Magistrado requirió antecedentes al Ministerio de Defensa, a la Cancillería y al Ejército, entre otros, en el marco de las pesquisas para dilucidar cómo se concretó la polémica transacción. El contrato le permitiría determinar si efectivamente se firmó en 1993, como sostienen las autoridades, o sólo en 1995, cuando Ecuador ya estaba en guerra con Perú.
Con el fin de interiorizarse sobre todas las circunstancias que rodearon la polémica venta de armas por parte de Famae a Ecuador, registrada en enero y abril de 1995, el juez Joaquín Billard solicitó antecedentes que se relacionen con esta transacción al Ministerio de Defensa, a la Cancillería y al Ejército.
Asimismo, el ministro en visita también envió oficios con la misma finalidad a la propia Famae, la Dirección Nacional de Movilización, la Subsecretaría de Guerra, la Dirección de Aeronáutica Civil de la Fach y al Servicio de Aduanas, entre otros estamentos.
Billard, designado por la Corte Marcial hace poco más de cuatro meses como juez especial para investigar estos hechos, ha logrado recopilar nuevos antecedentes. Incluso, trascendió que al tomo original que contenía el proceso este magistrado ya ha sumado otros dos, de 500 fojas aproximadamente cada uno.
Objetivos
No obstante, fuentes allegadas al tribunal sostuvieron que el juez espera obtener los antecedentes más gruesos de esta transacción desde las carteras de Defensa y Relaciones Exteriores, como el documento original del convenio marco que se habría firmado en mayo de 1993 y que autorizaba a Famae vender armas al Ejército ecuatoriano.
Según declaró el coronel (r) Claudio Rubio -ex funcionario de Famae que viajó a Ecuador para chequear el arribo del armamento-, este documento se suscribió sólo en febrero de 1995, con el objeto de «tapar» la venta de material bélico ante cualquier eventualidad, como ser descubiertos por Perú, país con el que los ecuatorianos se enfrentaban en la llamada guerra del Cóndor.
Otra de las circunstancias que el magistrado buscaría establecer es la posible participación de funcionarios del Grupo 10 de la FACH, pues según han declarado oficiales retirados del Ejército desde dicha unidad se embarcó el armamento en un avión de la Fuerza Aérea ecuatoriana.
Además, también tendría la intención de tener a la vista documentos que den cuenta de la cantidad efectiva de armas, visores nocturnos y raciones alimenticias que se enviaron a dicha nación, y si el material fue trasladado como exportaciones de Famae, o sin pagar impuestos, rotulado como ayuda humanitaria u otro resquicio parecido como el del tráfico de armas a Croacia en 1991.
Avances
En tanto, trascendió que hasta el momento el magistrado tiene acreditado que dicho material bélico fue sacado de distintas unidades del Ejército, y que en su custodia y traslado participaron funcionarios del ex Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE).
Además, funcionarios de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) también se encuentran realizando diligencias sobre el caso, las cuales pueden incluir interrogatorios a los principales actores militares que tuvo esta transacción.
En esa medida, Billard tendría planificado comenzar con la primera ronda de interrogatorios judiciales a mediados del próximo mes de agosto, proyectándose que uno de los primeros citados será Óscar Aitken, el ex albacea de Augusto Pinochet, quien fue el que destapó el tema ante la justicia.
Por otra parte, tanto el Consejo de Defensa del Estado (CDE) como el Ministerio Público Militar -que son parte en el caso- están a la espera de los avances que logre el magistrado, con el objeto de decidir si solicitarán nuevas diligencias.
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