Para Eduardo Santos la ley ASPA »no era la enmienda Kennedy, por lo tanto no estaba prohibida la venta de armamento a Chile», mientras Guillermo Holzmann señala que las represalias que se mantuvieron en pie por parte del gobierno estadounidense no afectan a Chile. José Higuera piensa, a su vez, que »esta decisión de la administración Bush responde directamente a los intereses de EEUU».
Como positiva fue calificada por analistas la decisión del Congreso estadounidense de dejar los ítems de educación y entrenamiento militar fuera de las sanciones que aplica a los países que ratifican el Estatuto de Roma, que crea el Tribunal Penal Internacional, y no suscriben con Washington el artículo 98, que excluye a los ciudadanos de dicha nación de la jurisdicción de ese organismo.
Para el experto en defensa de la DC Eduardo Santos, lo que se eliminó por parte de Estados Unidos es "justamente la parte más relevante, que era la relación con las personas de los países a los cuales les estaba prohibiendo el intercambio, es decir, levantaron las restricciones que a ellos les interesaban, que eran las de entrenamiento y educación".
Agrega que "eso también le interesaba a nuestro país, porque las otras restricciones, que son la transferencia de equipo usado, no nos afectan, porque los chilenos no estamos comprando equipo dados de baja y ahora tenemos las Fuerzas Armadas más modernas de Latinoamérica".
Santos indica que "la otra área que estaríamos afectos es lo que se refiere a algunos créditos que ofrecen Estados Unidos, que nosotros no estábamos usando".
Recuerda que Estados Unidos, desde hace un tiempo, venía conversando la posibilidad de levantar esas restricciones. "Hay que dejar claro que no es que lo hayan hecho en función de Chile o a favor de nuestro país, lo hicieron viendo los intereses norteamericanos", asevera.
Los estadounidenses dejaron fuera lo que les estaba afectando como era la relación personal, explica Santos, quien ejemplifica esta situación con la experiencia de la propia Presidenta Michelle Bachelet: «Estuvo un año en Estados Unidos cuando fue primera alumna en la Anepe, donde conoció todo el sistema de defensa estadounidense" gracias a estos convenios.
"Las sanciones de la ley ASPA (American Servicemembers Protection Act) no eran la enmienda Kennedy, por lo tanto no estaba prohibida la venta de armamento a Chile", puntualiza.
Sin problemas para el TPI
El experto Guillermo Holzmann coincide con Santos en el sentido de que los ítems que siguen vigentes "a Chile no lo comprometen, porque se trata de equipos de segunda mano y créditos para compras que nuestro país tampoco los necesita", por lo que a su juicio no debería haber inconvenientes para firmar el TPI.
"Las sanciones van a disminuir considerablemente y Estados Unidos dice que hará una evaluación caso a caso y, en esta perspectiva, se privilegia la relación con los países que sea consistente y sólida", añade.
Explica que si bien el Congreso estadounidense hace las modificaciones a la ley, quien decide «cuáles son los países que se incorporan a dicho plan es el Pentágono».
En tanto, el presidente de la comisión de Defensa de la Cámara, Patricio Hales (PPD), reitera que las sanciones que se iban a aplicar "no son la enmienda Kennedy", y que "si el Congreso norteamericano ha resuelto eso, me parece que calza con la relación de armonía que tiene que existir entre los países".
En ese sentido, recalca que partidario de que se ratifique el Estatuto de Roma. "Creo que todo lo que se ha comentado es un alarmismo de la derecha con relación a las dificultades tras la firma del TPI, ya que mis conversaciones con los comandantes en jefes de las Fuerzas Armadas en junio me dejaron tranquilo", asegura.
Buena señal
Para José Higuera, especialista del PPD, la noticia de que las sanciones de Estados Unidos a los países que subscriban el Estatuto sin conceder excepción a sus ciudadanos no se harán extensivas a las áreas de entrenamiento y educación de personal militar y especialistas civiles "son una buena señal, que indica que en este aspecto se impuso finalmente la cordura en Washington".
Sin embargo, el experto subraya que "esta decisión de la administración Bush responde directamente a los intereses de Estados Unidos, que con la suspensión de las actividades de entrenamiento e intercambio educacional habría visto menoscabada su influencia y disminuidas las posibilidades de sus empresas de hacer nuevas exportaciones de equipo militar. Es por ello que esa decisión no debe ser vista como una concesión graciosa de Washington hacia países como el nuestro".
El analista del PPD explica que "las actividades de entrenamiento combinado e intercambio académico que Estados Unidos y Chile hacen en el campo de la defensa funcionan en ambas direcciones, y las fuerzas armadas estadounidenses también se benefician de esas actividades. Por ejemplo, la marina estadounidense no posee submarinos de propulsión convencional diesel-eléctrica, que tienen potencialidades y ventajas distintas a las de los submarinos de propulsión atómica, ni lanchas rápidas armadas con misiles. De ahí que la marina estadounidense se beneficia de los ejercicios que regularmente realiza, tanto en conjunto o con participación de unidades de este tipo de nuestra armada, como ocurre con los ejercicios Teamwork South y RIMPAC".
Higuera también destaca la necesidad de que Chile y los demás países ratifiquen el Estatuto de Roma, "sin conceder excepciones de ningún tipo. El nuevo orden mundial, que George Bush padre nos prometió a principios de la década de los noventa, ha evolucionado en una forma muy distinta a la esperada. Mientras los crímenes de lesa humanidad en gran escala han proliferado, muchos de los responsables han logrado escapar impunemente. Es por eso que el mundo necesita consolidar una instancia judicial como la Corte Penal Internacional, para procesar y castigar a los culpables, sin importar su origen o nacionalidad".
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