Contreras dice que Pinochet ideó plan para inculparlo de crímenes

Una serie de antecedentes referidos a los principales crímenes cometidos durante la primera fase de la dictadura militar (1973-1990) contiene el informe que durante la última semana de junio el otrora jefe de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (1973-1978), el general (R) Manuel Contreras, entregó al ministro en visita Claudio Pavez, a cargo de aclarar la muerte del coronel Gerardo Huber.



El documento es un extenso relato cronológico de acontecimientos que se han vinculado con la participación de este organismo represivo, al que cual el ex uniformado -que cumple condena en el penal Cordillera por las violaciones a los derechos humanos registradas en el régimen militar- se encarga de defender férreamente.



Pese a los hechos que ha establecido la justicia chilena en los últimos años y que vinculan a la DINA con los crímenes, Contreras insiste una vez más que los integrantes de la DINA no actuaron en los atentados que le costaron la vida al general Carlos Prats (septiembre de 1974, Buenos Aires) y al ex canciller Orlando Letelier y su secretaria Ronnie Moffit (septiembre de 1976, Washington), ni el ataque contra Bernardo Leighton (octubre de 1975, Roma).



Según el ex militar, estos hechos los ordenó la estadounidense Agencia Central de Inteligencia (CIA), en concomitancia con el general (R) Augusto Pinochet, con el objeto de evitar un supuesto conflicto bélico en América Latina, tras sospechar de que Prats preparaba un golpe contra la junta militar, apoyado por tropas del regimiento Concepción, militares argentinos e integrantes de grupos de extrema izquierda.



Plan "Acuario"



Sin embargo, el otrora responsable de la DINA agrega otro dato: que tras las presiones de Estados Unidos para aclarar el crimen de Letelier, Pinochet habría puesto en marcha el plan "Acuario" que, según él, tenía como objetivo responsabilizar exclusivamente a la DINA de los delitos, a fin de evitar que se llegara a conocer los verdaderos culpables.



Un antecedente que apuntaría a ello, dice Contreras, es que los abogados del autor material del atentado, Michael Townley, tanto en Chile como en Estados Unidos, habrían sido pagados hasta 1990 con fondos de la sucesora de la DINA, la Central Nacional de Informaciones (CNI), mientras que él debió costear los honorarios de su defensa pues, sostiene, Pinochet se negó a solventarla.



A través de la CNI también se habrían pagado sueldos mensuales a Mariana Callejas, ex esposa de Townley, el ex químico Eugenio Berríos, Gustavo Etchepare y Francisco Oyarzún, todos ex integrantes del movimiento utralderechista Patria y Libertad, afirma el otrora uniformado.



"El plan de Operaciones Acuario fue elaborado por el general Oldanier Mena, primer director de la CNI, y estuvo destinado a evitar que tanto Michael Townley, como los integrantes de su antigua cédula Patria y Libertad, Callejas, Etchepare y Berríos, hablaran y declararan sobre la responsabilidad del general Pinochet en el asesinato de Letelier, Prats y el cuasi homicidio de Bernardo Leighton", consigna el escrito.



En esa medida, negó que Berríos fuera parte de la ex DINA, aludiendo a una supuesta declaración de Townley en el proceso para extraditarlo a EEUU, en agosto de 1978: "en cuanto a Hermes, Eugenio Berríos, no formaba parte de la agrupación y era una suerte de subinformante proveniente de Patria y Libertad. Su personalidad era de un ultraderechista de corte fascista que en muchas ocasiones dio informaciones excelentes. Es un individuo excéntrico y difícil. Actualmente sigue recibiendo su sueldo mensual de la CNI, incluso en el mes actual", dice el escrito.



Los otros crímenes de ‘Acuario’



En esa planificación para neutralizar a cualquiera que pudiese representar un peligro para Pinochet, que luego habría estado a cargo de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), se habrían perpetrado otros crímenes, según señala Contreras en su relato al magistrado.



Uno de ellos habría sido el perpetrado el 22 de octubre de 1977 contra el jefe Departamento Consular de la Cancillería, Carlos Osorio Mardones, quien no se habría suicidado sino habría sido asesinado por orden de Pinochet.



De acuerdo al relato de Contreras, este crimen se habría llevado a cabo porque Osorio le habría entregado numerosos pasaportes diplomáticos, especiales y comunes, con nombres falsos para utilizarlos en cuentas abiertas en el Banco Atlántico de España, Suiza y Alemania.



Otra de las víctimas de esta supuesta operación habría sido el suboficial Guillermo Jorquera Gutiérrez, quien habría manejado información importante sobre los crímenes perpetrados por el llamado «Comando Conjunto».



Además, desliza que el crimen del coronel Gerardo Huber puede haber sido parte del mismo operativo, dado el conocimiento que habría tenido este ex uniformado de la eventual fabricación de cocaína "rusa" en el Complejo Químico del Ejército en Talagante, a principios de 1980.



Es en esa misma época en la que el ex jefe de la DINA sitúa la creación de la supuesta sociedad entre Berríos, el empresario de origen sirio Edgardo Batich y el hijo menor de Pinochet, Marco Antonio, para fabricar y exportar la droga.



Asimismo, atribuye que el estallido del escándalo por la venta de armas desde Famae a Croacia, en noviembre de 1991, habría sido una forma desviar la atención ante los contactos que habría iniciado Berríos con la DEA de EEUU, para denunciar el ingreso de cocaína a Chile desde Europa, a través de la importación de piezas de vehículos, ilícitos en los que vincula a Marco Antonio.



