Vicepresidente del Senado, Jaime Naranjo, denuncia un »lobby desatado» de los postulantes y advierte que el actual mecanismo privilegia el acuerdo político sobre la calidad de los jueces, argumentos que son compartidos al interior de la Corte Suprema. No obstante, el ministro de Justicia, Isidro Solís, defendió la fórmula, argumentando que »en democracia mandan las mayorías».
Aún cuando los dos postulantes propuestos por la Presidenta Michelle Bachelet para integrar la Corte Suprema fueron ratificados por un amplia mayoría en el Senado, los dos votos que objetaron las nominaciones también tenían implícito un rechazo a la actual mecanismo para decidir el nombramiento de los integrantes del máximo tribunal.
Las críticas sobre este sistema no sólo se han hecho sentir en el sector político, sino también al interior del máximo tribunal, donde algunos de los consultados por El Mostrador.cl manifestaron su disconformidad acerca de cómo se están decidiendo estos ascensos en Poder Judicial, y consideraron abiertamente que el actual procedimiento «es malo».
En conversación con este medio, el senador Jaime Naranjo (PS) explicó que su voto en contra del nombramiento del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Juan Araya y del abogado externo Patricio Valdés se debió, en parte, a su disconformidad con la forma en que se están llevando a cabo estos nombramientos.
El parlamentario explicó que su discrepancia se basa en tres puntos fundamentales: primero, en que no tiene certeza de cuál es la doctrina de ambos ministros en materia de procesos sobre violaciones a los derechos humanos; segundo, fue una forma de rechazar el «lobby» desatado que se realiza para que el Senado confirme la propuesta presidencial y; tercero, que con el actual sistema de designación «se está llegando a un situación compleja, en la cual se privilegia el acuerdo político por sobre la calidad de los candidatos».
«Fue un grito desesperado de algo que me está pareciendo chocante. Cada vez que se designan propuestas por parte del Ejecutivo comienza un lobby desatado (de los postulantes), ya que empiezan a mandar currículum, a pedir entrevistas, etc. Este es un lobby hipócrita, subterráneo, por lo cual me parece cuestionable que después sea el mismo Poder Judicial el que manifieste que no debe ser incluido en la ley del lobby que se está tramitando», sostuvo.
Para el senador, esta situación que se estaría dando «no habla bien del Poder Judicial, ya que el acoso que se ejerce sobre los senadores parte desde que comienza la elección del candidato que debe ser elegido por la Presidenta. Esto nace de la necesidad de generar el acuerdo político de nombrar uno para un lado y otro para el otro».
Opinión de ‘supremos’
Algunos integrantes de la Corte Suprema consultados por el tema reconocieron que en algún momento debieron acercarse a determinado sector político para evitar rechazos a priori. Este tipo de «vetos políticos» se generan desde el momento que les tocó pronunciarse en una determinada causa con aristas políticas.
Ejemplo de ellas son las peticiones de desafuero contra parlamentarios de todos los sectores, quienes han enfrentado procesos por distintos motivos, así como en las que ha enfrentado el general (r) Augusto Pinochet, lo cual marca el supuesto «precedente político» del magistrado, según explicó un ministro.
«El sistema es malo, porque el quórum que se exige es tan alto que lo politiza, porque intervienen en la designación todos los cuerpos integrantes del Senado y, hasta sin expresión de causa, rechazan o aprueban la propuesta. Basta que, por cualquier razón, un grupo de senadores se oponga, sin más explicaciones», comentó uno de ellos.
Otro de los consultados también fue de opinión que se debería rebajar el quórum para ratificar el nombramiento, pasando de los dos tercios de preferencias al 50% uno. Pero también advirtió que «es importante que los senadores transparenten su voto, que fundamenten su veto, por lo memos».
Se recordó que en dos de las tres veces que se ha rechazado una propuesta, como con el nombramiento de Milton Juica y Margarita Herreros, sólo se debió a diferencias políticas, mientras que sólo en el caso de Carlos Cerda hubo fundamentos relativos a sus malas calificaciones.
Democracia de las mayorías
Consultado por las críticas al sistema de nombramientos, el ministro de Justicia, Isidro Solís, replicó que «no le doy significación. Las normas constitucionales lo que establecen es quórum y mayoría para proceder a la designación. Yo asumo que los candidatos que llevamos a la Corte Suprema eran de excelencia y ese fue el criterio del Senado».
«Los números son súper expresivos: 36 de 38 (votos) dicen claramente que tienen un alto respaldo», añadió.
Para el secretario de Estado «es parte del juego que a alguien no le guste. Si un senador no está de acuerdo con una propuesta lo que tiene que hacer es votarla en contra. Pero, en una democracia, eso no tiene mayor significación. En democracia mandan las mayorías».
