‘Me preocupa que la falta de jueces esté perturbando la marcha del sistema’

A una semana de celebrar el séptimo aniversario del Ministerio Público, el Fiscal Nacional, Guillermo Piedrabuena, dice estar conforme en términos generales con el funcionamiento de la reforma procesal penal a poco más de un año de su implementación en la Región Metropolitana, y asegura que el sistema, en su conjunto, inició su etapa de consolidación.

Según estadísticas del organismo, desde el inicio del sistema al 30 de septiembre se llevaron a cabo 10.307 juicios orales, de los cuales el 91,1% terminó en condenas, y el 8,9% restante en absoluciones. Y durante 2006, de los 3.546 juicios, la proporción ha sido de 90,9% y 9,1%, respectivamente.

Cifras que sustentan la satisfacción de Piedrabuena. «Durante el primer año de funcionamiento hubo algunos problemas de afiatamiento, de coordinación entre fiscales y policías, algunos problemas en los tribunales, pero hoy la gente ve que la justicia está funcionando», señala.

Además del séptimo aniversario de organismo, el Fiscal Nacional también prepara, para noviembre próximo en Santiago, el Primer Encuentro Iberoamericano de Ministerios Públicos y Policías, donde entregará la presidencia de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. A ello se suma la invitación para integrar el Comité Ejecutivo de la Asociación Mundial de Fiscales, donde Chile junto a Argentina serán los únicos representantes de América Latina.

Y pese este agitado panorama internacional y a las optimistas proyecciones, el titular del Ministerio Público alerta sobre algunas deficiencias que, de no ser resueltas, podrían terminar con el sistema colapsado, tal como ocurrió con los tribunales de Familia. Una de las mayores falencias detectadas por la Fiscalía es la escasez de jueces de Garantía y Orales, situación que también tiene preocupado al presidente de la Corte Suprema, Enrique Tapia.

En entrevista con El Mostrador.cl, Piedrabuena reconoce que este déficit ha provocado que en algunos tribunales las audiencias de formalización se posterguen hasta por cinco meses. Incluso, algunas han debido ser suspendidas con el insólito argumento de que no hay un magistrado que se haga cargo de ella, admite.

El Fiscal Nacional explica que si bien están realizando un catastro en todo el país, en Santiago ya han podido constar escasez en el 12° Juzgado de Garantía y en el 4° Tribunal Oral. Por ello, ya ha dado cuenta de esta situación al Ministerio de Justicia y a las Cortes Suprema y de Apelaciones de Santiago, a fin de instarlos a hallar una solución a esta materia.

También lo inquieta el deficiente número de fiscales a nivel nacional, que podría agravarse en los próximos meses, considerando el aumento en el número de causas. De acuerdo a proyecciones oficiales, en el trimestre octubre-diciembre deberían registrarse 1.500 juicios orales en todo el país, lo que elevaría a 5.000 los verificados durante 2006 y a 12.000 desde el inicio del sistema.

–¿Sigue considerando que existe un déficit en el número de fiscales?
– Nosotros no hemos cambiando la opinión desde 2003 hasta esta fecha, cuando las cifras nos demostraban que la carga de trabajo en algunas regiones del país era muy superior a lo que se había entendido como el criterio aceptable que dio origen a la reforma, que eran alrededor de 1.000 y 1.200 causas. Hay muchas fiscalías en que los fiscales tienen más de 2.000 causas, entonces cuando hay mucha sobrecarga, no se pueden atender bien las causas, y es preferible que en esta materia, sensible para la sociedad, haya un refuerzo de fiscales suficiente.

Por ahora se nos estaría permitiendo que los ayudantes asistan a algunas audiencias y vamos a ver si prospera la proposición del Minsterio de Hacienda, para que podamos aumentar la planta de ayudantes con el sistema de contrata.

– También hay problemas con el número de jueces Garantía y Orales, advertidos por la propia Corte Suprema…
– Estamos muy preocupados de la falta de jueces en algunos lugares del país. Estamos recogiendo estadísticas en todo el país, pero en este momento habría una clara falta de jueces en el 12° Juzgado de Garantía de Santiago, y en el 7° Juzgado de Juicio Oral de Santiago. Algunas audiencias no se han podido realizar dentro de los plazos que establece la ley y se han suspendido juicios orales, y no es muy edificante para las víctimas encontrarse con que se suspende el juicio, hasta uno o dos meses después, por falta de jueces. Esa es la razón que se da para suspender los juicios orales.

Como estamos preocupados, hemos hecho presente el tema a la Corte Suprema, a la Corte de Apelaciones de Santiago, y al Ministerio de Justicia. Entre ellos deben resolverlo. En algunos lugares del país nos han informado que las audiencias de formalización, cuando no hay personas detenidas, se están fijando hasta cuatro y cinco meses después.

Si esta tendencia se acentúa por la falta de jueces, o porque a veces están con permiso o en la Academia Judicial, vamos a llegar a ciertos límites que la ciudadanía no acepta, como no aceptó en los tribunales de Familia que las audiencias fueran para cinco o seis meses después. Sería como acercarse a las falencias de los tribunales de Familia, y eso hay que evitarlo a toda costa.

– ¿Entonces, es contrario a la propuesta del Gobierno que busca establecer restricciones para la designación de magistrados?
– Las dotaciones están fijadas por ley. Ahora, evidentemente que en algunos lugares puede haber una dotación excesiva de jueces. Entonces, o se modifica la ley para disminuir o aumentar la dotación de jueces en algunos lugares, o se llega a la solución práctica de ir formando las ternas en forma gradual. Y esa fluidez tiene que funcionar a nivel de tribunales y del Ministerio de Justicia. Y si bien es un tema en que no soy actor principal, sí me preocupa globalmente que la falta de jueces esté perturbando la marcha del sistema.

