
Ante estos hechos, la titular del 18° del Crimen de Santiago, Ana María Hernández, le representó su malestar al tribunal de alzada capitalino, lo cual motivó que la magistrado Patricia González quedara impedida de poder iniciar su curso para juez de tribunal oral hasta que no ordenara todas las causas que se le entregaron al mencionado tribunal. En dicha tarea habría demorado al menos dos días, tiempo en que se ausentó del curso impartido por la Universidad Alberto Hurtado para tales efectos. Sin embargo, según se informó, ello no implicaría que el pleno de la Corte de Santiago igual conozca los antecedentes y pueda adoptar medidas disciplinarias en su contra.
«Hay tribunales que hicieron su entrega en forma minuciosa, tal como se les dieron las instrucciones, y hay otros que no cumplieron y eso es lo que se va a controlar ahora, se van a hacer las investigaciones y se van a adoptar las medidas que correspondan. Porque si la gente, los jueces o el personal, no cumplió como debían tendrán que adoptarse las medidas disciplinarias que correspondan, porque (esto) no va a quedar así», sostuvo la ministra Pérez al ser consultada por los problemas generados por esta fusión de juzgados.
Pérdida de joyas
Otro de los episodios más comunes fue el hallazgo de especies incautadas en ciertos procesos que nunca fueron rematadas por los tribunales. Desde el encuentro de cheques de fianzas que se habían dado por perdidos, hasta la existencia de decomisos de drogas, especialmente matihuana, quedó al descubierto en las bodegas de algunos tribunales.
Otro de los objetos también encontrados en gran cantidad fueron CD’s de música y programas computacionales, así como también películas en DVD pirateadas, material que seguramente ahora deberá ser destruído bajo la aplicación de la Ley de propiedad intelectual. Dentro de ese marco, el detalle macabro que marcó este reencuentro de objetos fue el hallazgo de una calavera en la bodega del 7° Juzgado del Crimen de Santiago.
Pero, lamentablemente, no sólo el reencuentro de cosas pérdidas marcó la jornada del cierre de los tribunales impares, ya que en el traslado de especies desde el 5° Juzgado del Crimen hasta las dependencias del 24° se perdió una bolsa con joyas confiscadas en el marco de un proceso judicial.
Según algunos consultados sobre el tema, la pérdida de estos valores quedó al descubierto casi inmediatamente recibido los expedientes y las especies del tribunal que era encabezado por el juez Juan Carlos Urrutia, ya que las joyas eran mantenidas en la caja fuerte de la magistratura y su extravío habría sucedido un par de días antes del traspaso. En esa medida, se explicó que las alhajas están consignadas en uno de los expedientes, así como también figuran en el libro de custodia de la magistratura, aunque físicamente ya no están.
En cuanto a las responsaibilidades administrativas o disciplinarias que podrían aplicarse, fuentes judiciales consultadas precisaron que los encargados de guardar y custodiar las especies incautadas son los secretarios de los tribunales y no los jueces titulares.
«los secretarios de los juzgados tenían la obligación de que cada vez que viene una especie en un expediente determinado, rotularla e ingresarla al libro de especies y a la bodega bajo su responsabilidad y periódicamente tienen que hacer remates de las especies en que ya se terminaron los procesos», precisó la presidenta de la Corte de Santiago, al puntualizar que existe una normativa que señala que esas subastas debieron hacerse cada un año, pero «hay juzgados en que no se hicieron».
Expedientes en pasillos
Otra de las entregas de tribunales que más llamó la atención de los abogados que tramitan en el área fue la entrega del 33° al 34° Juzgado del Crimen, ya que esa entrega fue notoria a simple vista, pues los expedientes sustanciados por la primera magistratura estarían -al menos hasta la semana pasada- desperdigados por los pasillos del tribunal. Al margen del aspecto estético, muchos de ellos también reflexionaron por el grado de inseguridad de material que debe estar en custodia.
También, entre estos incidentes, se cuenta la actitud de la jueza del 33°, Eleonora Domínguez, quien intentó seguir con la tramitación de al menos dos expedientes de su antiguo tribunal, relacionados con el caso de la «Cutufa II», como se han conocido públicamente las nuevas estafas del capitán de Ejército (r) Patricio Castro. Ella debió hacer entregar material de los tomos de documentos ante la Corte de Santiago. Esa situación debería ser analizada por el pleno de la instancia desde el aspecto discipliario, sostuvieron algunas fuentes consultadas al respecto.
Otros trascendidos sobre este proceso daban cuenta de problemas en las cifras de las cuentas corrientes de algunos de los juzgados que desaparecieron. En dichos depósitos el tribunal debe consignar los dineros por concepto de fianzas, multas o confiscación de dineros y también deberían quedar en un registro interno.
«Nos han llegado situaciones problemáticas, pero yo no voy a informar en forma aventurada. Primero voy a estudiar los antecedentes, después le voy a dar cuenta al pleno y se van a adoptar las medidas que corresponda y, en su oportunidad, se va a asaber de qué se trata», sostuvo al respecto la juez Gabriela Pérez.
En esa medida, explicó que se abrió un expediente para recepcionar todas las actas de entrega y recepción de tribunales, donde se acumulará toda la información relativa al proceso. Sin embargo, aún no son recepcionadas todas las nóminas correspondientes. Una vez que ello suceda, el pleno deberá revisar las situaciones conflictivas.
