En su reporte anual, la funcionaria judicial dio a conocer las dramáticas condiciones de hacinamiento que afectan a los internos de la mayoría de los penales del país. Pese a que el escrito fue solicitado insistentemente a la cartera de Estado, El Mostrador.cl no pudo tener acceso a él, pese a las normas sobre publicidad que se garantizan en la Constitución.
Una serie de «graves» situaciones que estarían vulnerando los derechos humanos de los internos de la mayoría de los penales del país dio a conocer la Fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, en su informe anual sobre la situación de las cárceles a nivel nacional, mediante el oficio N° 194, el cual fue remitido al ministro de Justicia, Isidro Solís, el pasado 19 de junio.
Este documento es elaborado a partir de los informes remitidos por los fiscales de las 17 Cortes de Apelaciones existentes en Chile, ya que dentro de las labores de dichos funcionarios está la de realizar visitas a los penales que están bajo su jurisdicción, en las cuales deben constatar las condiones en que viven los reos condenados por los distintos tribunales del área en cuestión.
Pese a que El Mostrador.cl solicitó insistentemente a la cartera del ramo poder tener acceso de forma oficial al documento, hasta el cierre de esta nota no se obtuvo eco positivo por parte del estamento. La primera respuesta al requerimiento fue que este oficio no existía, para luego reconocer que sí se había recepcionado, pero que no habría sido posible ubicarlo.
En tanto, en el máximo tribunal tampoco se obtuvo información sobre el mismo, dado que el pleno de esta magistratura decidió darle el carácter de reservado. No obstante, se hizo la salvedad que desde el momento en que ingresó al ministerio de Justicia ya era información pública en virtud de lo establecido en el artículo n° 8 de la Constitución y como tal podía ser requerido a su destinatario.
Esta normativa establece que «son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos
y los procedimientos que utilicen». Esta disposición sólo deja fuera de este deber de publicidad a la información declarada «reservada» por una ley de quórum calificado y sólo cuando «la publicidad afectare el debido cumplimiento de las
funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional», lo cual no se cumple en esta materia.
Trascendidos
Pese a esta reiterada negativa de hacer pública la opinión de la Fiscal Maldonado, fuentes de este medio coincidieron en que la situación dada a conocer por la funcionaria judicial a la mencionada cartera de Estado es «en extremo grave», ya que se da cuenta de la permanente vulneración de los derechos humanos de los reos.
Al respecto, el principal problema sobre el que alerta la funcionaria es la sobrepoblación que existe en la mayoría de las cárceles del país, aspecto que generaría las frecuentes riñas y disputas entre internos, así como también los altos índices de depresión y problemas de salud que enfrentarían muchos de ellos.
Asimismo, Maldonado dio cuenta que existen recintos penitenciarios donde los internos, a causa del hacinamiento, incluso deben dormir en los pasillos o calles, sin tener un lugar donde poder guardar siquiera sus pertenencias. Estas condiciones de sobrepoblación tendrían como consecuencia la inestabilidad emocional de muchos reclusos y afectaría la posibilidad de que tengan condiciones dignas para vivir y rehabilitarse.
También el documento apuntaría a la inexistencia de planes de reinserción social o laborales de los internos, con lo cual no existiría casi ninguna posibilidad de romper el círculo vicioso de la delincuencia y así lograr los reales objetivos que debería perseguir la sociedad con este tipo de castigos.
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