Según esta versión, la DEA habría logrado rescatar a Berríos desde Uruguay, fingiendo su asesinato en 1995, para evitar que fuese liquidado por órdenes de Pinochet.



Participación de la CIA



En su escrito, el ex responsable de la DINA profundiza aún más en la versión que entregara en mayo de 2005, cuando reveló un listado, que resultó ser erróneo, con el supuesto paradero de cerca de 580 detenidos desaparecidos de la dictadura militar y aseguró que Pinochet dio la orden «personal, exclusiva y directa" de asesinar a sus opositores en el exilio.



El general retirado sostiene que en marzo de 1974, por una orden de Pinochet, se reunió con los entonces el director y subdirector de la CIA, Richard Helms y Vernon Walters, respectivamente, además de otros seis responsables de departamentos de inteligencia.



Sin embargo, afirma que nunca tuvo conocimiento sobre cómo se planificaron y realizaron estas operaciones, inculpando a Pinochet de haberlo usado como "chivo expiatorio" frente a los tribunales, con el objeto de proteger a los verdaderos responsables.



"El general Walters me expresó que la CIA estaba muy preocupada por la situación del general Prats en la Argentina (…), en el sentido de que dirigentes de la izquierda chilena estaban en conversaciones permanentes con él, con el objeto de convencerlo para que encabezara un gobierno en el exilio, cruzar la Cordillera para retomar el poder para la Unidad Popular", afirma Contreras en su escrito de doce carillas.



"La CIA, me explicó (Walters), controlaba al general Prats con agentes que incluían políticos de izquierda chilena, convertidos en colaboradores (…). Me recalcó que ellos (estaban) vigilando y controlando al general Prats en todas sus reuniones y actividades con la izquierda marxista -chilena y argentina- y que no nos preocupáramos por cuanto veían un gran peligro para el propio Estados Unidos, ya que ello involucraba de inmediato una guerra entre Chile y Argentina", agrega.



Añadió que de producirse ese enfrentamiento, de inmediato se plegarían Perú y Bolivia en apoyo a Argentina, mientras que Brasil y Ecuador respaldarían a Chile. Ese escenario, según Contreras, era desastroso para la CIA, ya que dicho organismo no habría dudado de la intervención de la Unión Soviética y Cuba en un conflicto propio de la guerra fría.



En ese mismo viaje, también habría sostenido un encuentro con el secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, quien ya daba por hecho la decisión de Prats de encabezar la supuesta "operación retorno", ya que habría contado con la ayuda del gobierno de Domingo Perón para ello.



Por otra parte, el documento detalla que en esa visita el organismo de inteligencia estadounidense le puso como escolta a un ex agente que había servido en Chile y que le habría confidenciado la existencia de dos CIA, una abierta y pública, y otra «constituida sólo por asesinos secretos que normalmente eran desconocidos».



«El jefe de la CIA secreta era el general Vernon Walters, intimo amigo del general Pinochet", sostiene el escrito, añadiendo que esta segunda facción de la mencionada agencia era investigada por una serie de crímenes ocurridos fuera de Estados Unidos.



De esta forma, Contreras concluye que el asesinato de Prats y su esposa fue perpetrado por Townley, en su calidad de supuesto agente de la CIA, bajo las órdenes de Walters y Pinochet, quienes se habrían concertado para llevarlo a cabo.



Sobre el crimen de Letelier y su secretaria, en 1976, y sobre el atentado al ex ministro Leighton, señala que también habría operado el mismo procedimiento, es decir, que la orden de eliminarlo habría sido dada por el segundo a bordo de la CIA, y transmitida a Pinochet.



En el primero, argumenta que habría sido por las informaciones recogidas por el organismo norteamericano que daban cuenta de que Letelier era un supuesto espía de la KGB en Washington. Para dicha operación, también se habría puesto a la cabeza a Townley, y la planificación se habría llevado a cabo en Bonao, República Dominicana, con apoyo de movimientos anticastristas.



Dineros del Ejército



Al referirse a la cuantiosa fortuna que habría logrado amasar el ex comandante en jefe del Ejército, Contreras dice que entre 1977 y 1978 el fallecido agregado militar en España, coronel Óscar Coddou Vivanco, recibió y administró los dineros que se mandaban a dicha misión, como a la de EEUU, luego de lo cual recibió la orden de "poner todos los fondos en el Banco Atlántico, a interés por año. Pese a ser un asunto ilegal, debió cumplir la orden".



"A fines de año, el coronel Coddou recibió la orden de traspasar el interés acumulado en el Banco Atlántico a una nueva cuenta que debía ser abierta a nombre de un personaje desconocido, que no era otro que el general Augusto Pinochet Ugarte. Ante la negativa del Banco para abrir esta nueva cuenta, aduciendo que los intereses debían aplicarse a los fondos del Ejército, y también ante la negativa del coronel para insistir en el asunto, el comandante en jefe envió a un oficial de Intendencia que solucionó el problema, quedando abierta una nueva cuenta para Pinochet, con nombre y pasaporte falsos. El coronel Coddou no ascendió al grado de general por no haber cooperado con la ilegalidad", dice el informe.



Según Contreras, esta cuenta se fue incrementado a través de los años, con los intereses que provenían de los fondos del Ejército, mediante los jefes de las misiones militares y oficiales de Intendencia que Pinochet enviaba a España. "Lo anterior continuó hasta que un general jefe de Misión recibió la orden de sacar los fondos de la cuenta y llevarlos a otro lugar de Europa, habiendo sido elegida Alemania", añadió.



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