Utilizando antecedentes de la encuesta Casen, la Fundación Oceana detectó altos niveles de pobreza e indigencia entre los pescadores artesanales de las principales caletas del país, lo que a su juicio estarían asociados con la llamada Ley de Cuotas. Por ello, la entidad solicitó al Gobierno revisar esta política que sólo beneficiaría a los grandes industriales.
Una profunda reestructuración de la ley de Cuotas de Pesca, vigente desde 2000, está solicitando Fundación Ocena luego de comprobar el negativo impacto socioeconómico de esa normativa en las comunas costeras del país. La convicción se obtuvo tras evaluar la realidad socioeconómica de más de 60 mil pescadores artesanales, en base a la Encuesta Casen (2000-2003).
El autor de la investigación, el economista Cristián Gutiérrez, explica a El Mostrador.cl que tras la revisión de los indicadores sociales contenidos en el sondeo gubernamental que determina los índices de pobreza del país se constataron "casos dramáticos en algunas comunas costeras que acogen a pescadores artesanales».
En 2000, las autoridades establecieron, a través de la mencionada legislación, una política mediante la cual se resolvió asignar, en forma individual, cuotas de pesca máximas por armador o empresas pesqueras.
«Lo que se obtuvo con dicho marco legal finalmente fue que el 80% de las distribución de cuotas benefició al sector industrial y, dentro de éste, hay una alta concentración de empresas, lo que implica una alta concentración de las cuotas pesqueras en pocas manos", advierte Gutiérrez.
Resultados poco alentadores
El investigador de Oceana señala que del estudio "El fracaso de la nueva institucionalidad. Impacto social de la crisis pesquera 2000-2003", se pueden obtener tres conclusiones principales para entender la situación general.
"Primero, en aquellas regiones donde hay flotas extractivas industriales y artesanales, las diferencias en los índices socioeconómicos, en las comunas que albergan a una y otra, son abismantes. Esto se da en la Primera, Segunda y Octava regiones", precisa.
"Lo segundo -continúa Gutiérrez- tiene que ver con que las comunas costeras donde se albergan los pescadores artesanales presentan los mayores índices de indigencia y pobreza a nivel nacional".
Al respecto, en el norte, comunas como Chañaral (Tercera Región), presentan un 32,1% de pobreza y 11,8% de indigencia, mientras que La Higuera, Canela y Los Vilos (Cuarta) presentan niveles de pobreza de 27,2%, 27,2% y 25,3%, respectivamente.
En la Quinta Región, las cifras respecto del mismo indicador son de 29,5% para Cartagena, 29% para Quintero y 22,9% para San Antonio. Además, en Cartagena se encuentra que la indigencia supera al 10%.
En la Séptima Región, la comuna de Vichuquén presenta niveles de pobreza sobre el 25% e ingresos autónomos promedio por hogar de sólo 187 mil 646 pesos mensuales.
En tanto, en la zona sur, las comunas costeras más afectadas por la pobreza son aquellas donde se localizan poblaciones indígenas dedicadas a la pesca artesanal, especialmente en la Novena Región, como en Toltén, Carahue, Lumaco, Saavedra, Teodoro Schmith y Trehuaco.
El tercer hallazgo de la investigación fue que en muchos de los municipios estudiados "pese a que hay bajas tasas de desempleo, hay altísimas tasas de pobreza e indigencia. Es decir, el empleo no es la solución a la pobreza en esas comunas", enfatiza.
"En comunas como Huara, en la Primera Región, con una tasa de desempleo de sólo 5,8% y una pobreza de 31,1%; Trehuaco en la Octava, con un 4,8% de desempleo y un 35,1% de pobreza o Tirúa, en la misma región, con un desempleo de sólo 6%, pero una indigencia de 20,8%, existe una alta presencia de empleo precario con bajos salarios, sin contratos y sin protección social", agrega Gutiérrez.
Medidas urgentes
El economista concluye que toda la investigación ratifica las sospechas respecto a que la institucionalidad pesquera chilena no ha tendido a superar una crisis sino que, por el contrario, a agudizarla.
"Estos datos se complementan con otros más bien ecológicos, donde las biomasas pesqueras mantienen su nivel de colapso y los casos más claros son el del jurel y la merluza. Creemos que nuevamente se debe abrir la discusión sobre la distribución de cuotas por un lado y la implementación de una política nacional de emergencia que vaya en ayuda de la pesca artesanal", puntualiza.
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