Aunque difícilmente el juez Hugo Dolmestch alcanzaría a dictar nuevos procesamientos en el caso antes de que se formalice su ascenso a la Suprema, trascendió que logró esclarecer aspectos fundamentales de este crimen, como las confesiones de los autores de las detenciones y de la operación para lanzar al mar los cuerpos. Estas declaraciones apuntan a que fueron miembros del ex BIE los que ejecutaron a las víctimas.
Pese a que los avances en el caso por las desapariciones de cinco jóvenes comunistas, ocurrida en septiembre de 1987, se han acelerado notoriamente durante las últimas semanas, el recién nombrado ministro de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, no alcanzaría a dictar la serie de procesamientos que dejaría prácticamente aclarado este crimen cometido por integrantes de organismos represivos y que develan otro oscuro capítulo del régimen militar.
Según trascendió, el magistrado ya habría logrado concretar con éxito su habitual forma de aclarar los crímenes cometidos por la ex Central Nacional de Informaciones (CNI), ya que alcanzó a obtener las confesiones de los autores materiales de las detenciones de Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola, José Peña Maltes, Alejandro Pinochet Arenas y Manuel Sepúlveda Sanchez, así como de los pilotos que recibieron las órdenes de lanzar sus cuerpos al mar.
Aunque se desconoce el nombre del reemplazante de Dolmestch, lo que finalmente podría influir en el curso de la investigación, una de las más importantes revelaciones obtenidas en estos testimonios fueron las declaraciones formuladas por ex oficiales y suboficiales del organismo represivo, quienes dieron cuenta de que, una vez realizadas las detenciones de estos cinco militantes comunistas, que fueron tomados como virtuales rehenes, se percataron de que no había posibilidad alguna de realizar el supuesto canje de los prisioneros por el entonces secuestrado coronel de Ejército Carlos Carreño.
El entonces gerente general de Famae, encargado de las negociaciones de Ferrimar -empresa de pantalla de Famae- con Irán para la venta de las bombas «Avispa», fue secuestrado por presuntos miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) el 6 de septiembre de 1987. Luego de 92 días de cautiverio, el uniformado fue liberado en Sao Paulo (Brasil), hasta donde viajó personal de la DINE (Dirección de Inteligencia del Ejército) para trasladarlo a Santiago.
Las "avispa" eran una copia de las bombas de racimo fabricadas por el empresario Carlos Cardoen, situación que derivó en un proceso judicial por robo de propiedad intelectual que, ese mismo año, ganó Ferrimar en la Corte Suprema.
Carreño siempre ha sostenido que él permaneció realmente secuestrado, pero en sus últimas declaraciones judiciales manifestó dudas respecto a los temas abordados por los interrogatorios a los que fue sometido, en los cuales se le preguntaba por los tipos de negocios que realizaba Ferrimar con Irán. Además, sugirió que dichas consultas eran muy similares a las que le fueron realizadas por los funcionarios del Ejército chileno, tras su liberación.
En el marco del caso por la muerte del coronel Gerardo Huber, Carreño aseguró que nunca conversó de política con los supuestos frentistas, sino que sobre las acciones comerciales de Famae con el país islámico y del intento de venta de aviones F-5 de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), conocido como "Operación Foxtrot", que nunca se concretó.
Según este oficial en retiro, otra de las preguntas que le formulaban sus captores es por qué fallaron las bombas "avispa", tras lo cual les respondió que se debía a un problema con el tamaño del percutor. También querían saber el nombre, fecha y lugar de la persona que vino a negociar a Chile la venta de las armas y los F-5.
Infiltración en el Frente
En cuanto a cómo el Ejército pudo obtener colaboración del grupo de extrema izquierda para llevar a cabo esta operación, también en la investigación se lograron recopilar testimonios respecto a que la inteligencia militar, por medio de un conocido empresario, se habría contactado con agentes infiltrados en el FPMR para «contratar» la realización de esta operación, la cual era la única forma de salvar la complicada situación de Ferrimar ante las fallas que presentaban las bombas vendidas a Irán.
