Con el fin de revisar si los derechos fundamentales de los internos del CDP Santiago Sur están siendo vulnerados por la gran sobrepoblación que existe en el penal, el tribunal de alzada pidió que las autoridades administrativas den cuenta de la situación. Asimismo, se presentó un nuevo recurso de protección por el traslado de reos desde la calle 11 a la 10 del mismo recinto.
La Primera Sala de cuenta de la Corte de Apelaciones de Santiago requirió tanto al director de Gendarmería, Alfredo Bañados, como al ministro de Justicia, Isidro Solís, para que informaran sobre la situación en que se encuentran los presos recluidos en la calle 11 de la ex Penitenciaría de Santiago, luego de conocerse públicamente las graves condiciones de hacinamiento que afectan a dicho penal.
Esta decisión fue adoptada en el marco de un recurso de protección interpuesto por los familiares de varios de dichos internos y la Fundación Paternitas, patrocinados por el abogado Carlos Quezada, el pasado 3 de julio.
Aunque la decisión de pedir los antecedentes respectivos sobre esta situación fue adoptada sólo un día después de ingresada esta acción judicial, en el tribunal de alzada capitalino, dando un plazo de cinco días, esto sólo se concretó el pasado 9 de agosto, luego de que el titular Justicia solicitará diversas prórrogas para cumplir con la exigencia.
Al admitir a trámite esta presentación, la Corte capitalina demandó que ambos organismos dieran cuenta de esta situación que afectaba al menos a 80 reos que dormían a la intemperie -protegidos sólo por improvisadas carpas fabricadas de nylon, frazadas y cartones-, ante lo cual la aludida secretaría de Estado trató en un primer momento de excusarse de cumplir con la petición, aduciendo que el servicio a cargo del tema era Gendarmería. Sin embargo, el tribunal le reiteró la petición, bajo el apercibimiento contemplado para la tramitación de los recursos de protección.
Luego de cumplida esta fase del proceso, lo que ahora corresponderá es que la misma Primera Sala sortee que instancia de alzada deberá conocer y fallar el asunto, que ha provocado la reacción de diversos sectores tanto políticos, como organizaciones de derechos humanos e incluso la intervención del juez del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, quien constató in situ las deplorables condiciones de reclusión que afectaban a los internos de la calle 11 del CDP Santiago Sur.
Argumentos
Mediante esta acción judicial, Quezada pidió que los tribunales exijan al ministerio de Justicia y a Gendarmería cumplir los tratados internacionales suscritos por el Estado chileno a este respecto y que lo comprometen a respetar los derechos humanos de todos los ciudadanos del país.
El profesional basó sus argumentos en los dos informes que emitieron autoridades judiciales y que dieron a conocer la crítica situación de la mayoría de los penales del territorio nacional, dando cuenta de los altos niveles de hacinamiento que existen, los que sumados a la falta de recursos, atentan e impiden la posibilidad de lograr la rehabilitación social de los presos, y generan fuertes cuadros de angustia y depresión entre los mismos.
Estos documentos fueron dados a conocer por El Mostrador.cl, el pasado mes de junio, mediante los cuales se conoció públicamente esta situación, aun cuando el ministerio de Justicia -en un primer momento- negó la existencia del informe que llevó personalmente la Fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, al ministro del ramo, Isidro Solís.
Nuevo recurso de protección
Sin embargo, una de las medidas adoptadas por las autoridades de Gendarmería para solucionar el problema puntual de la calle 11 fue trasladar parte de estos internos a la calle 10 del mismo penal, con lo cual habría mejorado el panorama que se quiso mostrar durante la semana pasada a los diputados de la DC que visitaron la ex Penitenciaría.
La nueva presentación judicial consigna que "un número indeterminado de internos de la calle 10 se encuentra actualmente durmiendo en improvisadas carpas al exterior del recinto donde se encuentran los dormitorios, cubiertos solo por un cobertizo que evita que estos reciban la lluvia en forma directa, pero que también impide el paso del sol, impidiendo de esta manera el correcto aseo y ventilación de lugar".
De esta forma, acusan a las autoridades correspondientes de haber "optado por un sistema de establos para albergar a la gente que no tienen espacio para dormir en los ya insalubres cuartos, en los cuales duermen un promedio de doce internos para un espacio diseñado para no más de dos personas. De esta manera, los afectados -que tienen la calidad de imputados- pernoctan de manera insalubre, sin que haya ninguna mejora en sus condiciones, entendiéndose que tampoco existen baños para un número tan grande de internos, y los pocos que existen se encuentran en pésimas condiciones de higiene, todo lo cual refuerza el carácter inhumano de las condiciones carcelarias".
Por otra parte, sostiene que al interior de la mencionada calle se encuentra focalizada una plaga de sarna, la cual afectaría a casi la totalidad de los internos, los cuales no reciben tratamiento o implementos para dar una solución al tema. Esto se sumaría a la existencia de presos que sufren de afecciones serias como tuberculosis, en contacto con población penal sana, concluyendo que esta situación "permite plantear que las condiciones sanitarias de este lugar no son aptas ni siquiera para albergar animales, menos para la residencia de personas".
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