El abogado de derechos humanos defendió la presentación contra el electo Presidente peruano por delitos de lesa humanidad. Al respecto, sostuvo que el gobierno español enfrentó la misma situación ante las querellas interpuestas en sus tribunales contra el general (r) Augusto Pinochet, considerando que existe una suerte de incongruencia en los políticos de la Concertación.
El abogado de derechos humanos Hugo Gutiérrez defendió la validez que, a su juicio, tiene la presentación de una querella criminal en Chile contra los eventuales delitos de lesa humanidad que habrían ocurrido bajo el anterior gobierno de Alan García (1985- 1990), quien actualmente es el mandatario electo de Perú y que se apresta a asumir su cargo el próximo 28 de julio.
En entrevista con El Mostrador.cl, el profesional se manifestó confiado en que dentro de los próximos 30 días podrán acreditar ante la jueza del 2° Juzgado del Crimen de Santiago, Romy Rutherdfor, que en dicha nación nunca existió un debido proceso para investigar las muertes y apremios ilegítimos que ocurrieron en las cárceles de El Frontón, San Juan de Lurigancho y Santa Bárbara, el 19 de junio de 1986.
Gutiérrez es el abogado que patrocinó la querella interpuesta por Raúl Paiva y Rodolfo Noriega, del Comité de Refugiados Peruanos en Chile, quienes acusan que durante el régimen de García se registraron ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y torturas, luego de que los reclusos de los penales se amotinaran antes de ser trasladados a la prisión de alta seguridad de Canto Grande.
La mencionada magistrado resolvió hace una semana tramitar la acción penal contra el también líder del partido Aprista, basándose en los tratados internacionales sobre protección a los derechos humanos que han sido ratificados por el Estado chileno, siempre y cuando se establezca que en dicha nación estos hechos no fueron investigados.
Gutiérrez desestimó las críticas tanto del gobierno chileno, como de parlamentarios de la Concertación, en cuanto a que esta posible investigación dañe las relaciones bilaterales con la vecina nación, argumentando que la verdad y la justicia deberían prevalecer frente a cualquier consideración de carácter política o económica. En ese marco, sostuvo que el mismo dilema enfrentó España frente a las querellas contra Augusto Pinochet, por las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante su régimen, pero que ese país actuó en consecuencia con sus valores.
Expectativas
– La jueza les dio 30 días para acreditar que en Perú nunca hubo una investigación judicial o debido proceso sobre estos hechos. ¿Cuáles serán los próximos pasos que seguirán?
– Los pasos que estamos dando es acreditar un hecho negativo que, sin duda, es difícil de hacer. Nosotros lo que vamos a hacer es acreditar el hecho positivo de que se hicieron las denuncias correspondientes ante la justicia peruana en su oportunidad, y que no se investigaron los crímenes que se estaban denunciando.
¿Esas causas fueron sobreseídas en Perú
– No, lo que pasa es que el principio de oportunidad impide que un particular se querelle contra los que causaron los delitos, eso sólo puede hacerlo la Fiscalía y esa entidad, en uso de sus atribuciones, nunca judicializó el tema.
– Es decir, ¿ustedes están en pie para acreditar que en ese país nunca hubo un debido proceso que indagara estos hechos?
– Nunca, hasta el día de hoy, en Perú no ha existido nunca un juicio contra Alan García por ninguno de los crímenes que se cometieron durante su gobierno.
-¿Qué hizo la Fiscalía peruana con esas denuncias?
– La Fiscalía al final desestimó todas las denuncias que se hicieron. No obstante que en el caso del Frontón la historia ha sido distinta. Ahí la Fiscalía ha rechazado la investigación, pero el Fiscal Superior ha insistido en que tienen que investigarse esos delitos, y el fiscal adjunto ha seguido reiterando que no hay delitos.
Repercusiones políticas
– En cuanto a la preocupación política, debido a las repercusiones que podría tener esta querella en las relaciones bilaterales con Perú, ¿cuál es su opinión?
– Creo que los dilemas por los que está atravesando el Estado chileno son los mismos que en su oportunidad atravesó el Estado español, por la causa que tramitaba Baltazar Garzón. Sin duda, el Estado es muy poderoso y logra disuadir a los jueces para que no sigan adelante con sus investigaciones. Eso es una preocupación, pero aquí hay que dejar que los jueces hagan su trabajo de manera independiente y creo que las repercusiones en otros ámbitos, que no sea el judicial, no nos preocupan.
Los temas políticos tienen que manejarlos los políticos y no los denunciantes, ni los abogados de éstos, que están preocupados porque el sujeto que violó los derechos humanos siga libre y paseándose por el mundo. Cuando se ponga la banda presidencial, Alan García tiene que saber que los muertos igual están hablando.
– ¿Cuál es el fin de esta querella, creen que efectivamente van a poder lograr enjuiciar a Alan García por este medio?
– Las acciones judiciales por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra hay que hacerlas por un deber ciudadano, al margen de la eficacia que tenga el día de mañana esta acción. Lo que uno no puede dejar pasar es que criminales sigan enarbolando principios como la democracia, los derechos humanos, cuando ellos mismos los han violentado. En consecuencia, creo que hemos hecho lo correcto, al margen de la situación que sea acogida o no, o sea sobreseída. Puede que hoy no dé resultado, pero el día de mañana puede que Alan García sea enjuiciado, quizás no en Chile, pero en algún lado lo va a ser, porque estos crímenes tienen un carácter universal.
– ¿Cómo toma que el gobierno chileno haya criticado esta querella, aún cuando está encabezado por Michelle Bachelet que también fue víctima de violaciones a los derechos humanos?
– Me parece que es una inconsecuencia y sólo obedece e intereses de política exterior, porque mientras se critica a otros mandatarios por posibles actos de lesa humanidad, en el caso de Alan García se le perdona sin mayor cuestionamiento.
La querella
En el libelo judicial, sostuvieron que la tarde del 19 de junio de 1986, el entonces viceministro del Interior, Agustín Mantilla, se apersonó en la cárcel de El Frontón por orden del Presidente y suspendió el diálogo con los internos, pese a las protestas de las autoridades judiciales.
Según narraron, poco después de las 23 horas la Marina de Guerra encabezó un asalto armado en el que murieron tres infantes de la institución y otros 20 resultaron heridos, mientras que al menos 119 internos murieron, algunos sufrieron torturas y varios desaparecieron.
Ante las evidencias de las ejecuciones sumarias, el presidente Alan García anunció investigaciones, las cuales finalmente se limitaron a las ejecuciones llevadas a cabo por la Guardia Republicana en Lurigancho.
Además, acusaron a la administración de Alan García de ocultar los hechos a los familiares de las víctimas, y recordaron que en octubre de 1990 una comisión parlamentaria determinó la responsabilidad del líder aprista y formuló una acusación constitucional en su contra.
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