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Juez da ultimátum a Gendarmería por hacinamiento en ex Penitenciaría

por 21 julio, 2006

Alcaide respondió que ''lisa y llanamente'' no es posible resolver la situación de 80 presos que duermen a la intemperie, porque no existe la infraestructura necesaria. Ante ese escenario, el juez de Garantía Daniel Urrutia emplazó a la dirección metropolitana del organismo carcelario a tomar medidas a la brevedad, pues se están vulnerando tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por Chile.
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Pese a la repercusión pública que causaron las imágenes contenidas en el informe del juez de 7° Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, que daban cuenta de que 80 internos de la calle 11 de la ex Penitenciaría duermen a la intemperie, el alcaide de dicho recinto, Jorge Ojeda, respondió al tribunal que no es posible resolver esta situación hasta que no entre en operaciones el penal concesionado "Santiago Uno".



El principal argumento del responsable del establecimiento penal es que no existe la infraestructura necesaria para brindar las mínimas garantías que deberían tener estos imputados, y que la única medida paliativa que se adoptó fue la construcción de un techo en el patio donde duermen los internos.



"No se puede acceder a lo que Us. ordena, porque lisa y llanamente no se puede corregir esta situación, no hay una solución inmediata al preocupante tema del hacinamiento, debido que no se cuentan con más espacios para destinar a los imputados y éstos aumentan día a día. La superación de este grave problema pasa por la disminución de la población de imputados, o simplemente suspender el ingreso de imputados, porque no hay más capacidad para recibirlos, obviamente es una solución que nadie, incluso Us. puede considerar siquiera", señala el oficio enviado al magistrado fechado el 5 de este mes.



Ante esta respuesta, el juez Urrutia emitió una nueva resolución en la que emplaza al director regional de Gendarmería, Eduardo de La Barra, para que solucione esta situación y que todos los presos bajo su responsabilidad obtengan de cargo del Estado al menos catre y colchón en un plazo de cinco días, a contar del sábado 22 de julio de 2006.



En su resolución, el magistrado recordó que las condiciones en que se encuentran dichos internos abiertamente vulneran los tratados internacionales sobre el respeto a los derechos humanos de los presos, así como también el propio reglamento interno de la institución.



"Claramente las razones argüidas por la autoridad encargada para tolerar esta situación no son aceptables pues, además de no cumplir la normativa vigente y de no cumplir una orden judicial perentoria, hieren profundamente la dignidad de las personas imputadas de delitos y con ellas a la dignidad de nuestra democracia", consigna el pronunciamiento del juez.



"Estas conductas toleradas en el CDP SUR cumplen el tipo del artículo 16 de la Convención contra la Tortura, y eso no puede dejar indiferente a este magistrado, ni menos a las autoridades administrativas competentes", añadió Urrutia.



Muerte de un recluso



Por otra parte, el alcaide de la ex Penitenciaría le informó al magistrado que como una forma de disminuir la sobrepoblación en la mencionada calle del recinto carcelario, se resolvió trasladar a 50 internos de dicho sector al CDP de San Miguel.



No obstante, a menos de un día de dicha medida, el interno Roberto Lagos Lagos (parte de los que fueron redestinados) resultó muerto por una riña producida en la cárcel del sector sur de Santiago.



A raíz de ello, la Fiscalía de la zona inició una investigación, a cargo del fiscal Hernán Soto Retamal, para determinar las posibles responsabilidades tanto de otros reclusos como de los gendarmes encargados de custodiar a los presos que provenían de la ex Penitenciaría.



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