A fines de noviembre todos los Conservadores tendrán servicio on – line

El presidente de la asociación de Notarios y Conservadores de Chile y de la Corporación Chilena de Estudios de Derecho Registral, Elías Mohor Albornoz, anunció que a partir de noviembre próximo todos los Conservadores de Bienes Raíces a nivel nacional tendrán implementado un servicio de consultas on – line, a través de internet, como parte del sistema de modernización que ha impulsado su sector para incorporarse a las necesidades de la sociedad actual.



En entrevista con El Mostrador.cl, el dirigente defendió las características del actual sistema registral que existe en Chile, el cual -a su juicio- es un sistema mucho más barato que el anglosajón y tiene mayores controles de seguridad.



"Desde hace mucho tiempo nuestra institución ha estado preocupada de modernizarse. Es indudable y constituye algo que es innegable que las instituciones deben funcionar conforme a las exigencias de los tiempos y esto no es una excepción para el sistema de notarios y registral de Chile", sostuvo Mohor, al referirse al discurso presidencial que Michelle Bachelet dio el pasado 21 de mayo cuando propuso modificaciones al actual sistema de Conservadores y Notarios.



Sistema Latino versus Anglosajón



– ¿Cuáles son las principales diferencias entre el sistema que existe en Chile y el anglosajón?



– En el mundo, hay dos grandes: el sistema anglosajón, caracterizado en el sistema registral por la contratación de un seguro de título, es decir, que la actuación del registrador no produce seguridad por sí misma y certeza jurídica, que es la característica de nuestro sistema, que forma parte del otro frente, que es el sistema latino.



– En el sistema anglosajón usted habla de un seguro de título, ¿qué significa eso?



– El sistema anglosajón, básicamente, consiste en que funciona a través de una designación de funcionarios muy abierta, sin mayores exigencias, y en el que el notario es un particular que desarrolla una función de constatación y entrega de documentos. Estos documentos, si se trata de un contrato -que es lo más trascendente, como la adquisición de una vivienda-, en ese instante es donde aparece el seguro de título, como una manera fácil de sortear cualquier dificultad que pudiera plantearse por la imprecisión de los antecedentes que hayan rodeado la actuación del notario público.



El seguro de título se contrata con un valor altísimo, que en promedio es más o menos el 6 por ciento del valor del inmueble. En transacciones donde hay millones de pesos en juego, eso sería de muy grave y oneroso recargo para las transacciones comerciales. Es decir, desmotivaría mucho el desarrollo del mercado inmobiliario. ¿Quién estaría dispuesto a pagar, aparte de todos los demás trámites e intereses, un 6 por ciento adicional sobre el monto del valor del inmueble?. Sería catastrófico, porque sería una situación demasiado gravosa



La responsabilidad de este funcionario preliminar (notario) en nuestro país es muy claro: el notario responde personal y directamente, desde el punto de vista administrativo, civil, penal, etc., sobre cualquier eventualidad que se suscite respecto a la falta de transparencia, a la falta de seguridad o a las consecuencias que conlleve una actuación indebida.



En el caso de los Registradores o Conservadores, es aún mucho mayor, porque éste es el que cierra el proceso de seguridad de esta transacción, registrando el inmueble en sus oficios. Si él se equivoca, sin este seguro de título que no existe para nosotros, el Conservador responde personal y directamente por las actuaciones que realice. Y, de hecho, si ha actuado negligentemente, si como consecuencia de su actuación negligente le ha causado un perjuicio a los contratantes, simplemente tiene que responder de manera directa, patrimonialmente con sus recursos respecto a esta situación. Ahí sí que está el seguro de título y es un seguro que no se diluye, y puede llegar hasta la exoneración de su cargo.



– ¿También está expuesto a enfrentar posibles acciones penales en su contra?



– Exactamente, porque si la actuación ha incurrido en una acción ilícita, lo más probable es que también vaya a responder penalmente y ha ocurrido, ya que hay casos que la comunidad no conoce, pero a los que estamos expuestos diariamente. Muchas veces uno es engañado por la actuación delictual de un particular. En la compra y venta de vehículos se da con mucha frecuencia.