Imputados versus víctimas

– Uno de los principales cuestionamientos al sistema es que es demasiado garantista con los imputados. ¿Comparte estas críticas?
– El sistema es garantista porque establece una serie de garantías a favor de los imputados, y éstas son bien acogidas por lo general en el país. Pero en la interpretación de las garantías, algunos jueces exceden esta protección y no advierten que tienen que proteger otros intereses que son importantes, como son los de las víctimas y la sociedad. La solución es el equilibrio en la protección entre los distintos intereses. Por cierto que no puede haber un sistema procesal penal, sin una adecuada protección de los imputados. Pero también las victimas tienen que estar protegidas en el sistema.

-La reforma también ha traído consigo un cambio en el perfil de la población penitenciaria, pasando de una mayoría de procesados a una mayoría de condenados. – Efectivamente eso se ha revertido y hay una mayor proporción de condenados, y eso se va a ir acentuando en el tiempo, porque las condenas ahora pueden salir dentro del año, por regla general. Ahora ha habido un aumento de la población carcelaria, se calcula de cerca de 40 mil. Por tanto, los establecimientos tradicionales, según lo ha expresado el Ministerio de Justicia, no darán abasto por lo que hay un programa de construcción de nuevas cárceles.

Pero lo importante para la Fiscalía es lo siguiente: no porque estén sobrepasados algunos establecimientos los fiscales deben dejar de aplicar la ley y los jueces tampoco. Si en un delito los fiscales consideran que está acreditado que hay que pedir una pena privativa de libertad, no lo dejarán de hacer porque no caben más presos en las cárceles. Ese es un problema que no nos atañe. Nosotros tenemos que cumplir nuestra función. Y los jueces también, cuando deciden si condenan o no, y a qué pena condenan.

– ¿La puesta en marcha de tres cárceles a fin de año -en Santiago, Puerto Montt y Valdivia- representará un alivio para esta situación?
– No manejo el problema carcelario, pero según lo expresan los representantes del Ministerio de Justicia, la entrega de estas cárceles a fin de año aliviaría bastante el problema. Entonces, habría que ver en ese momento si se alivia el problema o no, y ver qué pasa. Pero el problema más grave está acá en Santiago.

-¿Cuáles son las proyecciones en el número de condenas que maneja el Ministerio Público?
– Proyecciones exactas no tenemos. Pero en este momento en Santiago, la Fiscalía Regional Sur tiene 1.400 personas en prisión preventiva. Esto significa que la casi totalidad de esos casos irán a juicio oral. Y, según las estadísticas nacionales, un 90% de los casos llevados a juicio oral terminan en sentencia condenatoria, lo que significa un mayor número de personas privadas de libertad.

De otra parte, el número juicios orales en Santiago ha ido aumentando. Al 30 de septiembre, hay alrededor de 1.000 juicios realizados -1.100 considerando los del año pasado-. Y en todo el país este año se han efectuado 3.500 juicios orales, y 10.300 desde el inicio del sistema. Para 2006 se han proyectado alrededor de 5.000 juicios, o sea, faltarían 1.500 para octubre, noviembre y diciembre, y eso tiene también una influencia en la población carcelaria y en la falta de jueces.

¿Y cómo espera que se resuelva eso?
– Creo que con la reforma hay que ser optimistas, hay que ver más las virtudes que las limitaciones. Entonces, estoy muy optimista en que los actores de la reforma conversarán los problemas para darle la mejor solución posible. Pero el aumento de las condenas frente al sistema antiguo claramente es un desmentido a que sólo el sistema vela por los derechos de los imputados, sino que también está velando por el derecho de la sociedad y de las víctimas.

– ¿Por qué, entonces, existe la percepción de un exceso de garantismo?
– Porque hay ciertos fallos, que he dicho que son de excepción, de algunos jueces de Garantía que no otorgan la prisión preventiva en casos en que normalmente debieran concederse. Luego la Corte de Apelaciones revoca esas resoluciones y da la prisión preventiva, pero cuesta mucho encontrar a las personas. Eso sale en la prensa, especialmente cuando ha habido un asalto, y provoca una cierta sensación de inseguridad en la gente, pero la reforma tiene cómo solucionar los temas, que es a través de los recursos procesales.

Se argumenta en contra de que los jueces dejan en libertad a esas personas porque los fiscales no les proporcionan los antecedentes necesarios, pero ese argumento no es convincente, porque con los mismos antecedentes la Corte de Apelaciones, en el 90% de los caos, revoca la negativa de prisión preventiva. Entonces no es que los fiscales no hayan dado los antecedentes, sino que los tribunales superiores tienen una distinta percepción jurídica que la de algunos jueces de Garantía.

– ¿Y esto refleja una falta de preparación de los magistrados?
– No. Refleja distintos criterios jurídicos. Un criterio jurídico a veces demasiado protector de los derechos de los imputados, y un criterio jurídico que también vela por los derechos e intereses de las víctimas y de la sociedad.

– Respecto a los imputados, hay quienes plantean que la Defensoría Penal Pública, que es la contraparte de la Fiscalía, debiera ser autónoma. ¿Qué opina al respecto?
– Lo estamos estudiando. No es un tema que diga relación directa con el Ministerio Público. Entiendo que se presentó proyecto de ley, que no se está discutiendo actualmente en el Congreso. Si se discute y se pide la opinión del Ministerio Público, la vamos a dar. Visualizamos razones de conveniencia e inconveniencia, pero también queremos conocer la posición del gobierno, del Ministerio de Justicia, que también la vamos a ponderar. Por ahora, no tenemos una posición oficial.

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