Dos sesiones especiales en el Congreso y un recurso de protección son las primeras medidas que están en marcha para determinar las irregularidades en que habría incurrido Endesa, luego de que la pasada semana decidiera abrir las compuertas de sus centrales hidroeléctricas, provocando serios estragos en la población -incluida la pérdida de vidas humanas- y en la infraestructura pública.
Una fuerte ofensiva contra el accionar de Endesa y el Gobierno se inició en la Octava y Sexta Región, luego del frente del mal tiempo que afectó a la zona sur del país durante la semana antepasada. En la oportunidad, las centrales Ralco, Pangue y Rapel abrieron sus compuertas para evacuar el superávit de agua acumulado en sus represas, lo que provocó al aumento del caudal de los ríos, hecho que finalmente terminó causando daños a la infraestructura y las comunidades aledañas a las zonas de descarga.
Al respecto, senadores de distintas colectividades acordaron realizar el próximo martes una sesión especial para analizar lo que realmente sucedió durante los temporales, ya que el aumento súbito de los caudales cobró también vidas humanas. Lo mismo harán en la Cámara de Diputados ese día, ocasión en que parlamentarios como Juan Lobos (UDI), de la Octava Región, y Juan Carlos Latorre (DC), de la Sexta, exigirán explicaciones por los lamentables acontecimientos.
Pero no todo estará centrado en el Congreso, pues este martes la municipalidad de Los Angeles y los vecinos de los sectores ribereños al río Biobío de esta comuna, interpusieron dos recursos de protección: uno en contra de Pangue S.A. y el otro en contra de la Dirección General de Aguas (DGA), dependiente del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
La acción legal fue presentada en favor de las cientos de familias que se vieron afectadas a causa de la inundaciones provocadas por la repentina crecida del cauce del río Biobío, ocurridas el pasado martes 11 de julio.
Los descargos de Endesa
Sobre la polémica, el gerente de Comunicaciones de Endesa, Renato Fernández Baeza, emitió este miércoles un comunicado donde da a conocer su posición y en el cual no asumen ninguna responsabilidad, pues aseguran que adoptaron las medidas respectivas e informaron oportunamente a las autoridades de gobierno. Sin embargo, las comunidades afectadas argumentaron que no fueron notificadas de la medida, ni menos que debían abandonar sus casas.
"En el marco de las intensas lluvias, que registraron cerca de 400 milímetros de agua caída en tan sólo 48 horas, ambas centrales anticiparon controlada y paulatinamente la apertura de sus compuertas de evacuación respecto del momento de mayor crecida, logrando incluso amortiguar parcialmente el caudal que traía el río Biobío. Por ello, es necesario consignar y esclarecer que, en ningún momento, central Pangue evacuó más agua de la que recibió aguas arriba producto de las precipitaciones", explicó Fernández.
"De esa situación, además, fueron oportunamente informadas, en la tarde del 10 de julio, todas las instancias y autoridades correspondientes de la Octava Región establecidas en los planes de contingencias, vale decir, la Dirección General de Aguas Concepción, la Onemi Concepción y la Gobernación de la Provincia del Biobío", complementó el ejecutivo.
La molestia de un ex MOP
Para el diputado DC y ex subsecretario de Obras Públicas, Juan Carlos Latorre, es sorprendente que la misiva omita la situación que vivió la Sexta Región, en especial la localidad de Rapel, luego de que una de las centrales de Endesa provocaran el aumento del caudal del río del mismo nombre.
"No me cabe ninguna duda de la responsabilidad de la empresa Endesa en el caso de la central Rapel, o sea, es un hecho evidente, absolutamente indesmentible. En lo único en que podría haber dudas es si soltaron 6 mil 200 metros cúbicos por segundo o más que eso", dijo a El Mostrador.cl
Latorre advirtió que no se quedará tranquilo hasta que la empresa responda por la negligencia, porque considera un abuso la forma en que ha actuado.
"Tengo la convicción de la responsabilidad de Endesa porque en el caso de la central Rapel, todo el caudal que baja por el río Rapel tiene su origen en la represa. Aquí no hay otra posibilidad que no sea un manejo abusivo de las compuertas", enfatiza.
"Todos los años tenemos situaciones como éstas, pero resulta que es tanto el poder de estas empresas que realmente no se alcanza a hacer ni siquiera las investigaciones. Entonces, tenemos gente que está muy dañada y que no tiene a quien recurrir para exigir una mínima compensación", agrega.
De acuerdo a la versión del diputado, las compuertas generalmente se abren de noche, lo que impide que la gente pueda reaccionar. En el caso de Rapel, la apertura se produjo paulatinamente entre las 23 horas y las 10 de la mañana del día siguiente.
El parlamentario cree que los funcionarios públicos no tienen todas las atribuciones para controlar el uso de las compuertas y lamenta que Endesa se escude en la ley, planteando que el marco jurídico no contempla un rol regulador de los caudales de los ríos. Para Latorre, al margen de lo que diga la legislación, se deben adoptar los recaudos con el fin de no provocar una crecida mayor a la que se produce normalmente.
Preocupación de la UDI
A su turno, el diputado UDI Juan Lobos solicitó a diversos organismos públicos los documentos que permitan reconstruir la historia de lo que pasó el 11 de julio. Una vez recibido los antecedentes pedirán tomar las medidas pertinentes para saber si hubo negligencia de parte de los privados y también de funcionarios del sector público.
"Creo que acá hubo toda una concatenación de hechos lamentables porque evidentemente alguien está faltando a la verdad. Endesa asegura que el día lunes informó la cantidad de agua que se iba a liberar, pero posteriormente la Intendencia asegura que no recibió esa información, posteriormente la Gobernación dice lo mismo y finalmente, los alcaldes de los sectores ribereños afectados no recibieron información de parte del Gobierno", dijo Lobos.
Todo esto, afirma, terminó con una descoordinación para avisar a las ciudadanía. Pero el diputado gremialista va más allá y plantea que la forma en que se entregó la ayuda a los damnificados fue desordenada y tardía por parte del gobierno regional.
"La ayuda debería haberse canalizado a través de las municipalidades, sin embargo, acá hasta la señora del gobernador estuvo repartiendo ayuda. Eso no se condice con lo que dice la ley", asegura.
La propuesta de Ruiz-Esquide
Sobre la controversia, el senador por la Octava Región Mariano Ruiz-Esquide señaló que Endesa tiene una responsabilidad "ineludible" en la situación registrada hace diez días en la zona con motivo de los temporales.
El parlamentario sostuvo este martes que hace cuatro años "hubo un compromiso de la empresa de invertir en obras para prevenir inundaciones, especialmente en piscinas de remanso río abajo", lo cual no se ha producido.
Asimismo, dijo que aún no está claro "quién dio la orden y quién autorizó la apertura de las compuertas más allá de lo debido", por ello la próxima semana la Cámara Alta pedirá revisar todas las normas que rigen a Endesa y que propondrá generar una nueva legislación eléctrica que resguarde explícitamente a los pueblos y comunidades río abajo.
Además, solicitará revisar las normas de emergencia que aplican tanto las municipalidades como el resto de las reparticiones del Estado.