Este «secreto encargo» para secuestrar a Carreño habría sido desconocido para la mayoría de los integrantes de la operación llamada «No a la perpetración del tirano». Sin embargo, las sospechas de haber negociado este secuestro apuntan al frentista Enrique Villanueva Vinet, quien había sido miembro de la FACH y fue el encargado de liberar a Carreño en Sao Paulo el 2 de diciembre de 1987.
El objetivo de los servivios de inteligencia del régimen militar para digitar este secuestro habría sido silenciar el inminente escándalo que se podía producir de conocerse públicamente la venta ilegal de armas a Irán, país que enfrentaba una cruenta guerra con Irak.
Intervención del BIE
En cuanto a la orden de detener a los cinco jóvenes del PC, oficiales de la ex CNI afirmaron que ésta provino del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), específicamente del grupo Poblacional, encargado de respaldar las labores represivas de este organismo desde 1987.
Aunque varios testimonios apuntan a que el encargado de traspasar esta orden fue el entonces jefe de la CNI, general (r) Hugo Salas Wenzel, también coinciden que una vez que se dio cuenta de la captura de los detenidos, a través de un oficial de enlace con el Ejército se les aclaró que la orden emanada del entonces comandante en jefe, Augusto Pinochet, era que «con los extremistas no se negociaba», por lo cual debieron entregarlos al BIE.
El mencionado «enlace» que habría quedado a cargo de los detenidos es el fallecido agente de la ex CNI Francisco Zuñiga, quien los habría puesto a disposición del grupo Poblacional.
En esa medida, lo que está acreditado en el proceso es que estos cinco militantes comunistas estuvieron detenidos, siendo interrogados y torturados, en el cuartel Borgoño. Uno de ellos habría fallecido producto de los flagelos, mientras los cuatro restantes fueron asesinados a sangre fría, y luego todos los cuerpos fueron arrojados al mar frente a las costas de San Antonio.
Todas las diligencias del caso están en pleno desarrollo. De hecho, este jueves el ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corvalán fue nuevamente interrogado judicialmente por este caso, en dependencias de la Escuela de Gendarmería. Asimismo, en los próximos días el ministro Dolmestch tiene programada una visita a la zona costera donde los restos de las víctimas fueron lanzados al mar, atados a rieles de trenes.
En esta arista, según trascendió, el magistrado también tiene aclarado el caso, pues los pilotos del comándo aéreo del Regimiento de Rancagua que participaron en el hecho también confesaron su participación, explicando que los cuerpos fueron subidos a las aeronaves en el cuartel Borgoño de la ex CNI.
Autores de los asesinatos
No obstante, el juez no habría podido aún acreditar la autoría material de los crímenes, ya que en este aspecto sólo tendría presunciones que inculparían a ciertos sospechosos que pertenecerían al Ejército y no a la disuelta CNI, pero no tendría ninguna confesión por parte de ellos.
La meta del recién nombrado miembro de la Corte Suprema, según sus cercanos, era finalizar sus funciones como encargado del caso con la dictación de procesamientos de todos los involucrados, pero su inminente ascenso a la Segunda Sala del máximo tribunal -posiblemente- no le daría tiempo para ello. Esta decisión podría finalmente quedar en manos del ministro, Haroldo Brito, quien lo reemplazará en el proceso.
A principios de 2002, el entonces titular del 3° Juzgado del Crimen de Santiago, Mario Carroza, dictó un masivo procesamiento contra ex agentes de la CNI: general (r) Hugo Salas Wenzel, teniente coronel (r) Krantz Bauer Donoso, mayor (r) Álvaro Corbalán Castilla, capitán (r) Luis Sanhueza Ros, a los suboficiales (r) Manuel Rigoberto Ramírez Montoya y René Valdovinos Morales y a los empleados civiles de Ejército César Acuña Luengo, Manuel Morales Acevedo, Luis Santibañez Aguilera y Víctor Ruiz Godoy. Estos encausamientos aún siguen vigentes, pero sólo se relacionan con las detenciones de los últimos desaparecidos del régimen militar.