– Entonces, ¿el actual sistema que rige en Chile es el más seguro?



– La seguridad de la función es producto de un sistema que está muy bien constituido, el cual permite esta seguridad y responsabilidad plena que le da garantías. Y ha sido una clara prueba de su eficacia el ver como nuestra economía ha alcanzado niveles de desarrollo realmente deslumbrantes, con una estabilidad institucional muy destacada, y donde el registro y el notario han desarrollado un rol fundamental para que el crédito y el desarrollo inmobiliario se hayan dado.



Puesta al día y globalización



– Actualmente ¿en qué se encuentra este sistema de modernización? y, ¿cuál es el objetivo del gobierno al plantear una mayor modernización?



– No lo sabemos de manera directa, ni siquiera indirectamente, o de manera precisa, porque eso sería esbozar algo al azar. La verdad de las cosas es que sí compartimos su preocupación (la del gobierno). Prueba de ello es que desde el año 2004 nos incorporamos al desarrollo digital de las empresas, como una empresa más, aunque no lo seamos en esencia, porque somos mandatarios de la fe pública.



Pero, estando conscientes del proceso de globalización que se vive en la actualidad, el actual sistema siendo bueno, seguro y eficiente, requiere implementarse con estas tecnologías que hoy en día se han puesto a disposición.



De hecho, en el caso de los Conservadores, el día anterior al discurso de la Presidenta Michelle Bachelet -en la que propuso de manera genérica la modernización de estas instituciones- ,se dio luz verde a un proyecto que fue licitado a una empresa, el cual concluirá en el mes de noviembre con la puesta en marcha del sistema de conexión en línea a través de todo el país. Estp va a permitir a todos los usuarios, desde cualquier parte del mundo, acceder tanto a la información como a la solicitud de documentos básicos de títulos de dominio y, posteriormente, se va a traducir en una mayor amplitud cuando en -una segunda fase- lleguemos al uso de la firma electrónica, en todas aquellas actuaciones en que es permitida y, finalmente, también las inscripciones puedan realizarse en línea.

– ¿Existe preocupación o inquietud en esta asociación frente a los anuncios de la jefa de Estado?



– Ninguna, solamente cumplir lo que ha sido el trazado de nuestro plan. Es decir, ella ha venido en el fondo a ratificar una necesidad que nosotros compartimos, un proyecto que hay que desarrollar y que ojalá lo hagamos en conjunto, porque obviamente los proyectos de Ley que tienen éxito son los que se realizan no en contra los que participan del proceso, sino que con ellos.



Conversación con Isidro Solís



– Hasta el minuto, ¿ninguna autoridad del Ejecutivo ha conversado con ustedes?



– Sí, hasta el minuto hemos conversado con el ministro de Justicia, Isidro Solís, a quien le hemos manifestado nuestra preocupación después de esto, a objeto de colaborar en todo lo que sea necesario, y él ha manifestado su plena disposición a que se siga esta misma ruta.



– Entonces, ¿ustedes no temen que el gobierno tenga la idea de modificar el actual sistema y traspasarlo a uno de características anglosajonas?



– Creo que cuando existe la convicción doctrinaria, clara de las diferencias entre estos sistemas, cuando países como China se han incorporado al sistema Latino y dos tercios del mundo están utilizando este sistema, a usted no le cabe la menor duda de que se debe ratificar lo que tenemos hasta ahora. Por qué cambiar lo que es bueno. Entonces, creo que lo que hay que hacer es mejorarlo, pero cambiarlo radicalmente creo que no sería el camino.



– ¿Pero el ministerio de Justicia les ha planteado algo así?



– No. Hasta el minuto sólo lo hemos analizado, pero eso significaría una tarea titánica a nivel de modificaciones legales y gasto de recursos, que no se justifica desde ningún punto de vista.