Magistrado se encuentra avanzando en varios de los episodios que se derivan del secuestro y asesinato del ex químico de la disuelta DINA, por lo que pronto podría adoptar resoluciones de fondo en dichos procesos. Sin embargo, una de las piezas principales que necesita es la transcripción del interrogatorio al »Gringo», que aún no está adjuntada al expediente.
Una de las principales revelaciones que obtuvo el ministro en visita Alejandro Madrid en el interrogatorio al que sometió al ex agente de la disuelta DINA Michael Townley, en Washington durante julio pasado, es la confirmación del primer testigo presencial que afirma que el ex diplomático español Carmelo Soria estuvo secuestrado en una casa ubicada en Vía Naranja, en Lo Curro, donde se instaló el primer laboratorio químico del organismo represivo de la dictadura militar.
Así lo afirmaron fuentes allegadas a las causas que tramita el magistrado, precisando que si bien ésta no es la primera vez que el «Gringo» da cuenta de que ex integrantes de la unidad Quetropillán de la DINA tuvieron participación directa en el asesinato del entonces funcionario de la Cepal en Chile, sí es el primer testimonio directo que se estampa en el proceso judicial.
Si bien la investigación por el secuestro y homicidio del ciudadano español fue cerrada en 1996, por la aplicación de la Ley de Amnistía, Madrid actualmente tramita un cuaderno por los posibles delitos de asociación ilícita para obstruir a la justicia en dicho proceso.
Por ello, la declaración de Townley se convertirá en una pieza fundamental para que el juez pueda adoptar resoluciones de fondo en esta arista, como posibles procesamientos.
Transcripción aún no se adjunta a causa
Pese al tiempo transcurrido, la transcripción de dicho interrogatorio, efectuado personalmente por Madrid en Estados Unidos, aún no es remitida por las autoridades de justicia de ese país, por lo cual, tanto querellantes como el mismo magistrado, se encuentran realizando gestiones para acelerar dicho envío.
Soria residió en Chile desde el final de la guerra civil española (1936-1939), y según ha sostenido su familia fue secuestrado por efectivos de la DINA el 14 de julio de 1976 y su cadáver, con huellas de tortura, fue encontrado dos días después en un canal de Santiago.
Tras un largo y accidentado trámite en los tribunales, el proceso por el crimen fue archivado y fueron denegadas sucesivas demandas de reapertura, por lo que la familia llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Este organismo recomendó a las autoridades chilenas sancionar a los culpables del asesinato, cumplir con el Convenio sobre Prevención y Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas y dejar sin efecto la ley de Amnistía. Adicionalmente, en virtud de un acuerdo ante la ONU, Chile se comprometió indemnizar con US$ de 1,5 millones a la familia.
Otros casos
El magistrado también se encuentra avanzando en varios de los otros episodios del caso Berríos, como el que concierne a definir las presuntas responsabilidades penales que le puedan competer a ex integrantes de la Auditoría General del Ejército (AUGE) en la salida clandestina de Chile del ex químico de la DINA, a fines de 1991.
Uno de los objetivos del juez sería dar una pronta respuesta a la petición de procesar al ex Auditor del Ejército Fernando Torres Silva y al otrora jefe del Departamento Segundo de dicha unidad Enrique Ibarra, por su posible vinculación en la obstrucción a la justicia que se habría cometido en el caso por la muerte del ex canciller Orlando Letelier.
Otra de las investigaciones que el magistrado estaría acotando sería la relacionada al asesinato del cabo Manuel Jesús Leyton, un integrante de la ex DINA que habría sido asesinado en 1975 en la clínica London por medio de sustancias químicas.
Asimismo, otra de las aristas que también estaría bastante avanzada es la relativa a los asesinatos de ex opositores al régimen militar en la cárcel pública de Santiago, en 1981, en cuyos homicidios también se habrían utilizado sustancias químicas a modo de prueba.
