Aunque falta que dos de los doce ministros que integraron el Pleno del máximo tribunal emitan su voto, fuentes judiciales confirmaron a El Mostrador.cl que su opinión no modificará el resultado final. De esta manera, el juez Alejandro Solís quedó en condiciones de interrogar al ex uniformado y, eventualmente, procesarlo por los 27 casos de aplicación de tormentos y 32 secuestros que se le imputan.
El Pleno de la Corte Suprema resolvió este viernes desaforar al ex dictador Augusto Pinochet Ugarte por su eventual responsabilidad en 27 casos de aplicación de tormentos, además de 32 secuestros permanentes y desaparición forzada de opositores en el centro de detención ilegal de Villa Grimaldi.
Se trata de la primera vez en que los tribunales de justicia despojan al otrora uniformado de los privilegios que goza en su calidad de ex gobernante por el delito de torturas, considerando que los otros procesos en que es investigado dicen relación con homicidios, secuestros calificados o delitos tributarios.
Aunque falta que dos de los doce ministros que integraron el Pleno del máximo tribunal emitan su voto, fuentes judiciales confirmaron a El Mostrador.cl que su opinión no modificará el resultado final. Si bien inicialmente el juez Hugo Dolmestch había sido contabilizado, no participó de la vista del desafuero, pues lo había hecho cuando era miembro de la Corte de Apelaciones de Santiago.
El tribunal de alzada capitalino desaforó a Pinochet en enero pasado, al acoger por 13 votos contra cinco la solicitud del juez Solís, quien con la decisión de este viernes quedó en condiciones de tomar declaración indagatoria al ex uniformado y, eventualmente, someterlo a proceso de los cargos que se le imputan.
Los jueces escucharon previamente los alegatos de los abogados querellantes particulares Hernán Quezada, Hiram Villagra y Eduardo Contreras; Boris Paredes, del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, además del defensor Ambrosio Rodríguez.
En la oportunidad, la defensa del otrora jefe castrense insistió en la supuesta incapacidad mental y de salud que tiene su cliente para enfrentar un debido proceso.
Recordó también que según el Tribunal Constitucional (TC) sobre procesos de desafuero, las nuevas normas para este procedimiento hacen exigible que para aprobar un procedimiento de esta naturaleza deben existir antecedentes suficientes como para procesar al aforado, lo que a su juicio no se cumplía en esta ocasión.
Por el contrario, los querellantes recordaron que numerosos antecedentes lo vinculan con el accionar de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), y que incluso el propio general (R) Manuel Contreras, ex director de este organismo, ha señalado que éste dependía de Pinochet.
En ese sentido, recordaron el testimonio del carabinero Ricardo Lawrence, ex agente de la DINA, quien en el marco del caso Calle Conferencia admitió que Pinochet visitó a la cúpula del Partido Comunista (PC) detenida en Villa Grimaldi, y que incluso dialogó con Víctor Díaz, padre de Viviana Díaz, dirigenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).
En el centro de Villa Grimaldi, en cuyos terrenos hoy se levanta el llamado Parque por la Paz en honor a las víctimas de la dictadura, se perdió el paradero de alrededor de 400 presos políticos.
Entre los desaparecidos se encuentran Luis Palomino Rojas, Claudio Thauby Pacheco, Fernando Silva Letelier, María Julieta Ramírez y Oscar Castro, actor y director del teatro «Aleph», en Francia.
Por el caso, están procesados Contreras, además de los también generales Hernán Ramírez Hald y César Manríquez; los brigadieres Pedro Espinoza, Miguel Krassnoff y Fernando Laureani; los coroneles Marcelo Morén Brito, Haroldo Latorre, Rolf Wenderoth y Gerardo Urrich, el capitán Manuel Carevic y al suboficial Basclay Zapata, todos del Ejército y en calidad de retiro.
La lista se completa con el civil Osvaldo Romo Mena y el ex oficial de Gendarmería Osvaldo Manzo.
Pinochet, de 90 años, está actualmente procesado por varios crímenes cometidos durante la Operación Colombo, montada en 1975 por la policía secreta de su régimen para encubrir la desaparición de 119 opositores.
También es enjuiciado por fraude tributario y falsificación de pasaportes en el juicio que lleva el juez Carlos Cerda sobre el origen de la fortuna que acumuló en numerosas cuentas secretas que mantenía en el exterior.
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