En la fase de la búsqueda de los autores materiales del secuestro y homicidio del coronel Gerardo Huber, el juez Claudio Pavez reunió varios antecedentes que vinculan al actual responsable de la DINE, general Ricardo Ortega Prado. Uno de ellos daría cuenta de que encabezó en 1992 el grupo G-4 del Batallón de Inteligencia del Ejército, al que pertenecen varios ex militares involucrados en el crimen.
Para este viernes, a las 11:30 horas, el actual director de Inteligencia del Ejército (DINE), general Ricardo Ortega Prado, deberá comparecer ante el ministro Claudio Pavez en carácter de inculpado, en el marco de la investigación sobre el secuestro y homicidio del coronel Gerardo Huber Olivares.
Durante la semana pasada, el magistrado envió el oficio de esta citación directamente al Ejército, por tratarse de una diligencia clave, cuyo objeto es escuchar los descargos que pueda hacer el uniformado ante la serie de testimonios que se han recopilado en la investigación y que lo vinculan directamente con la operación para silenciar a Huber, luego que este declarara, el 22 de enero de 1992, ante el juez que entonces investigaba el envío ilegal de material bélico a Croacia, Hernán Correa de la Cerda.
Huber desapareció el 29 de enero de 1992, desde la casa de su amigo Elwin Tapia, ubicada en el Cajón del Maipo, y su cuerpo apareció 22 días después en el sector de La Obra, de la misma comuna.
Posible detención de Ortega
Pese a que fuentes allegadas a Ortega afirmaron a El Mostrador.cl que desde mayo de 1991 hasta 1993 no estuvo en el Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), por haber sido destinado como profesor de la Academia de Guerra, existen antecedentes que acreditarían que su dependencia nunca cambió y que siempre permaneció en esa unidad, al mando específicamente del grupo G-4 «Operaciones Especiales».
Es sobre este grupo que Pavez ha centrado sus sospechas, dado que muchos de los uniformados interrogados en el caso dan cuenta de que quienes actuaron en la operación para silenciar a Huber fueron integrantes de esa agrupación.
Asimismo, dichos testimonios también darían cuenta de la presión que habrían recibido por parte del hoy general para guardar silencio sobre estos hechos ante el magistrado.
Por ello, fuentes vinculadas al proceso dieron cuenta de que existen altas probabilidades que el ministro lo someta a proceso u ordene su arresto preventivo, por lo que desde este martes el Comando de Apoyo Logístico del Ejército (CALE) realizaba las posibles coordinaciones para enfrentar el tema y contar con un lugar de reclusión ante ese escenario.
Durante las semanas anteriores, fue el mismo general Ortega quien respondió a la solicitud del juez que requería tener acceso a las fichas de todos los funcionarios que integraron el BIE, entre 1992 y 1993, dándole una respuesta negativa al invocar la ley de Seguridad Interior del Estado para entregar dichos antecedentes.
Sin embargo, según informaciones recopiladas por este medio, el magistrado recibió información que en este tiempo el jefe de la DINE solicitó las mencionadas carpetas de todos estos funcionarios, con el fin de modificarlas y borrar su nombre como el mando que calificó a dichos subalternos durante los mencionados años.
La historia del G-4
En una investigación desarrollada por este medio se ha logrado constatar que el G-4 del BIE fue creado a principios de 1987 por el mayor (r) Domingo Soto, siendo el segundo a bordo el actual general Ortega Prado.
En dicha época, la aún existente Central Nacional de Informaciones (CNI) habría solicitado al alto mando del Ejército destinar más funcionarios para sus tareas represivas, ante la efervescencia política vivía producto de la convocatoria al plebiscito.
Sin embargo, la comandancia en jefe del Ejército, entonces a cargo del general Augusto Pinochet, se negó a la petición y, en cambio, ordenó que al interior del BIE se creara una unidad que respaldara las labores del organismo.
Así habría nacido el G-4, grupo que en un comienzo fue llamado «Poblacional» y que tenía agentes de seguridad presentes en las 44 comunas de Santiago.
Las otras conexiones de Ortega
En otros procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos ocurridas en las postrimerías de la dictadura militar se habría acreditado que estos uniformados actuaron como verdaderos «interventores» de la ex CNI, y que ellos ejercieron el mando del organismo.
De hecho, en la causa por el secuestro calificado de cinco jóvenes comunistas ocurrida en septiembre de 1987, el general Ortega ya compareció ante el ministro Hugo Dolmestch, en una reservada diligencia realizada hace poco más de un mes en el cuartel Borgoño de Investigaciones, donde funciona la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos de la policía civil.
Dichas desapariciones se registraron producto de una supuesta represalia ante el secuestro del coronel Carlos Carreño, en la época gerente general de Famae. Sin embargo, las indagaciones del ministro Dolmestch llevarían a descubrir una operación de inteligencia mucho más intrincada y que se relacionaría con una maniobra para ocultar la venta clandestina de armamento hacia el exterior, por parte de la mencionada empresa castrense.
Además, al G-4 también se le ha vinculado con la operación para vender armas a Ecuador durante la guerra que enfrentó dicha nación con Perú, en 1995. De hecho, testimonios recopilados por este medio dan cuenta de que este mismo grupo, encabezado por el general Ortega, habría sido el encargado de custodiar y trasladar el armamento enviado, el cual habría sido sacado de la Escuela de Montaña del Ejército, y trasladado al aeropuerto Arturo Merino Benítez, en una comitiva encabezada por este uniformado, para embarcarlo en aviones de la fuerza aérea ecuatoriana.
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