Una nueva dilación afecta a las indagaciones que pretenden establecer el origen de la fortuna que el general (r) Pinochet acumuló en el extranjero, luego que una sala del tribunal de alzada capitalino acogiera una orden de no innovar presentada por su defensa. El proceso quedará sin movimiento hasta que se resuelva sí el juez ha expresado opiniones que afectan su imparcialidad.
Por tercera vez desde su inicio, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó paralizar la tramitación del caso Riggs -que intenta esclarecer el origen y cuantía de la fortuna que el general (r) Augusto Pinochet acumuló en el extranjero-, luego que la defensa del ex militar solicitara la suspensión de las diligencias mientras se resuelve una posible implicancia del ministro de fuero Carlos Cerda, encargado del proceso.
El viernes, la Quinta Sala del tribunal de alzada capitalino acogió una orden de no innovar presentada en el marco del recurso de hecho presentado por el abogado del otrora comandante en jefe del Ejército, Pablo Rodríguez. La decisión se tomó con la anuencia del ministro Alfredo Pfeiffer y del abogado integrante Ángel Cruchaga, y con el voto en contra del juez Haroldo Brito.
Hace un par de semanas, Rodríguez había solicitado al magistrado inhabilitarse de seguir conociendo el proceso dado que habría manifestado opiniones sobre las condiciones de salud de su cliente, en un fallo relacionado con un proceso por violaciones a los derechos humanos ocurridas en la localidad de Río Negro.
En el dictamen, de junio de 2005, el magistrado sostuvo que Pinochet sí estaba en condiciones mentales de enfrentar un debido proceso y recomendó al juez instructor de esa causa, Alejandro Solís, evaluar la apertura de un proceso contra el ex militar. El pronunciamiento fue anterior a que se hiciera cargo del caso Riggs, en noviembre de 2005, en reemplazo del hoy supremo Sergio Muñoz.
Sin embargo, Cerda desestimó el pedido de la defensa de Pinochet y declaró inadmisible la apelación del mismo. No obstante, la Octava Sala del tribunal de alzada capitalino aprobó un recurso de hecho interpuesto por los abogados del ex militar y que, en definitiva, posibilitó que la Quinta Sala revise su eventual implicancia.
Esta no es la única vez que la investigación del caso Riggs se ha visto suspendida. La primera se produjo debido a un recusación contra Muñoz, que lo mantuvo un par de meses fuera del proceso y evitó que adoptara pronunciamientos de fondo. La segunda, por una recusación contra el propio Cerda, que lo mantuvo marginado de las indagaciones entre febrero y abril de este año.
Cierre de sumario
Antes que esta decisión de la Corte capitalina fuera conocida, Cerda alcanzó a decretar el término de las investigaciones relacionadas con la arista tributaria del caso, así como de la falsificación y uso de pasaportes. Como la resolución de la Quinta Sala aún debe ser notificada oficialmente al juez, el cierre de sumario no puede ser invalidado.
Dado que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) pidió la desacumulación del caso, el ministro del caso Riggs se vio en posibilidad de cerrar las líneas indagatorias más agotadas, por lo que si no acoge realizar nuevas diligencias, estaría en condiciones de entrar a la fase acusatoria.
«No existe óbice -impedimento- para dar por concluido el sumario en esos particulares, debido a que por resolución del 21 de agosto pasado se procedió a su desacumulación», reza la escueta resolución dictada el viernes por el ministro Cerda.
Por evasión tributaria, están procesados como autores Augusto Pinochet Ugarte, por un monto superior a los $ 1.282 millones; Lucía Pinochet Hiriart ($ 450 millones), Marco Antonio Pinochet ($ 128 millones) y su mujer, María Soledad Olave ($ 32 millones); Mónica Ananías, ex secretaria del otrora militar ($ 92 millones); y su ex albacea Oscar Aitken ($ 1.692 millones). Además, como cómplices del general (R) están encausados su mujer, Lucía Hiriart, Aitken y Ananías.
Por el uso de pasaportes falsificados, en tanto, están encausados Augusto Pinochet Ugarte, Augusto hijo, Marco Antonio, Lucía Pinochet y Erika Esteman, ex funcionaria del Registro Civil, que habría sido la encargada de entregar los documentos.
Con esta decisión, el ministro sólo dejó en fase de investigación la arista relacionada con el origen de la fortuna de Pinochet. Si bien la Corte Suprema ya aprobó el desafuero del ex militar por este episodio, el fallo aún no ha sido oficializado.
En todo caso, el cierre de las investigaciones antes señaladas es ciertamente revocable en la medida de que las partes involucradas soliciten nuevas diligencias y que el juez acepte realizarlas.
Con todo, una señal inequívoca de esta decisión es que el ministro Cerda estableció que el nonagenario ex oficial acumuló una fortuna aproximada de US$ 28 millones, cuyo origen -se presume- estaría en gastos reservados y las posibles comisiones por compra y venta de armas.
Sin embargo, por dichos ilícitos hasta el momento no existen procesados, sólo una solicitud del Consejo de Defensa del Estado (CDE) para procesar a ex miembros de la Casa Militar, Augusto Pinochet Hiriart y su ex esposa, como a Patricio Madariaga, ex cónsul de Chile en California.
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